Resulta una coincidencia penosa que el día en que se publican los malos resultados sobre la evolución de la pobreza, el ministerio del Interior decida desactivar el dispositivo que más ha hecho para luchar contra la corrupción en el poder.
Resulta una coincidencia penosa que el día en que se publican los malos resultados sobre la evolución de la pobreza, el ministerio del Interior decida desactivar el dispositivo que más ha hecho para luchar contra la corrupción en el poder.
El Gobierno retrocedió en su intento de dilatar la difusión del informe del INEI dando cuenta del triste aumento del número de pobres en nuestro país. Horas más tarde, una farragosa Resolución del ministerio del Interior anunciaba la desactivación del grupo de policías que venía colaborando con el Equipo de Fiscales encargados de la lucha contra la corrupción, el EFICOOP.
Desdichadamente, la corrupción en las más altas esferas del poder termina por perturbar todo el funcionamiento del Estado. Y las consecuencias finales son la incapacidad de hacer frente a la criminalidad y de garantizar la reactivación de nuestra economía. El argumento de la duplicidad de funciones esgrimido por el ministerio del Interior es endeble, tanto como los que usó en su momento Pedro Castillo.
Todos hemos sido testigos de las investigaciones, las detenciones y los allanamientos decididos por el EFICOOP, por más que hayan podido inquietar a quienes saben los delitos que han cometido. De manera extraña, pocas horas después de la publicación de la Resolución ministerial, Interior volvió a la carga con un documento que sugiere que los autores de la resolución que creo la célula policial del EFICOOP han podido incurrir en delitos de función.
No hemos olvidado la tentativa de acceder a informaciones reservadas de las carpetas fiscales. Cada vez nuestra situación se parece más a la que atravesó Guatemala antes de que Estados Unidos decidiera sancionar a los actores de un pacto de corrupción. En vez de distorsionar las causas del aumento de la pobreza y obstruir el desarrollo de la Justicia, el gobierno debería esforzarse en garantizar la transparencia y concentrar sus esfuerzos en promover las inversiones y la creación de empleo.
Fuente: RPP
