Edgar Alarcón podría continuar afrontando un proceso por presunto enriquecimiento ilícito tras su paso por la Contraloría.
Con el objetivo de continuar con la investigación preparatoria al congresista Edgar Alarcón Tejada por presunto enriquecimiento ilícito agravado, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó en julio del año pasado la denuncia constitucional por los supuestos hechos irregulares cometidos mientras fue contralor.
Después de siete meses, este lunes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que recomienda acusar al parlamentario de Unión por el Perú por la comisión del presunto delito, con 11 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.
Esto permitirá que, en los próximos días, el informe sea debatido en la Comisión Permanente. Al menos, el congresista Carlos Pérez Ochoa, presidente de la subcomisión, adelantó que este martes remitiría el expediente a dicha instancia. Luego de ello, el caso llegaría al Pleno del Congreso.
“A este estado de la investigación se cuentan con indicios reveladores que permiten inferir válidamente un presunto incremento patrimonial no justificado, producto de mayores egresos (gastos) en el denunciado Edgar Alarcón Tejada”, se lee en la denuncia que remitió la titular del Ministerio Público al Parlamento.
Al tratarse de hechos que habrían sido cometidos durante el periodo que se desempeñó como contralor, le asiste la prerrogativa constitucional de antejuicio político y acusación constitucional.
El enriquecimiento ilícito en su modalidad agravada prevé una pena privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de quince años e inhabilitación.
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Desbalance patrimonial
Una de las conclusiones que presentó la fiscal Zoraida Ávalos en su denuncia constitucional fue que tras las pesquisas se contaban con suficientes elementos para inferir un presunto incremento patrimonial no justificado, por la suma de S/201,337.24, en el periodo del 9 de junio de 2016 al 4 de julio del 2017, durante su gestión como Contralor General de la República.
De acuerdo al documento, esto “no se condice con sus ingresos lícitos”. Es por esto que la fiscalía presume de la existencia de desbalance patrimonial, “atribuyéndosele ello al abuso del cargo”.
Se precisa que los ingresos de fuente lícita ascienden a S/687.826.37, mientras que los egresos identificados, adquisición de bienes muebles e inmuebles, y otros, alcanzan un monto total de S/889.163.61, “estableciéndose en consecuencia, de la comparación de los ingresos y egresos determinados en el denunciado y su cónyuge un presunto incremento no justificado, producto de mayores gastos, por la suma de S/201.337.24″.
“Como máxima autoridad de la Contraloría General de la República, no estaba sujeto a subordinación, autoridad o dependencia alguna en el ejercicio de su función, (…) válidamente podría concluirse que el incremento patrimonial podría concluirse que el incremento patrimonial podría obedecer al abuso del alto cargo funcional que ostentaba”.
En la denuncia, la fiscal de la Nación concluye también que estas circunstancias ameritan ser debidamente esclarecidas en la siguiente fase; es decir, en la investigación preliminar.
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Depósitos de origen desconocido
Otra de las conclusiones de la fiscalía es que se verificó la existencia de diversos depósitos bancarizados, presuntamente de origen desconocido, por la suma de S/275,644.90, que ingresaron a las cuentas del denunciado durante el mismo periodo.
“La defensa técnica del denunciado ni su auditor contable han formulado cuestionamiento alguno, ni explicado el origen de estos depósitos, circunstancias que, igualmente, justifican ser debidamente esclarecidas en la siguiente fase de las investigaciones, más aún cuando el desbalance patrimonial anotado, podría verse sustancialmente incrementado al existir dichos depósitos de fuente desconocida”, añade la fiscalía.
En la denuncia constitucional se indica que, a estos importes se le debería agregar los montos analizados en otra carpeta fiscal, donde se dispuso promover cargos contra Alarcón por el delito de enriquecimiento ilícito por la suma de S/1′278,169.83, y por haberse hallado presuntos depósitos bancarios desconocidos por S/1′593,016.18. El caso se encuentra en la fiscalía anticorrupción.
“Si bien los importes señalados no forman parte de los hechos materia de la presente denuncia constitucional, sin embargo es necesario señalar que lo determinado en los informes periciales, que analizaron la situación patrimonial del denunciado, efectuaron un estudio integral de su situación patrimonial, el cual forma parte de una sola conducta ilícita, que precisamente guarda relación con actos propios de la función pública”.
La defensa técnica de Edgar Alarcón presentó observaciones a un informe pericial, donde se indica que, al incorporar saldos iniciales “debidamente sustentados”, el resultado final del estudio de ingresos y egresos sería un patrimonial justificado positivo de s/150,104.255 y que por ello no existiría un desbalance.
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Su defensa
Edgar Alarcón se ha defendido en diferentes ocasiones sobre este caso y ha asegurado que no existe desbalance en sus cuentas. En diciembre del año pasado aseguró en Twitter que en la investigación del Ministerio Público en su contra omitieron contabilizar información sobre sus ingresos.
Añadió que ha “demostrado con una pericia” que posee los ingresos correspondientes.
“La investigación es por enriquecimiento ilícito, no por desbalance patrimonial. Aún así, aclaro, no hay desbalance”, dijo, tras indicar que “no hay pruebas de origen ilícito alguno de mi patrimonio. Para que haya enriquecimiento ilícito debe existir abuso del cargo y tampoco hay indicios de ello”.
Luego de conocer que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que recomienda su acusación, indicó también a través de su cuenta de Twitter que “ellos creen que con esto me intimidan. No es así”.
“Nada me hará desmayar en la lucha contra la organización criminal Chinchero y todas las demás organizaciones criminales que pretendan desvalijar al Perú. Habemos quienes aún actuamos por conciencia y no por presiones”.
Pero este no es la única denuncia constitucional que afronta Edgar Alarcón. Tal como lo explicó El Comercio, la fiscal de la Nación presentó ante el Congreso una acusación por presunto peculado doloso debido a que el legislador habría beneficiado a terceras personas, quienes habrían simulado ser proveedores de la Contraloría, y emitieron diversos recibos por honorarios para buscar sustentar servicios “ficticios” o “simulados”.
La tercera denuncia también del Ministerio Público es por el caso de los Temerarios del Crimen. Ahí también están involucrados los excongresistas Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma. Esto debido a que Alarcón, en su condición de contralor, presuntamente habría haber aceptado o recibido, en agosto del 2016, S/30.000 de parte de David Cornejo Chinguel, exalcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
Un largo camino de la denuncia de la fiscal de la Nación
09/07/2020
La fiscal de la Nación presenta la denuncia constitucional por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
28/09/2020
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia constitucional.
13/10/2020
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales elevó a la Comisión Permanente el informe de calificación de esta denuncia.
6/11/2020
La Comisión Permanente ratifica el informe que declara procedente la denuncia. Se otorgaron 15 días hábiles para que la Subcomisión realice las investigaciones.
13/11/2020
El caso retornó a la Subcomisión para ser entregado a un ponente. La congresista Felícita Tocto (Descentralización Democrática) fue designada.
11/12/2020
Edgar Alarcón envió sus descargos a la congresista ponente de la denuncia constitucional.
16/12/2020
Felícita Tocto presentó su informe de hechos a la Subcomisión.
04/02/2021
Se postergó debate y votación del informe final
8/02/2021
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que recomienda acusar a Edgar Alarcón.
9/02/2021
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales enviará el informe a la Comisión Permanente para su debate. Luego, el caso tendría que pasar al Pleno del Congreso.
Fuente : El Comercio
