Rosa Chávez Yacila: A 32 años del autogolpe: condenas y procesos por corrupción y crímenes contra los DD.HH.

Desde diciembre de 2023, cuando el Tribunal Constitucional falló a favor del irregular indulto de Alberto Fujimori, el expresidente (1990-2000) ha retomado su actividad política. A través de sus redes sociales ha hecho apariciones públicas que ponen en tela de juicio el supuesto resquebrajado estado de salud por el que Pedro Pablo Kuczynski le otorgó la gracia en 2017, y que finalmente la presidenta Dina Boluarte concretó a fines del año pasado.

Como parte de su estrategia política en libertad, Fujimori está produciendo videos que pretenden negar y desinformar una serie de hechos comprobados por la justicia, y por las que fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de corrupción y contra los derechos humanos.

La semana pasada en un video de Youtube titulado “Videomemorias #01: No soy un asesino”, y compartido en la plataforma X, Fujimori insistió en su inocencia frente a sus sentencias, procesos en marcha y aquellos que están por definirse. El viernes último, publicó el “segundo capítulo” o video de sus memorias, titulado “Tengo derecho a defenderme”.

“Cuando asumí la presidencia, heredé un país en llamas. Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA, estaban invadiendo las principales ciudades”, inicia diciendo en su primer video, acerca de la época del conflicto armado interno que coincidió con los primeros años de su mandato.

Después de calificar como una “cruel venganza” las acusaciones y las condenas que ha recibido, termina sentenciando que “solo defendió al pueblo en todos los rincones del país” y “de lo único que soy culpable es de haber vencido al terrorismo”.

“DISOLVER”. El 5 de abril de 1992 A. Fujimori llevó a cabo lo que para los expertos fue una medida inconstitucional que marcó un quiebre en la historia del Perú.

Ilustración: OjoPúblico / Rocío Urtecho

Estas afirmaciones no solo se dieron en el marco del vigente proceso por el caso Caraqueño – Pativilca ―en el cual se acusa al expresidente de ser autor mediato del delito de homicidio calificado contra seis comuneros en el distrito de Pativilca― sino también a poco de llegar el 5 de abril, día en el que se cumplieron 32 años del autogolpe a partir del cual Fujimori, según dijo el exfiscal Víctor Cubas a OjoPúblico, “impone en el país una dictadura que gobernó al margen de la Constitución”.

“Él [Alberto Fujimori] interrumpió la democracia sin justificación o mecanismo que lo motivara y a partir de eso creó una narrativa de que el golpe era necesario, porque el Congreso le estaba obstruyendo una serie de reformas y de decretos que le permitían supuestamente mejorar la economía y combatir el terrorismo, lo cual era completamente falso”, afirmó por otro lado el historiador José Ragas, autor de Los años de Fujimori (1990-2000).

En el marco de la conmemoración de este evento que marcó la historia contemporánea del Perú, OjoPúblico conversó con una serie de especialistas en política, historia, derecho y derechos humanos acerca de, precisamente, el autogolpe, pero también sobre la performance del exmandatario tras el irregular indulto, su historial penal y los procesos que aún están por venir.

El autogolpe y la impunidad

“Disolver, disolver” es quizá la frase más famosa del discurso que, como se señala en el libro El último dictador. Vida y gobierno de Alberto Fujimori, del politólogo José Alejandro Godoy, “cambiaría la política del país”.

La afirmación pertenece al capítulo ―que lleva el nombre de la conocida frase― que reconstruye los pormenores de aquel 5 de abril de 1992, cuando Fujimori decidió desbaratar, con antelación y premeditación, el Congreso, el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio Público. “Fujimori tomó la decisión del golpe de Estado en noviembre de 1991”, se lee en el libro.

La reconstrucción que hace Godoy resalta la considerable aprobación nacional que tuvo la medida en aquel entonces. Según una encuesta de la época, el 80% de los peruanos estaba a favor de la disolución del Congreso y el 81% aprobaba el cese de la Corte Suprema.

“En primer lugar [el golpe trajo] la pérdida de derechos, no solamente derechos fundamentales como el derecho a la vida, derechos a acceder a la justicia, a estas garantías de no repetición tan fundamentales cuando funcionan nuestras instituciones de manera independiente”, dijo la defensora de derechos humanos y exministra de Cultura Gisela Ortiz, en un conversatorio organizado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), durante la víspera de la conmemoración del autogolpe.

“Se empezó a implantar la política desde la prepotencia, la pérdida de la dignidad, la manipulación de todas las instituciones del Gobierno”, añadió.

