Una retroexcavadora derribó el cerco que rodeaba la piscina donde fue captada hace semanas la exalcaldesa de Lima Susana Villarán. Posteriormente, la piscina fue cubierta con arena y tierra, como parte de un operativo de la Municipalidad de Lurín para recuperar espacios públicos.
Municipalidad de Lurín demolió la piscina de la familia de Susana Villarán en playa Arica
La Municipalidad de Lurín destruyó esta mañana la piscina de la familia de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, ubicada en la playa Arica, en el sur de Lima.
La comuna ejecutó esta medida como parte de un operativo para recuperar espacios públicos. Y es que la construcción de la piscina no contaba con autorización y ocupaba indebidamente un espacio del balneario sureño, según detalló el gerente municipal de Fiscalización, Edgar Belleza.
Una retroexcavadora llegó al lugar y derribó el cerco de bambú que rodeaba la piscina donde el dominical Panorama captó a la exalcaldesa a mediados de febrero. Posteriormente, el resto de maquinaria pesada cubrió la piscina con arena y tierra.
“Fue notificada la familia de la señora Villarán por ser propietarios de la edificación, que estaría ocupando de manera indebida el espacio público. Hemos cruzado información… pudimos ver las partidas perimétricas del predio y, teniendo un largo en su extensión de 25 metros, estaría fuera de ese espacio”, declaró el funcionario.
El equipo de RPP captó a Susana Villarán adentro del inmueble multifamiliar de cuatro pisos, ubicado frente al balneario, a la hora de la demolición.
El operativo de la Municipalidad de Lurín incluyó la destrucción de otros 16 espacios que invadían la vía pública.
Cabe precisar que Susana Villarán afronta un proceso por supuestamente haber concertado con los directivos de las empresas O.A.S. y LAMSAC para favorecerlos con el proyecto vial Línea Amarilla en el año 2012, cuando era alcaldesa de Lima.
La exburgomaestre también afronta otro proceso penal por presuntamente haber recibido apoyo económico de las empresas constructoras Odebrecht, O.A.S y Graña Montero para financiar tanto la campaña por el NO a su revocatoria en el cargo en el 2013 así como para su campaña de reelección municipal en el 2014, por la cual el fiscal José Domingo Pérez Gómez pidió que se le imponga la pena de 29 años de prisión.
