El presidente chileno, Sebastián Piñera, extendió hasta el 11 de noviembre el estado de excepción, vigente desde el pasado 12 de octubre, en las regiones de Bío-Bío y Araucanía. La medida se impuso tras la ola de violencia registrada en las últimas semanas a causa de los enfrentamientos con miembros de la comunidad mapuche que reclaman la devolución de sus tierras.
Los militares seguirán vigilando las calles de varias provincias en las regiones de Bío-Bío y Araucanía, en el sur de Chile, luego de que el presidente Sebastián Piñera pidiera una prórroga de dos semanas más (hasta el 11 de noviembre) del estado de excepción que se impuso en esta zona del país.
Desde hace varias semanas se han registrado varios incendios contra iglesias, viviendas, ataques contra civiles y policías, huelgas de hambre de presos indígenas y tiroteos que han dejado víctimas mortales.
“La región de Araucanía y Bío-bío han sufrido gravemente lo efectos de la violencia, los ataques de bandas del crimen organizado, de terrorismo, de narcotráfico, de robo de madera”, dijo Piñera.
Con la extensión del estado de emergencia, la seguridad en las calles sigue estando a cargo de unos 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas chilenas y, en caso de que haya una segunda extensión, el mandatario debe contar con la autorización del Congreso.
Los soldados seguirán patrullando las calles, brindando apoyo tecnológico y logístico en el territorio, además pueden impedir manifestaciones o reuniones en espacios públicos y controlar la entrada y salida de las personas en las provincias afectadas por la medida.
Hasta ahora, las autoridades han detenido a unas 30 personas y se han reducido a la mitad los incendios y robos de propiedades.
Un conflicto histórico
En días pasados, el presidente Piñera se refirió a los grupos vinculados con el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado que están desestabilizando la tranquilidad en las regiones del sur, habitadas en su gran mayoría por miembros de la comunidad mapuche y, por ende, donde más movimientos indígenas hay.
“Este estado de emergencia, lo quiero decir con todas sus letras, no se dirige contra ningún pueblo, ninguna etnia, ni ningún grupo en especial”, dijo el jefe de Estado chileno al anunciar el estado de excepción el pasado 12 de octubre.
Pero, el conflicto en el sur de Chile tiene un trasfondo histórico que se remonta a la mitad del siglo XIX, cuando el Estado chileno se impuso en estas regiones, originariamente mapuches, a través de las armas.
Con el tiempo, los indígenas fueron perdiendo sus tierras para cederlas a los colonos europeos que iban llegando. La tierra se volvió entonces el centro del conflicto y otros invasores contemporáneos siguieron ocupando las tierras que tenían dueños ancestrales: empresas agrícolas y forestales empezaron a explotar los recursos naturales en varias zonas.
En consecuencia, no sorprende que, en el sur de Chile, sobre todo en la región de Araucanía, los índices de pobreza superan los del resto de regiones del país.
Ante esta falta de reconocimiento, pues, la Constitución chilena ni siquiera habla explícitamente de la existencia de pueblos indígenas en su territorio, y ante la imposición del estado de excepción, los movimientos indígenas aseguran que no es a través de la violencia que quieren resolver los problemas y acusan al Gobierno de querer enturbiar aún más el conflicto que lleva décadas sin resolver.