LA CANTUTA. La matanza de nueve universitarios y un profesor es uno de los crímenes contra los DD.HH. por los que Alberto Fujimori ha sido condenado.

Foto: Andina

Por su parte, el exfiscal supremo Avelino Guillén, quien por alrededor de una década investigó la corrupción de Fujimori y Montesinos, dijo en la misma charla que el autogolpe “significó un daño muy fuerte al sistema de justicia (…) Hasta la fecha el Ministerio Público y el Poder Judicial no han logrado recuperarse de ese daño terrible que hizo Fujimori en el inicio de su autogolpe (…) Ese modelo de intervención y sometimiento de las instituciones se está replicando al pie de la letra actualmente para el control de por ejemplo la Junta Nacional de Justicia y demás instituciones”.

Los especialistas consultados por OjoPúblico coinciden con Guillén: el autogolpe fue una medida inconstitucional cuyas consecuencias se sienten hasta la actualidad.

Pero ¿por qué Fujimori no ha sido juzgado al respecto?

En setiembre de 2007, tras casi siete años fuera del país, luego del derrumbe de su dictadura, Alberto Fujimori fue extraditado desde Chile ―a donde llegó después de estar cinco años en Japón― por siete casos, entre ellos la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer y el caso de los congresistas tránsfugas.

Yván Montoya, abogado director del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), exjefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción que trabajó en la detención y regreso del exmandatario a Perú, explicó a OjoPúblico por qué ninguno de los 12 cuadernillos de extradición que inicialmente se enviaron a Chile incluía el caso del autogolpe.

“Había que ver enviar los casos más consolidados. Se decidió que 12 eran los más consolidados y los que tenían mayor viabilidad. Ahí no estaba el del golpe. Era claramente evidente que no podía ir en un primer lote de cuadernos de extradición, por una simple razón: porque una de las razones para que un país niegue la extradición son las razones políticas”, explicó el especialista.

“Y el delito de rebelión, que es donde estaba subsumido el golpe de Estado, es el clásico delito político por excelencia. Por lo tanto, era altamente probable que Chile lo desestimara”, agregó.

Según Yván Montoya, el estándar de concesión de extradiciones de Chile es “muy alto”, “muy exigente” y al estilo “anglosajón”: evalúa sobremanera las pruebas. Por ello, explica, se tomó la decisión de incluir el golpe en un siguiente paquete de cuadernillos de extradición. “No sabría decir por qué [no se llegó a mandar el cuaderno sobre la extradición], tal vez la razón se mantuvo, sigue habiendo la probabilidad de ser considerado un delito político”, dijo.

En la actualidad, ya no sería posible solicitar una ampliación de extradición por ese caso debido a la prescripción de ciertos delitos, explica a este medio el exfiscal supremo Víctor Cubas. “Si Fujimori ha gobernado del 90 al 2000, algunas acciones habrían prescrito, las que se relacionan con hechos comunes, las que se relacionan con la violación de derechos humanos podrían constituir delitos imprescriptibles y podrían ser procesados en cualquier momento. Pero el golpe es considerado un delito común. Eventualmente podría haber prescrito el ejercicio de la ley ahí, porque ese hecho se ha producido el 5 de abril de 1992 y, desde esa fecha, han transcurrido más de 30 años. El plazo máximo de prescripción es 20 años”, explicó.

A pesar de ello, para el historiador José Ragas nunca dejará de ser relevante recapitular un hecho como el autogolpe. “Es importante recordar fechas como el 5 de abril, porque también es una manera de recordar que la democracia no es algo que a uno le viene regalado, sino que es algo que se tiene que defender”, comenta.

Para Ragas, este ejercicio se vuelve imprescindible en tiempos de “amenazas de la democracia” y “avance de fake news”. “Sobre todo con lo que hemos visto que ha pasado ahora con el gobierno Dina Boluarte y con todo este aparato institucional del Congreso que está detrás del Gobierno que, básicamente, lo mantiene para poder también defender sus propios intereses”, afirma.

El indulto no es la absolución

En medio de los cuatro minutos del video “Videomemorias: No soy un asesino”, el expresidente Fujimori reclamaba que “a pesar de haber sido indultado hoy se me acusa injustamente por los crímenes de Pativilca”. Para los especialistas consultados por este medio, gracias a que el Tribunal Constitucional ordenara su libertad, el exmandatario está intentando imponer una narrativa según la cual el indulto equivale a una absolución de sus sentencias.

“Está tratando de crear una narrativa en la que él no cometió ningún error, sino, de hecho, salvó al país de una de una doble crisis”, indicó el historiador José Ragas.

