Bruselas no pasa ni media a las grandes tecnológicas en el cumplimiento de las normas y ha anunciado este lunes que investigará en profundidad a Apple porque considera que se está saltando la Ley de Mercados Digitales (DMA por sus siglas en inglés) con Apple Store. A ojos de la Comisión Europea, que ya había dado un aviso a la entidad, esta aplicación no da libertad de elección a los usuarios. De acuerdo con la normativa, el Ejecutivo comunitario puede imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocios mundial total de la compañía.
Además, la Comisión abrió un nuevo procedimiento de incumplimiento contra Apple ante la preocupación de que sus nuevos requisitos contractuales para desarrolladores y tiendas de aplicaciones de terceros, incluida la nueva Core Technology Fee de Apple, no garanticen el cumplimiento efectivo de las obligaciones de Apple en virtud de la DMA.
“Nuestra posición preliminar es que Apple no permite totalmente el steering. El direccionamiento es clave para garantizar que los desarrolladores de aplicaciones dependan menos de las tiendas de aplicaciones de los gatekeepers y para que los consumidores conozcan las mejores ofertas”, explicó la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. “También hemos incoado procedimientos contra Apple en relación con su denominada tasa por tecnología básica y varias normas para permitir las tiendas de aplicaciones de terceros y la carga lateral. La comunidad de desarrolladores y los consumidores están deseosos de ofrecer alternativas a la App Store. Investigaremos para garantizar que Apple no socave estos esfuerzos”, concluyó.
En la misma línea se pronunció el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton. “Tenemos razones para creer que las normas de la AppStore que no permiten a los desarrolladores de aplicaciones comunicarse libremente con sus propios usuarios infringen la DMA. También estamos abriendo un nuevo caso en relación con las nuevas condiciones comerciales de Apple para iOS. Sin perjuicio del derecho de defensa de Apple, estamos decididos a utilizar las herramientas claras y eficaces de la DMA para abrir por fin oportunidades reales a los innovadores y a los consumidores”, sostuvo el dirigente francés.
Apple tiene actualmente tres conjuntos de condiciones comerciales que rigen su relación con los desarrolladores de aplicaciones, incluidas las normas de dirección de la App Store. La Comisión considera de forma preliminar que ninguna de estas condiciones comerciales permite a los desarrolladores orientar libremente a sus clientes. Por ejemplo, los desarrolladores no pueden facilitar información sobre precios dentro de la aplicación ni comunicarse de ninguna otra forma con sus clientes para promocionar ofertas disponibles en canales de distribución alternativos.
En la mayoría de las condiciones comerciales a disposición de los desarrolladores de aplicaciones, Apple solo permite la orientación a través de “enlaces”, es decir, los desarrolladores de aplicaciones pueden incluir un enlace en su aplicación que redirija al cliente a una página web en la que el cliente pueda celebrar un contrato. El proceso de enlace está sujeto a varias restricciones impuestas por Apple que impiden a los desarrolladores de aplicaciones comunicarse, promover ofertas y celebrar contratos a través del canal de distribución de su elección.
Aunque Apple puede percibir un canon por facilitar a través de la AppStore la captación inicial de un nuevo cliente por parte de los desarrolladores, los cánones cobrados por Apple van más allá de lo estrictamente necesario para dicha remuneración. Por ejemplo, Apple cobra a los desarrolladores una tasa por cada compra de bienes o servicios digitales que un usuario realiza en los siete días siguientes a la salida de la aplicación.
En caso de infracción, la Comisión puede imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocios mundial total del distribuidor. Estas multas pueden llegar hasta el 20% en caso de infracciones repetidas. Además, en caso de infracciones sistemáticas, la Comisión también está facultada para adoptar soluciones adicionales, como obligar a un gatekeeper a vender un negocio o partes del mismo, o prohibirle la adquisición de servicios adicionales relacionados con el incumplimiento sistémico.
