BRASILIA, Brasil — Una comisión del Congreso brasileño recomendará que el presidente Jair Bolsonaro sea acusado de “crímenes contra la humanidad” al afirmar que dejó intencionalmente que el coronavirus arrasara el país y matara a cientos de miles de personas en un intento fallido de lograr inmunidad de rebaño y reactivar la mayor economía de América Latina.

Un informe de una investigación del Congreso, cuyos extractos fueron vistos por The New York Times antes de su publicación programada para esta semana, también recomienda que se presenten cargos penales contra otras 69 personas, incluidos tres de los hijos de Bolsonaro y numerosos funcionarios actuales y anteriores del gobierno.

El panel había recomendado inicialmente que a Bolsonaro se le imputaran cargos de homicidio en masa y genocidio contra los grupos indígenas de la Amazonía, una zona en donde el virus decimó a la población durante meses luego de que los hospitales ahí se quedaran sin oxígeno. Pero apenas unas horas después de que el Times y varios medios brasileños reportaron sobre dichos planes, varios senadores comentaron que las acusaciones habían ido demasiado lejos.

El martes pasado, la víspera de la fecha prevista para la difusión del reporte, el comité retiró la recomendación de cargos de homicidio y genocidio, comentó Renan calheiros, el senador brasileño centrista que fungió como principal autor del informe, poco después de la medianoche del miércoles, hora local.

Aún no se sabe si el informe de la comisión de once miembros, siete de ellos opositores de Bolsonaro, originará cargos criminales reales, dadas las realidades políticas del país.

Pero en un Brasil profundamente polarizado, el documento refleja la profunda ira contra un líder que se negó a tomarse la pandemia en serio. El informe puede resultar una escalada importante en los desafíos que enfrenta Bolsonaro, quien asumió el cargo en 2019 y se postuló para la reelección el próximo año mientras sufre una caída de popularidad.

Las extraordinarias acusaciones aparecen en un informe de casi 1200 páginas que efectivamente culpa a las políticas de Bolsonaro por la muerte de más de 300.000 brasileños, la mitad de la cifra de muertes por coronavirus del país, e insta a las autoridades brasileñas a encarcelar al presidente, según los extractos del informe y las entrevistas con dos de los senadores de la comisión.

“Muchas de estas muertes eran evitables”, dijo Renan Calheiros en una entrevista en su oficina a última hora del lunes. Calheiros, quien es uno de los legisladores con más años de servicio en el Senado y quien también presidió ese organismo legislativo que está compuesto por 81 miembros, dijo sobre Bolsonaro: “Estoy personalmente convencido de que él es responsable de la escalada de la matanza”.

Desde el comienzo de la pandemia, Bolsonaro se ha esforzado por minimizar la amenaza del virus. Mientras los países de todo el mundo se confinaban, y su propia gente empezaba a llenar los hospitales, él alentaba las reuniones masivas y desaconsejaba el uso de mascarillas. Un declarado escéptico de las vacunas, arremetió contra cualquiera que se atreviera a criticarlo como irresponsable.

La oficina de Bolsonaro no respondió a las solicitudes de comentarios, pero el presidente ha criticado la investigación del Senado sobre su gestión de la pandemia por considerar que tiene motivaciones políticas. “¿Sabían que hoy fui acusado de homicidio?”, preguntó a sus partidarios después de que se filtraron los primeros detalles. Más tarde llamó “sucio” a Calheiros.

Las conclusiones del informe culminan una investigación de seis meses realizada por una comisión especial del Senado para investigar el manejo de la pandemia de COVID-19, que llevó a cabo más de 50 audiencias. Se convirtieron en un acontecimiento televisivo imprescindible en Brasil, con testimonios sobre esquemas de soborno y operaciones de desinformación. Un legislador se puso un chaleco antibalas para declarar que algunas compras de vacunas incluían sobornos.

Según el reporte, el presidente promovió medicamentos no probados, como la hidroxicloroquina, mucho después de que se demostró su ineficacia para tratar la COVID-19, y su gobierno provocó un retraso de meses en la distribución de vacunas en Brasil al ignorar más de 100 correos electrónicos de Pfizer. En su lugar, según el informe, su gobierno optó por pagar en exceso por una vacuna no aprobada de India, un acuerdo que se canceló posteriormente por sospechas de soborno.