Por otro lado, el exfiscal supremo Víctor Cubas dijo que “Fujimori ha sido condenado por graves actos de violación de derechos humanos, con una pluralidad muy grande de víctimas y se le impuso una condena que, en ese momento, era la máxima pena prevista: 25 años de pena privativa de libertad”.

Luego, añadió que Alberto Fujimori ha sido indultado, mas no amnistiado. “El condenado Fujimori no puede reclamar que él está en libertad y no puede reclamar que él tenga el tratamiento de una persona no juzgada, porque él no ha sido amnistiado, él ha sido indultado”, precisó a este medio.

MEMORIA. Para el historiador José Ragas, mantener la conmemoración del autogolpe y la época del conflicto armado ayudan a reconocer y valorar la democracia.

FOTO: LUM

Por su parte, Yván Montoya, de Idehpucp, también enfatizó que el indulto es el perdón de la pena, pero no la amnistía del delito. “[El indulto] no implica el olvido del delito, los antecedentes penales siguen intactos y el delito sigue como cometido. Él [Alberto Fujimori] no puede hacer alusión a que es inocente y que el indulto significa el reconocimiento de su inocencia. Nada más lejano que eso. Eso es mentira y evidentemente es desinformar a la población, a la ciudadanía”, explica.

El exprocurador también enfatizó que Fujimori sigue teniendo antecedentes penales y mantiene las obligaciones de la reparación civil vigentes. Esto último lo confirmó la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción en diciembre último. De acuerdo a la entidad, el exmandatario aún debe S/57’000.000 por tres casos en los que ha sido sentenciado: el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su exasesor.

Asimismo, los analistas consideraron que la actuación y los pronunciamientos de Alberto Fujimori post indulto puede tener un efecto de simpatía con sus adeptos, pero de fuerte rechazo para quienes están en su contra. “Eso es algo que el propio Fujimori no ha calculado entre sus planes. Activistas, académicos, abogados, luego de que él lanza este video salen con evidencia de que él no es inocente”, dijo a OjoPúblico el analista político José Alejandro Godoy.

“Es ofensivo que él salga a hacer ese tipo de propaganda cuando su indulto ha sido completamente irregular, cuando no ha pagado ni un sol de reparación civil, ni ha pedido perdón a las víctimas. Eso puede generar una corriente de opinión que sea como una suerte de extensión del antifujimorismo y causarle problemas a la candidata Keiko Fujimori”, dice el historiador José Ragas.

Ahora bien, según José Alejandro Godoy, el papel de Alberto Fujimori en una potencial campaña presidencial de su hija, Keiko Fujimori, no está del todo claro. “Puede hacer una incidencia en la campaña fujimorista o tratar de ganar un espacio propio dentro del fujimorismo”, analiza. En cualquier caso, añade, no se tiene claro el rumbo: si el expresidente seguirá el camino de integración con su hija o si, más bien, busca hacerle un contrapeso. “Pero [sus acciones] sí tienen un objetivo político sin duda”, finaliza.

Las condenas y los procesos que siguen

Como OjoPúblico ya lo ha documentado, el expresidente Alberto Fujimori ha sido condenado por delitos de corrupción y contra los derechos humanos, estos últimos considerados de lesa humanidad de acuerdo al derecho internacional. En total son cinco condenas, una de ellas anulada, las que se han emitido tras la extradición del exmandatario desde Chile.

En 2007, y luego de un proceso que duró alrededor de dos años, Alberto Fujimori Fujimori fue extraditado desde Chile por siete casos.

Estos fueron: el caso del allanamiento ilegal de la exesposa de Vladimiro Montesinos; el caso de la matanza de Barrios Altos y La Cantuta; el caso del secuestro, tras el golpe del 5 de abril de 1992, del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer; el caso del pago y entrega irregulares de 15 millones de dólares retirados del erario público al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos por servicios prestados; el caso de los congresistas “tránsfugas”; el caso de la compra de medios de comunicación y el caso de las escuchas e interceptaciones ilegales de comunicaciones telefónicas a sus adversarios políticos.

Por ellos ha recibido penas de entre seis y 25 años de prisión.

Su primera condena la obtuvo a finales de 2007, por el caso del allanamiento ilegal a la casa de la exesposa de Vladimiro Montesinos. Fujimori fue condenado por ordenar, en 2000, dicho allanamiento sin orden judicial y con la intervención de una persona que suplantó al representante del Ministerio Público. A través de esta operación, según la acusación fiscal, se pudo sustraer “bienes personales, material de trabajo y videos” que eran pruebas incriminatorias en su contra.

