La Junta de Portavoces del Congreso definió los temas que serán debatidos en las últimas sesiones de esta legislatura, entre ellos, la ley que limita que personas condenadas por terrorismo, homicidio o tráfico de drogas, postulen a cargos públicos hasta diez años después de haber cumplido su pena. ¿Lograrán aprobarlo?
En la última semana de la presente legislatura, la Junta de Portavoces del Congreso acordó priorizar el proyecto de ley denominado “Ley que garantiza la idoneidad para el ejercicio de la función pública”, que modifica los artículos 34a, 39-b y el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución.
Esta iniciativa legislativa propone limitar la participación en elecciones de personas condenadas por delitos graves como terrorismo, tráfico de drogas, homicidio, abuso sexual, entre otros, hasta por diez años después de haber cumplido su pena.
Desde el Poder en tus Manos de RPP hemos abordado el seguimiento de este proyecto desde la aprobación del dictamen (en marzo de 2023) a cargo de la Comisión de Constitución y Reglamento, las experiencias de otros países de la región, la consulta a expertos en materia constitucional y congresal respecto a esta norma, hasta el análisis de si las condiciones carcelarias del país permiten una real rehabilitación de los exreclusos.
De ser aceptado, podría ser aplicado en las próximas elecciones de 2026. De allí la necesidad de que sea debatido y aprobado por el Congreso antes de abril de 2025, fecha en que se convocará a elecciones y donde las reglas de juego para el proceso electoral deben quedar establecidas con anticipación.
Un proyecto con larga espera
La ley que limita la participación política de condenados ha estado en la agenda del Pleno del Congreso desde noviembre de 2023, fecha en que empezó su debate pero, por diferencias entre los congresistas que no se ponían de acuerdo por los delitos que debía considerar o no esta ley, fue enviado a un cuarto intermedio (una pausa), de la cual no volvió a salir hasta esta semana en que, según la propia Junta de Portavoces, será priorizado.
Martha Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución, grupo de trabajo en el que se propuso este proyecto de ley, señaló a los medios de comunicación que “no contaba con los votos necesarios para hallar consenso”. No obstante, su colega y uno de los impulsores de esta ley, Alejandro Muñante, criticó su falta de iniciativa para pedir que el tema sea incluido en las diversas sesiones del Pleno.
Tras muchas idas y venidas, el proyecto de ley ha logrado ser priorizado y ahora falta que logre aceptación en el Pleno, donde necesitará más de 87 votos favorables para ser aprobado. Como se trata de una reforma constitucional, para que entre en vigencia, deberá conseguir otros 87 votos como mínimo en una segunda votación en la siguiente legislatura y luego ser promulgado por el Ejecutivo.
¿Lograrán los congresistas consenso y aprobarán esta ley que permitirá que los peruanos y peruanas sean conducidos por personas sin antecedentes graves en la administración pública? En lo que queda de la semana, hasta el sábado 15 de junio, se sabrá.
