Los niveles de tributación fiscal por el aprovechamiento anual de bandas radioeléctricas en manos de los operadores AT&T y Telcel, por cuyas redes celulares viajan las comunicaciones de 120 millones de mexicanos, se han incrementado en alrededor de 20% entre los años 2022 y 2024 por motivos de la inflación, principalmente.
En el año 2022, los niveles de impuestos que pagaba AT&T anualmente por la explotación de sus 184.20 Megahertz de licencias que tiene en México entre distintas bandas radioeléctricas, equivalían al 17,30% de sus ingresos totales, cuando el nivel medio en economías de similar tamaño a la mexicana se ubica en un 6,5%.
A la conclusión del año 2024, el operador AT&T, que lleva en sus hombros el tráfico de datos de sus 23 millones de consumidores, más aquel que generan los 20 millones de usuarios de Movistar y de algunos operadores móviles virtuales, habrá pagado en impuestos sólo por uso de licencias de espectro el equivalente al 20,40% de sus ingresos anuales.
Entonces, del 2022 al 2024, el nivel de tributación fiscal por la explotación de sus bandas en servicios de 4G y 5G se habrá incrementado en 17,9% para AT&T.
La compañía, entre otros argumentos, justificó de esta manera que el sector de telecomunicaciones se ve presionado en sus estados financieros para en un mismo momento pagar por el aprovechamiento de frecuencias de espectro, por mantener un mismo nivel de despliegue de inversiones y en tanto los paquetes de servicio bajan de precio por la aguerrida competencia que presentan las ofertas de otras compañías, por ejemplo, de BAIT, el operador móvil virtual de Walmart que no construye red móvil, pero que usa aquella de Altán Redes, que además hoy está financiada con dinero público.
AT&T quiso así ejemplificar, en el contexto de la consulta pública sobre la primera subasta de servicios de 5G a la que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) convocó para conocer la viabilidad de ese proceso de licitación, que el nivel de tasación que fijan la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados anualmente en la Ley Federal de Derechos (LDF) imposibilita que las compañías puedan comprar más bandas radioeléctricas, la industria requiere de más bloques de espectro para poder satisfacer las necesidades de los consumidores mexicanos.
“El precio total del espectro radioeléctrico en México, el pago inicial más derechos anuales, se encuentra entre 88 y 96% por arriba de la media internacional. El mismo IFT ha advertido que el alto costo del espectro se constituye como una barrera a la entrada y a la expansión de operadores, pues limitan la participación en licitaciones, ya que los pagos de derechos son insostenibles para los operadores de menor tamaño y que al mismo tiempo puedan competir efectivamente en la provisión de servicios móviles”, dijo AT&T.
El razonamiento de AT&T contra la política fiscal por la explotación de bandas gana valor, cuando se conoce también que Telcel habrá observado en 2024 que su nivel de tributación se incrementó en 22,8% respecto al dato de 2022 por causa principal de la inflación.
Más claro, Telcel pagaba en impuestos durante el 2022 el equivalente del 5,7% sus ingresos totales y el equivalente al 7,0% para el cierre de este año por explotar 289.25 Megahertz de frecuencias de distinta naturaleza.
Por tanto, no sería tan desatinado que Telcel, con una capacidad financiera muy por arriba a la de AT&T para comprar demasiados lotes de espectro con los que pudiera robustecer sus servicios 4G-LTE, también sostenga que los niveles de tributación por bandas son insostenibles y por tanto debe considerársele como un nuevo actor de mercado en la subasta de frecuencias de los 600 MHz y de los 1500 MHz.
“Los pagos de derechos por uso del espectro en México fueron establecidos en la era de 2G, bajo el supuesto de que los operadores sólo necesitaban cierta cantidad de espectro. Con 3G y las siguientes generaciones de datos móviles, las necesidades de espectro para satisfacer la demanda han crecido rápidamente”, expuso AT&T.
“Sin embargo, las contraprestaciones se han mantenido a niveles muy altos y actualizados cada año por la inflación, lo que ha generado que los costos por los derechos de espectro representen cada más vez un porcentaje significativo de los ingresos de las empresas. Sin una reducción significativa en los derechos anuales por el uso de espectro, las empresas en México no podrán adquirir el espectro adicional y satisfacer la demanda de uso de datos”.