Por ello, fue sentenciado a seis años de pena privativa de la libertad, por el delito de usurpación de funciones en agravio del Estado. También se le impuso el pago de una reparación civil de S/400.000 en favor del Estado.

Dos años después, el 7 abril 2009 ―tras cumplirse 17 años y dos días del autogolpe―, recibió su segunda condena, la más alta de todas: 25 años de pena privativa de la libertad por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. Los delitos imputados fueron secuestro agravado, asesinato y lesiones graves.

Por estos crímenes se le impuso, además, el pago de una reparación civil de S/100’000.000 para las víctimas de las matanzas y S/300.000 tanto para Gorriti como para Dyer.

Los crímenes de estos hechos son considerados de lesa humanidad, de acuerdo al abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien además ejerció la defensa de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta.

“En los alegatos de la parte civil, a nosotros nos correspondió señalar y sustentar intensamente por qué considerábamos que los hechos materia de ese juicio no solo eran hechos que se habían acreditado sino que, de acuerdo, al derecho internacional debían ser calificados como crímenes de lesa humanidad”, cuenta el abogado Carlos Rivera.

Para Rivera, si bien Fujimori fue acusado de asesinatos y lesiones graves, el debate del juicio ocasionó que el tribunal considerara a los crímenes de estas matanzas como de lesa humanidad. “En la parte resolutiva de la sentencia se dice que los homicidios calificados o asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta y las lesiones graves de esos crímenes de Barrios Altos y La Cantuta van a ser considerados como crímenes de lesa humanidad de acuerdo al derecho internacional”, dice el experto.

Ahora bien, tres meses después de esta gran sentencia, en julio de 2009, Fujimori fue condenado por el caso del pago de USD 15’000.000 a su exasesor Vladimiro Montesinos, como supuesta compensación por sus servicios. Los delitos imputados fueron peculado doloso y falsedad ideológica en agravio del Estado. Se le impuso seis años y siete meses de cárcel y se estableció el pago de S/3’000.000 de reparación civil a favor del Estado.

La cuarta de sus sentencias fue impuesta en setiembre de 2009. Esta vez, por el caso de la compra del Canal 10, el caso de los congresistas “tránsfugas” y el caso de la escucha telefónica a sus adversarios políticos. La sentencia contempló los delitos de peculado doloso, cohecho activo genérico e interferencia o escucha telefónica. Por ello, fue sentenciado a seis años de cárcel y al pago de una reparación civil de S/24’060.216 a favor del Estado y S/ 3’000.000 para las víctimas.

Por último, en 2015, fue condenado a ocho años de prisión y el pago de S/3’000.000 a favor del Estado por el caso de los “diarios chicha”. El delito imputado en aquella oportunidad fue peculado doloso en agravio del Estado. Sin embargo, al año siguiente, esta última sentencia fue anulada por la Corte Suprema.

Finalmente, en la actualidad, el presidente Alberto Fujimori está atravesando el proceso por la masacre de Pativilca, en el cual se le acusa de ser el autor mediato del homicidio calificado-asesinato de seis comuneros en el distrito de Pativilca, en la provincia de Barranca.

En este caso y en el de La Cantuta, el exasesor Vladimiro Montesinos ha asumido su culpabilidad y, por eso, ha recibido una sentencia de 19 años y ocho meses.

Cabe resaltar que estos dos últimos casos, el de los diarios chicha y el de Pativilca, fueron posibles por dos ampliaciones de extradición concedidas por Chile en los años 2012 y 2017, respectivamente.

Finalmente, está en trámite un nuevo pedido de ampliación de extradición contra Alberto Fujimori. Esta vez, por ocho casos: tráfico y suministro de armas a Colombia (las FARC); homicidios y secuestros a la familia Ventocilla; secuestros y torturas a militares; secuestros y homicidios en la residencia del embajador de Japón; fraude a un canal de televisión en Lima; homicidio calificado y lesiones graves en la cárcel Miguel Castro Castro; violación de secretos del Estado; y esterilizaciones forzadas con resultado de muerte.

“El tema de la ampliación de la extradición se ha manejado de dos formas diferentes desde Perú y de Chile”, señaló el abogado Rivera. Para el especialista, mientras que Perú ha ido enviando los casos uno por uno a Chile, la Fiscalía de este país ha agrupado todos ellos y, al parecer, está encontrando un patrón de actuación de graves hechos delictivos.

Según le dijo a OjoPúblico el área de prensa de la Procuraduría Anticorrupción, se espera que la Corte Suprema de Chile emita una sentencia final al respecto en un aproximado de 15 días.