“Es mi derecho, no hay nada inconstitucional”: Alejandro Soto responde por solicitud de defensa legal

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, solicitó la cobertura de su defensa legal en la investigación que le sigue la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos tras ser incluido en la indagación a Patricia Benavides por la presunta organización criminal que habría liderado. En respuesta, se acordó desembolsar un total de 70 mil soles, lo cual generó distintas críticas. No obstante, en diálogo con Infobae Perú, el titular del Parlamento recordó su constitucionalidad.

“Es mi derecho, no hay nada inconstitucional. La ley 30057, Ley del Servicio Civil, es clara al decir que los funcionarios públicos pueden contar con asesoría profesional con cargos a los recursos de la entidad para su defensa”, mencionó a este medio.

“Además, la misma norma señala que, si al finalizar el proceso se demostrara algún grado de responsabilidad, quienes soliciten dicho beneficio deberán reembolsar el monto. Es decir, aquellos que cuestionan mi inocencia tampoco tienen motivos para la crítica”, agregó.

Aunque no quiso pronunciarse ni dar mayor detalle sobre la diligencia, al considerar que debe responder ante el fuero respectivo, recordó que se trata de una indagación relacionada con el ejercicio de sus funciones y no anterior a asumir el cargo de legislador

“Las especificaciones se amparan en el artículo 87 del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso. Todos los pasos se han seguido tal y como señala el procedimiento”, aclaró el titular del Poder Legislativo a Infobae Perú.

Según lo informado en el Sistema Electrónico de contrataciones del Estado (SEACE), la invitación, presentación de ofertas y adjudicación del servicio de asesoría y defensa legal se realizó el viernes 12 de abril.

Dado que se trata de un servicio de asesoría legal, no se realiza un proceso de selección, sino que el funcionario que solicita el beneficio presenta la propuesta de honorarios del abogado o del estudio que lo defenderá. En este caso, Alejandro Soto pidió que el Poder Legislativo financie los honorarios del estudio Bramont-Arias Torres, ascendente a 70 mil soles.

Captura de pantalla del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. | SEACE