Creomar De Souza, analista político independiente en Brasilia, dijo que si bien las audiencias de la comisión revelaron un mal manejo de la pandemia, “no vi ningún elemento concreto lo suficientemente fuerte como para acusar al presidente de genocidio u homicidio”. Dijo que siete senadores que se oponen al presidente controlan el comité de once miembros.

La comisión tenía previsto publicar el informe el miércoles y someterlo a votación una semana después. El grupo de siete senadores de la oposición está en general de acuerdo con el informe, dijo Calheiros, insinuando que sería aprobado.

Uno de los cuatro senadores de la comisión que apoya al presidente es su hijo, Flavio Bolsonaro. El informe por el que tendrá que votar la próxima semana recomendará también denuncias penales contra él.

Además del cargo de crímenes contra la humanidad, el informe recomienda ocho cargos adicionales contra Bolsonaro, incluyendo falsificación de documentos e incitación a delinquir.

Si se aprueba el informe, el fiscal general de Brasil tendrá 30 días para decidir si presenta denuncias penales contra Bolsonaro y los demás nombrados en el informe. La Cámara de Diputados del Congreso también tendría que aprobar los cargos contra Bolsonaro. De Souza dijo que ese resultado era poco probable: Bolsonaro nombró al fiscal general, que sigue siendo su partidario, y sus partidarios controlan la Cámara de Diputados.

Calheiros dijo que si el fiscal general no presenta cargos contra el presidente, la comisión del Senado buscará otras posibles vías legales, incluyendo el Supremo Tribunal de Brasil y la Corte Penal Internacional de La Haya.

Si Bolsonaro es acusado formalmente, será suspendido de su cargo por 180 días mientras el Supremo Tribunal decide el caso, dijo Irapuã Santana, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Si es condenado, se le prohibiría postular a la presidencia durante ocho años y probablemente enfrentaría años de prisión, dijo Santana. En Brasil no existe la pena de muerte.

Los tres presidentes que precedieron a Bolsonaro también han tenido sus propios problemas legales.

Michel Temer, un presidente de centro-derecha, fue arrestado por cargos de corrupción que luego fueron retirados. Dilma Rousseff, la primera mujer presidenta de Brasil, fue destituida en 2016 por acusaciones de haber manipulado el presupuesto federal. Y Luiz Inácio Lula da Silva, un izquierdista que dirigió el país de 2003 a 2010, cumplió 19 meses de prisión por cargos de corrupción. Fueron retirados este año y ahora le saca ventaja a Bolsonaro en las encuestas sobre las elecciones presidenciales de 2022.

El informe de la comisión representa la mayor pelea de Bolsonaro con el Congreso de Brasil hasta el momento, aunque con la proximidad de las elecciones, es probable que no sea la última.

A medida que sus números en las encuestas bajan, Bolsonaro trata de impulsar cambios en los impuestos y una reestructuración del gobierno a través del Congreso para reforzar su propuesta a los votantes. También hay una pelea inminente sobre la deuda federal y otra comisión que investiga las acusaciones de que el presidente y sus partidarios difunden información falsa en internet.

Aunque más de la mitad del país desaprueba el trabajo que Bolsonaro está haciendo como presidente, conserva el control en la Cámara de Diputados del Congreso y tiene suficiente apoyo en el Senado para impedir que la oposición obtenga la mayoría.

Bolsonaro llamó al virus una “gripecita”. Bromeó con que las vacunas convertirían a la gente en caimanes, lo que provocó que muchos brasileños se vacunaran disfrazados de cocodrilos. Y cuando asistió a una reunión de las Naciones Unidas el mes pasado, las normas de vacunación de Nueva York para los restaurantes lo obligaron a él y al ministro de Salud de Brasil a comer pizza en la vereda porque Bolsonaro sigue sin vacunarse. Días después, el ministro de Salud dio positivo en la prueba de COVID-19.