El miércoles 6 y el jueves 7 de marzo la mayoría golpista de congresistas no solo usurpó
el poder constituyente que le corresponde a los pueblos y rompió el principio de separación
de poderes que organiza a todo estado democrático de Derecho, sino que dejó el texto
constitucional que se originó en 1993 irreparablemente dañado, lo que hace
imprescindible una nueva Constitución, que debería ser la del Bicentenario.
En efecto, el 6 de marzo se modificaron sin mayor debate 52 de los 206 artículos de la
Constitución, para injertar un Senado con poderes sin control, de composición híbrida con
un mínimo (podrá incrementarse en una Ley Orgánica) de 34 senadores o senadoras de
elección en distrito electoral único y uno por cada uno de los actuales 26 distritos
electorales (24 departamentos, Lima Metropolitana y Callao). Al hacerlo, se cambió el
régimen político del Perú, pues se ha incorporado dos criterios de representación política
de la ciudadanía, algo que solo le corresponde al poder constituyente, que radica en el
pueblo al ser este el titular de la soberanía del Estado.
De un lado, se le da a cada departamento, sin importar su población o territorio, el mismo
peso representativo. Tumbes con 240 mil seiscientos habitantes o Madre de Dios con
187 mil trescientos tendrán un senador o senadora cada uno, igual que Lima con 8
millones 900 mil habitantes. Esto empeorará la ya altamente distorsionada representación
política, en favor de quiénes aprovechen mejor la falta de control de las campañas
electorales y la confusión que se generará con la multiplicidad de elecciones que tendrá
que hacerse en un solo día de abril de 2026, si este Gobierno y Congreso llegan a esa
fecha. ¿Y quiénes parten con ventaja para ello? Las mafias regionales que han infestado
la política regional.
De otro lado se le da a quiénes puedan hacer una campaña en todo el territorio una ventaja
para ser elegidos en el distrito electoral nacional. Esto sesga la elección en favor de las
organizaciones o candidaturas más adineradas si la postulación es con lista cerrada o con
voto preferencial, respectivamente. ¿Y cuáles han sido las organizaciones o personas con
más dinero en campañas electorales? Las acusadas de lavar activos de origen
delincuencial.
En consecuencia, la suma de ambas modalidades de elección de senadores o senadoras,
más la eliminación de las elecciones primarias aprobada en diciembre de 2023, que
concentra poder en las cúpulas de las organizaciones políticas, más la reelección
indefinida que da ventaja a los y las actuales congresistas, más la falta de equidad en el
gasto de publicidad y campañas electorales, acrecentará el ya desmesurado poder de las
economías ilícitas y sus organizaciones criminales nacionales o regionales, que han
infiltrado la representación política peruana. Ojo que esta suma normativa es fruto
(podrido) de la actual mayoría congresal, existente por las fallas del diseño electoral de la
Constitución de 1993 y que carece de representatividad formal, con más del 90% de la
ciudadanía desaprobándola.
Ante tal usurpación de poder constituyente que con sus injertos normativos socava las
bases de un futuro Estado democrático de ciudadanos y ciudadanas, en adición a la
captura de parte del sistema de justicia perpetrada el 7 de marzo, nos corresponde
movilizarnos para un nuevo orden constitucional, que se fundamente en la soberanía de
los pueblos, la dignidad de las personas y una efectiva separación de poderes que las
garantice.
Pier Paolo Marzo R
