Por: Indira Baez – Apurímac*
En el programa Voces del Sur de la Red Micaelas en Apurímac, la congresista Ruth Luque analizó la reciente destitución de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Aldo Vásquez e Inés Tello. En la siguiente entrevista concedida vía Radio Poder Chaski de Cotabambas, la representante del Cusco advierte que esta decisión tendrá un grave costo para la democracia.
Usted formó parte del grupo minoritario que se opuso a la destitución de los dos miembros de la JNJ, ¿por qué esta decisión que tomó la mayoría del Congreso es incorrecta?
Es importante entender el rol de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Se encarga de elegir, sancionar y ratificar a los jueces y fiscales a nivel nacional, pero además es la entidad encargada de elegir a los jefes de la ONPE y el RENIEC, dos entidades que son parte del sistema electoral. Entonces la sanción a Inés Tello y Aldo Vásquez, que considero injusta, tiene en realidad una connotación de castigo político. Lo que estaba y sigue en juego es atacar la autonomía de instituciones que velan por la administración de justicia. Sacarlos por un tema de la edad, porque violaron la Constitución, es inexacto. En realidad, la edad ha sido una excusa para retirar a dos personas que no han tenido ninguna infracción constitucional y así presionar también a la JNJ para que actúe de manera debilitada y no avance en casos claves que tenían a cargo.
¿Qué es lo que buscan los congresistas que tomaron esta decisión?
Es simplemente una lógica de destruir la autonomía de las instituciones. No hay otra razón. En la medida en que se castiga de manera injusta a otros funcionarios y usan el procedimiento político para eso, en el fondo, están debilitando la institución. La JNJ está absolutamente debilitada, creo que quienes han sobrevivido, después del procedimiento político que les han abierto, ahora no generan certeza ni seguridad en sus decisiones, porque están permanentemente amenazados por un Congreso que cada vez que no les gusta algo, hay una mayoría que mete una denuncia constitucional y quiere castigarlos. Para mí es una decisión arbitraria que no reviste ningún objetivo y busca debilitar el sistema de justicia.
¿Qué implicancia tiene esta decisión?, ¿por qué los pobladores de Cotabambas debemos tomar atención a lo que ocurre con la JNJ?
Es importante que la población vigile que haya una correcta administración de justicia, evitar que los políticos, en este caso el Congreso de la República, aprovechándose de una mayoría, haga lo que quiera contra otros funcionarios del sistema de justicia. Si el poder político se entromete de una manera tan grosera y se castiga sin razón, la credibilidad de cualquier actuación dentro del Congreso no tiene valor para la gente. El daño que se está generando ya no es ni siquiera a la JNJ, es al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, que está representado por la señora Dina Boluarte, que nunca dice nada ni ha defendido la autonomía de las instituciones. Eso va a tener un costo para la democracia. La ciudadanía tiene que saber que esto está sucediendo para que, cuando llegue el momento de decidir a través de las elecciones, castigue con sus votos y no permita que estas mismas fuerzas políticas que hoy nos están hundiendo en una crisis, vuelvan a tener una representación.
¿Esta decisión contra la JNJ es reversible?
Los magistrados que han sido destituidos arbitrariamente tienen el derecho de recurrir judicialmente. Si es que aquí no les dan la razón, pueden hacerlo a nivel internacional. Si nos remitimos a una interpretación legal, ellos ya habrían dejado de ser miembros de la JNJ, pero en términos políticos, los magistrados tienen el derecho de denunciar el abuso y recobrar todas las acciones y medidas legales que correspondan.
Otra decisión que acaba de tomar el Congreso es el retorno a la bicameralidad, a pesar de que el país se opuso en más de 80% en el referéndum de 2018. ¿Debió haber un debate más amplio?
Voté en contra de la bicameralidad porque la ciudadanía en un referéndum dijo no a la reelección, no a la bicameralidad, sí a la JNJ. Había que ser respetuoso de esa voluntad popular. El rol de Congreso debió ser el de abrir un amplio debate ciudadano, no tenerle miedo a un proceso de referéndum. Se hubiera podido brindar las bondades del sistema, mejorar algunos artículos, regular la participación de las poblaciones indígenas, volver a debatir el tema de la reelección, cuáles son las bondades de ser senador. Creo que esa oportunidad de un debate transparente se ha perdido.
