La decisión de Sandra Heredia, jueza 44 penal de Bogotá, pasará a la historia. Han pasado décadas desde que un expresidente de Colombia ha asistido a un juicio penal desde el banquillo del acusado; el más reciente será Álvaro Uribe Vélez. Luego de una audiencia judicial de dos días —inició el pasado 17 de mayo y se reanudó este viernes— en la que escuchó los argumentos de la Fiscalía y la defensa, la funcionaria judicial encontró que existen razones suficientes para que el político más popular y poderoso del país en las últimas dos décadas, el que logró reformar la Constitución en su beneficio para acumular ocho años en el Gobierno (2002-2010), sea juzgado por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal. Aunque Jaime Granados, abogado defensor del exmandatario solicitó a la jueza que declarara la nulidad del proceso, que lleva cerca de cuatro años en la jurisdicción ordinaria después de que Uribe renunciara a su fuero de senador en 2020, prevalecieron los argumentos del fiscal Gilberto Villarreal, el primero de cinco fiscales que decide realizar una acusación formal. Si bien el juicio puede durar meses o incluso años, su inicio muestra hasta dónde puede cambiar la suerte de un líder.
La génesis del proceso se remonta a febrero de 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia archivó una denuncia penal presentada cuatro años atrás por Uribe, que para entonces era el congresista líder del partido Centro Democrático, en contra de Iván Cepeda, senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo. Según el expresidente, Cepeda había intentado manipular testigos para mostrar una supuesta relación suya con grupos paramilitares. Los magistrados de la Corte, luego de evaluar la evidencia, concluyeron que no había soporte para dicha incriminación y que, por el contrario, existían motivos para creer que el denunciante era quien había cometido delitos. A través de su abogado Diego Cadena, dijeron los magistrados, Uribe había ofrecido dádivas a exparamilitares para que éstos acusaran a Cepeda de torcer sus testimonios. El proceso duró relativamente quieto por un tiempo.
En 2020, en pleno confinamiento por el coronavirus y cuando un pupilo de Uribe—Iván Duque — ocupaba la jefatura de Estado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la detención preventiva del entonces senador para impedir que entorpeciera la investigación en su contra. Que el expresidente estuviera privado de su libertad desató una oleada de reacciones encontradas en el país, especialmente por tratarse de la figura más carismática de la derecha. Por recomendación de sus abogados, Uribe dimitió a su curul, con lo que perdió su fuero y su expediente pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación. La apuesta era obtener un trato benevolente, ya que la entidad estaba encabezada por Francisco Barbosa, amigo cercano de Duque. El entonces fiscal general asignó la investigación a un subalterno, que solicitó a la justicia que precluyera el proceso, señalando que no había suficientes pruebas para endilgarle algún delito al expresidente. Fracasó. El intento se repitió dos veces más, hasta que, en enero, el caso recayó en el fiscal Gilberto Villareal. El periodo de Barbosa en su cargo estaba a punto de finalizar y Villarreal tomó el camino de la acusación, la cual fue aceptada este viernes por la jueza Heredia.
La diligencia comenzó el 17 de mayo. La principal novedad fue una adición al escrito de acusación. Además de responsabilizar al expresidente de soborno en actuación penal y fraude procesal, Villarreal agregó el delito de soborno. En su criterio, hay material suficiente para creer que el abogado Diego Cadena, siguiendo órdenes de Uribe, también llevó a cabo ofrecimientos para inculpar a los exfiscales generales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo de intentar relacionar a Santiago Uribe, hermano del exmandatario, con grupos paramilitares. La incorporación de este tercer delito fue utilizada como argumento por Jaime Granados, defensor de Uribe, para solicitar la nulidad del proceso, alegando la violación del debido proceso. Debido a que se cumplían más de 10 horas de audiencia, la jueza Heredia decidió suspenderla por una semana.
Este viernes 24 de mayo, continuó la audiencia. En el interregno, el expresidente rompió su tregua con el presidente Gustavo Petro, por décadas su némesis político. Si bien el desenlace de ese choque está por verse, el de la audiencia no: fue desfavorable para el líder del Centro Democrático. La jueza rechazó de plano la solicitud de nulidad presentada por Granados, lo que le abre la puerta para que inicie el juicio. No obstante, el abogado lanzó su última bala al presentar un recurso de queja para que sea el Tribunal Superior de Bogotá, el eslabón jerárquico superior a la jueza, el que defina si proceden recursos contra la negativa a la solicitud de nulidad.
La jueza acreditó como víctimas a Montealegre, Perdomo, Iván Cepeda y Deyanira Gómez, esposa de Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella del proceso. La defensa también apeló esta determinación. “Debidamente formulada la acusación en contra del señor Álvaro Uribe, quien a partir de este momento adquiere la condición de acusado, en este momento pasamos entonces a la etapa de descubrimiento probatorio”, afirmó Heredia. Ahora le corresponde la Fiscalía exponer las pruebas que quiere hacer valer durante el juicio. Después de años de incertidumbre, formalmente arranca el proceso judicial en contra de Uribe.
