Esta semana, durante la visita a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el tema de la reforma agraria fue una prioridad en la agenda. El hecho de que los agricultores no tengan títulos de propiedad de sus tierras en muchas de las zonas rurales de Colombia es un factor importante, aunque invisible, que contribuye a dos de los mayores problemas del país: el cultivo ilegal de coca —la base de la cocaína— y la fuerza perdurable de los movimientos guerrilleros, incluidas letales facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). El gobierno prometió una “reforma rural integral” en el primer capítulo de su acuerdo de paz final con las Farc en 2016, pero aún le falta mucho por hacer para poder decir que cumplió esa promesa.

Se están logrando avances, pero de manera gradual. El gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con aumentar la proporción de colombianos en zonas rurales que sean propietarios de la tierra en la que viven y, más importante aún, que puedan documentar su propiedad. Según el sitio web del Proyecto Tierra en Paz, se estima que hasta el 60 por ciento de las tierras rurales en Colombia no tienen título de propiedad.

Este mes, en una visita a The New York Times, Duque declaró: “Esperamos otorgar 50.000 títulos de propiedad para el cierre de este año”. Agregó: “Este es el esfuerzo más grande de titulación de tierras que se ha hecho en Colombia en un solo periodo de gobierno”.

Otorgarles a los agricultores los títulos de las tierras en las que habitan es una meta que une a la derecha política, que valora la seguridad de los derechos de propiedad, y a la izquierda del país, que valora la justicia social. La iniciativa de Duque cuenta con un apoyo sólido de la comunidad internacional, e incluye al Banco Mundial, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) y los gobiernos del Reino Unido, Alemania, los Países Bajos y Suiza. Hernando de Soto, un economista peruano, enfatizó la titulación de tierras en su influyente libro del año 2000, El misterio del capital: por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo.

Así que muchas personas quieren que Duque tenga éxito. Uno de los problemas que enfrenta son las disputas sobre la propiedad. Si dos agricultores no pueden ponerse de acuerdo para definir los límites de sus propiedades colindantes, el asunto se resuelve en los tribunales. Otro tiene que ver con las desigualdades que ya existen. Si la titulación de tierras solo se limita a las personas más ricas que reclaman la tierra en este momento y dejan fuera a las más pobres que también las piden, no serviría de mucho, dijo Stephanie Burgos, estratega sénior de políticas en Oxfam America, una organización sin fines de lucro que combate la pobreza. El gobierno también necesita apoyar la economía agraria para que los agricultores no se vean forzados a vender sus terrenos recién escriturados, afirmó.

El gobierno colombiano se comprometió en el acuerdo de paz que firmó con las Farc a formalizar la adjudicación de 7 millones de hectáreas de tierras rurales y a otorgarles a los pequeños y medianos productores 3 millones de hectáreas adicionales que provendrían del gobierno y otras fuentes. La segunda parte del compromiso tiene el potencial de mejorar la vida de los colombianos de las zonas rurales más pobres, pero ha avanzado con lentitud. Según un informe realizado por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, conocido por su sigla IPDRS, hasta ahora se han identificado alrededor de 1,2 millones de hectáreas para su redistribución a los colombianos más pobres a diciembre de 2020, pero no quedó claro quién vive en el 82 por ciento de esas hectáreas. Eso significa que gran parte de esas tierras quizá no estén disponibles para redistribución.

Entrevisté a Alejandra Botero Barco, quien, como directora del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, es la responsable más directa de llevar a cabo el programa. Botero dijo que cuando Duque comenzó su mandato de cuatro años en 2018, los datos de solo el 5 por ciento de las tierras del país se habían actualizado en el catastro, una base de datos de las líneas que limitan las propiedades nacionales. Para el primero de enero de 2021, esa cifra aumentó al 15,4 por ciento, según Botero. Duque le dijo al Times que su meta es que el país alcance el 50 por ciento para finales de 2022, después de que deje el cargo en agosto.

Esta semana hablé con Celia Umenza, lideresa del pueblo nasa —ubicado en el departamento de Cauca en el norte de Colombia—, que quedó devastado por el conflicto prolongado entre las Farc y el gobierno. El jueves, Umenza tiene programado pronunciar un discurso sobre las violaciones a los derechos humanos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Me dijo que los pueblos indígenas de Colombia apoyan el catastro siempre y cuando proteja su derecho sobre sus tierras ancestrales.

El catastro se está enriqueciendo con otros datos como restricciones ambientales e información sobre dónde se planta la coca. Además, se está sincronizando con los registros de propiedad locales, que se habían registrado por separado y no coincidían con el catastro.

Tener la propiedad oficial de un terreno le otorga a una familia rural un patrimonio, que puede usar como herencia o como garantía para un préstamo. Los dueños de propiedades son menos propensos a caer en las redes de grupos revolucionarios marxistas, como las Farc: “Las personas que no tienen nada que perder están atrapadas en el mugriento sótano del mundo precapitalista”, escribió De Soto en 2001 en un artículo para el Fondo Monetario Internacional.

Además, desde la perspectiva del gobierno, dar títulos de propiedad a las tierras le permite recaudar impuestos prediales y le da más influencia sobre las conductas ilícitas. “Una vez que alguien involucrado en alguna actividad ilegal se convierte en dueño de esa tierra, el incentivo para hacer esa actividad se reduce drásticamente porque ahora es su bien inmueble”, me dijo Botero.

Para ahorrar tiempo y dinero, el gobierno neerlandés está ayudando a los colombianos en un proyecto de agrimensura similar al de los históricos médicos descalzos de China: trabajadores sanitarios que recibían capacitación básica y luego eran enviados a áreas donde no había suficientes médicos. Así es como se describe el proyecto de agrimensura en el sitio web de Tierra en Paz:

Los campesinos mismos hacen la mayor parte del trabajo: con una aplicación en sus celulares o tabletas caminan por los linderos de sus tierras para definir los límites de sus terrenos. También se toman fotos de documentos (ID, escrituras, compraventas, recibos de servicios públicos) que relacionan las personas con su terreno. La información recolectada (espacial y legal) se encuentra integrada en una base de datos espacial. Dicha información se muestra y se verifica en la inspección pública con la presencia de toda la comunidad.

A cinco años de la firma del acuerdo de paz con las Farc, la situación de Colombia sigue frágil. La violencia continúa, aunque a un ritmo más lento que antes del acuerdo. Según The Financial Times, el 71 por ciento de los encuestados en un sondeo reciente dijo que la implementación del acuerdo de paz iba mal. Así que mucho depende del éxito del catastro y la titulación de tierras.

Durante su visita al Times, Duque relató con una sonrisa que Lawrence Sacks, el director de misión de USAID en Colombia, tenía lágrimas en los ojos cuando ambos asistieron a una ceremonia de reconocimiento a un piloto exitoso del programa del catastro en el municipio de Ovejas. “Fue un evento muy emotivo”, me dijo Sacks en una llamada telefónica desde Colombia. “Creemos que la tierra está en el núcleo del conflicto colombiano, así que siempre consideramos que debía estar al centro de la solución”.

“Esto tiene una relevancia muy personal para nosotros”, me dijo Botero, la directora del Departamento Nacional de Planeación. “Queremos dejar esto lo más avanzado posible antes de dejar el poder el próximo año”.