El proceso, el primero que sienta a un expresidente de EE UU en el banquillo por un caso penal, se inicia con la selección de los 12 miembros titulares del jurado que decidirá el futuro judicial del candidato republicano
“Esto es una persecución política, una persecución como nunca antes. Es un asalto a EE UU. Y por eso estoy muy orgulloso de estar aquí. Esto es un asalto. Contra nuestro país. Y es un país que está fracasando”. Las únicas palabras de Donald Trump a su llegada este lunes al tribunal de Manhattan (Nueva York) donde será juzgado por el supuesto pago de un soborno a una actriz porno —la primera causa penal de las cuatro que afronta— no añaden nada nuevo a su habitual memorial de agravios: el candidato a la reelección en noviembre que dice ser víctima de una caza de brujas política.
Trump ha llegado puntual, a las 9.30 de la mañana (hora local), a la planta 15ª del número 100 de Centre Street. En el pasillo de acceso no aceptó preguntas de los periodistas congregados y se limitó a ofrecer su propio argumentario: la ocasión de convertir el paseíllo judicial en un plató con fines electorales estaba servida en bandeja.
El juicio, presidido por el magistrado Juan Merchan, de origen colombiano, arranca con la selección del jurado. El cuestionario al que serán sometidos los candidatos potenciales —un centenar este lunes— ha sido hecho público, y se prevé que en el proceso queden automáticamente excluidas del jurado las personas que no respondan adecuadamente, según el baremo de fiscales y defensa, en función de sus respuestas. El hecho de que todos los candidatos sean vecinos de Manhattan, un distrito eminentemente demócrata, puede ser un factor que favorezca recusaciones a granel de los abogados de Trump.
Los abogados pueden rechazar a cualquiera “por causa” cuando sus respuestas sugieran que el aspirante puede no ser imparcial. Cada parte también puede rechazar a 10 por casi cualquier motivo mediante “recusaciones perentorias”. El proceso terminará cuando se elijan los 12 miembros titulares del jurado y hasta seis suplentes. Este procedimiento durará entre una y dos semanas, según la cantidad de objeciones de idoneidad que una y otra parte esgriman.
Antes de empezar la selección del jurado, el juez Merchan ha dedicado más de una hora a cuestiones preliminares o de procedimiento, en discusiones con el equipo de fiscales y los letrados que defienden a Trump. La principal se refiere al permiso para mostrar en el juicio la transcripción de la cinta Access Hollywood -un bochornoso audio grabado en 2005 en el que Trump denigraba a las mujeres. El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, que ha instruido el caso, aspiraba a la que la cinta fuera una de las pruebas principales, pero el juez Merchan ha decidido este lunes que se difunda solo su transcripción, no el audio. También ha rechazado incorporar otras pruebas posteriores, reveladoras —y condenatorias— del habitual trato que Trump dispensa a las mujeres. La decisión de Merchan es, en principio, un tanto para la defensa.
Aunque sobre Trump pesa una orden de silencio, u orden mordaza, impuesta por el juez en marzo y posteriormente ampliada, uno de los fiscales ha indicado que pedirán al juez que declare al acusado en desacato por sus ataques a los testigos. A Stormy Daniels, la actriz de cine porno que supuestamente recibió el soborno, y el exabogado de Trump Michael Cohen -los principales testigos de la acusación-, los descalificó el miércoles en su red social. El sábado volvió a la carga contra Cohen, quien supuestamente gestionó el pago del soborno a Daniels, llamándolo “abogado deshonrado y delincuente”, y a punto estuvo de cruzar la línea roja de la contención en sus ataques a la hija del juez Merchan.
No sería la primera vez que Trump bordea peligrosamente la línea del desacato. El juez que instruyó el caso de fraude civil -el fraude continuado en sus negocios, por el que ha sido condenado a pagar 464 millones de dólares- le multó en un par de ocasiones por violar la orden de silencio vigente en ese procedimiento. Pero Trump ha evitado hasta ahora cualquier sanción por violar la orden mordaza en los dos casos penales en los que se teóricamente está sometido a ellas, el de Nueva York y el de Washington, por interferencia electoral.