A nivel latinoamericano, el país registra retrocesos en la democracia, al igual que El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, México y Nicaragua. A nivel global, se posicionó entre las 42 naciones en proceso de autocratización
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A mediados de febrero, el Democracy Index 2023 —elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist— estimó que Perú mantiene la condición de “régimen híbrido” (donde confluyen rasgos autoritarios con democráticos).Perú ha sufrido un declive en la democracia y se posicionó entre los 42 países en proceso de autocratización, según el Informe anual sobre la democracia 2024 publicado esta semana por el Instituto V-Dem, en el que participan más de 4.200 académicos.
A nivel latinoamericano, el país registra retrocesos, al igual que El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, México y Nicaragua. En tanto, República Dominicana, Honduras, Bolivia y Brasil están en episodios de democratización (los dos últimos, según el documento, han logrado revertir un curso de autocratización de años anteriores).
La censura de los medios es una medida que los gobernantes de países autócratas practican con mayor frecuencia y en mayor medida, por delante de restricciones a la expresión académica y cultural, además la represión contra organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo con el informe.
Estas tres instituciones centrales empeoraron de manera sustancial en más de 20 países autocratizantes, incluso “en estados menos represivos como Croacia, Perú y Senegal, lo que demuestra que esto está lejos de un fenómeno que solo tiene lugar en los entornos más autocráticos”, se lee en parte del documento.
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Documento del Instituto V-DemAunque el Instituto V-Dem remarcó que la democracia está en descenso en todo el mundo, el nivel de 2023 fue similar al observado por última vez en 1998, aunque esta disminución se encuentra dentro de los intervalos de confianza, “lo que significa que no podemos estar seguros de hasta qué punto se ha producido un cambio” y “hay que ser cautelosos al sacar conclusiones demasiado contundentes”.
Preocupaciones sobre retrocesos democráticos pueden emerger en contextos de crisis políticas, cambios de gobierno frecuentes, cuestionamientos a la legitimidad de instituciones estatales, esfuerzos para debilitar la independencia del poder judicial, o limitaciones a la libertad de prensa.
En marcado contraste con todas las demás partes del mundo, la democracia en América Latina y el Caribe aumentó el año pasado, principalmente, por las “recientes mejoras en Brasil, el país más poblado de la región”. Países más pequeños como Bolivia y Honduras también contribuyen a este cambio de dirección, según el informe.
A mediados de febrero, el Democracy Index 2023 de The Economist estimó que Perú mantiene la condición de “régimen híbrido” (donde confluyen rasgos autoritarios con democráticos). El país no recuperó la categoría de “democracia imperfecta” que perdió en 2022, principalmente, por el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo y la violenta represión contra las manifestaciones que pedían la dimisión de su sucesora, Dina Boluarte.
En 2023, Perú obtuvo un índice de democracia de 5.81 de un máximo de 10 puntos, un valor que se promedia a partir de cinco indicadores (proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del Gobierno, participación política y cultura política).
La organización estadounidense Freedom House, por su parte, define a Perú como una “democracia parcialmente libre”, mientras que el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral apunta que se encuentra entre los “países con mayores descensos en Estado de derecho”.
El reciente informe de Instituto V-Dem se ha hecho público mientras el Congreso decide si destituye a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de la Judicatura, con el que mantiene un enfrentamiento desde el año pasado.
La situación ha generado la preocupación de Boluarte y de organismos internacionales como las Naciones Unidas. La mandataria pidió al Parlamento que reflexione sobre el equilibrio de poderes “para garantizar un país democrático, estable y equitativo”, y la oficina de Derechos Humanos de la ONU destacó que la JNJ “es un actor central para garantizar la independencia judicial, la separación de poderes y el Estado de derecho” en Perú.
En tanto, los senadores demócratas de EE.UU. Ben Cardin y Tim Kaine también expresaron su “decepción y preocupación profunda” por la posible remoción de los juristas, una decisión que “amenaza gravemente la independencia de los procesos judiciales y electorales del país y representa otra serie de acciones alarmantes que el Congreso de Perú ha tomado en los últimos años”.
Fuente: Infobae
