La Ley 31973, conocida como Ley antiforestal, es un ejemplo de la ausencia de representatividad de la mayoría congresal respecto de la mayoría ciudadana. Ha venido siendo rechazada por casi todos los sectores sociales relacionados con los bosques. Sólo es defendida por sus promotores, los agroexportadores de palma aceitera que adquirieron títulos sobre los suelos que ocupan de manera irregular, tras la destrucción de más de 13 mil hectáreas de bosques .
Recordemos que, como lo precisa la Agencia de Investigación Ambiental, varias de estas empresas adquirieron tierras vía procesos de titulación ilegales, plantaron palma aceitera sin los permisos respectivos, en tierras deforestadas (presuntamente por personas pagadas por ellas mismas). Y en ocasiones con abusos hacia las comunidades indígenas y locales . De otro lado, 8600 hectáreas han sido deforestadas por invasiones menonitas, también al margen de la ley . Es decir, estamos ante piratas del bosque.
Toda esta ilegalidad es la que las y los congresistas que impulsan la Ley Antiforestal buscan normalizar. Para ello se convalidan cambios de uso de suelo forestal a agrario sin una zonificación previa y sin una previa clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. Es más, zurrándose en la lógica, se declara que las tierras que actualmente se usan para la agricultura, en tierras deforestadas previamente, se presumirán de uso agrario si tienen títulos de propiedad o constancias de posesión. Olvidando toda la corrupción vinculada al tráfico de tierras que ha habido en la entrega de muchos de dichos títulos o constancias. Olvidando también que Perú es uno de los diez países con mayor superficie de bosques en todo el mundo, en el que la deforestación pone en peligro los medios de subsistencia de las poblaciones locales y los múltiples valores socioeconómicos relacionados al bosque: la regulación del clima, la generación de lluvias, la oxigenación del aire y la conservación de la biodiversidad, entre otros. Olvidando además que según datos del Ministerio del Ambiente, en Perú la principal fuente de gases de efecto invernadero, causa del calentamiento global que ya estamos padeciendo, es el cambio de uso del suelo de tierras forestales a tierras agropecuarias.
Ante ello se han pronunciado organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruna (AIDESEP), gremios como los colegios profesionales de Sociólogos, el Colegio de Abogados de Ayacucho, los capítulos Norte y Oriente del Colegio de Ingenieros, la Confederación General de Trabajadores del Perú; gobiernos regionales como el de San Martín; universidades como la Universidad Nacional Agraria de la Selva; entidades eclesiales como la Conferencia Episcopal Peruana y la Comisión Episcopal de Apostolado Laical; asociaciones como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental; embajadas como las de Noruega, Canadá, Reino Unido y Alemania; entre otras muchas.
Pero en vez de reconocer que su ánimo destructivo fue demasiado lejos, algunas congresistas están realizando giras en defensa de la ley antiforestal con mentiras groseras. Las más repetidas son que la ley beneficia a agricultores al darles seguridad jurídica a su posesión y que les permite exportar a países que exigen productos sin deforestación. Esas mentiras ya han sido desveladas por agricultores legales en la Amazonía, que corren el riesgo de que se cierren las puestas a todos los productos amazónicos al generarse dudas sobre si fue producto de la deforestación legalizada. En general, a los agricultores migratorios la legalización de su ocupación ilegal no les servirá, pues su producción es para el autoconsumo o para mercados locales. Y si están ocupando suelos cuya capacidad de uso mayor sea forestal, la tierra no podrá sostener por mucho tiempo sus cultivos. Lo que ellos necesitan es asistencia técnica para el manejo sostenible de los bosques donde se asientan y para reforestar tierras deforestadas.
Conscientes de que es necesario movilizarse para evidenciar aquellas y otras mentiras, lograr la derogatoria de la Ley Antiforestal e impulsar la gestión sostenible de nuestros bosques, ciudadanos y ciudadanas han programado plantones en Pucallpa (Ovalo de Sáenz Peña), Huancayo (Plaza Constitución), Cusco (Plaza de Armas), Huánuco (Plaza de armas), Piura (plazuela Merino), Arequipa (frente a la UNSA), Ica (plaza de Armas), Puerto Maldonado (plaza de armas), Iquitos (plaza 28 de julio) y Lima (frente al Congreso de la Republica), a las 4pm del miércoles 6 de marzo. Con creatividad y con la alegría de saber que las fuerzas de los pueblos organizados y unidos en una causa noble, justa y necesaria, sumarse logrará detener a los depredadores, cuidando nuestro ambiente y nuestra vida.
