La tala ilegal aumentó un 22%, según el último balance anual de los satélites difundido este jueves por el Gobierno con secretismo
La Amazonia brasileña perdió 13.235 kilómetros cuadrados de árboles en un año, según el último balance anual, difundido este jueves con enorme sigilo por el Gobierno de Jair Bolsonaro. La cifra supone que la deforestación ilegal entre agosto de 2020 y julio de 2021 aumentó un 22% respecto al periodo anterior, cuando sumó 10.851 kilómetros cuadrados. Es la más alta registrada en los últimos 15 años. Este balance anual, elaborado con mediciones de satélite por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), es el más esperado por todos los implicados en la protección y preservación del mayor bosque tropical del mundo porque viene a ser como un examen de fin de curso. La medida del éxito o el fracaso. También es la vara con la que el mundo mide el desempeño medioambiental del país que alberga el grueso del mayor bosque tropical del mundo. Este año, la nota es un clamoroso suspenso.
El significativo aumento registrado por el sistema Prodes contribuirá a agravar la crisis climática además de ser un problema diplomático para el presidente brasileño. La acelerada desaparición de la vegetación en Amazonia supone una amenaza para el futuro de Brasil y el planeta porque, a medida que la superficie arbolada de Amazonia disminuye de tamaño, la selva pierde, además de biodiversidad, la capacidad de refrescar el planeta y frenar el calentamiento global. El sistema Prodes contabiliza áreas deforestadas de más de 6,25 hectáreas, lo que lo convierte en el más preciso de los que Brasil utiliza.
El balance se ha conocido cuando el Gobierno ha colgado en la web, sin anuncio ni presentación, una nota. El comunicado estaba datado no este jueves sino el pasado 27 de octubre, antes, por tanto, de que empezara la cumbre del clima COP26 en Glasgow. ONGs ecologistas y científicos han acusado al Ejecutivo y al ministro de Medio Ambiente, Joaquim Leite, de haber ocultado la información de la que disponían durante las negociaciones en las que Brasil se comprometió a eliminar completamente la deforestación para 2030. También acusan a las autoridades brasileñas de haber engañado al resto de los participantes en la cumbre al presentar los resultados de otra medición, la de las alertas del sistema Deter, que es menos precisa y arrojaba datos mucho más positivos.
El Observatorio del Clima, una ONG brasileña, sostiene que esos 13.235 kilómetros cuadrados ilegalmente deforestados en un año revelan “el triunfo del proyecto ecocida de Bolsonaro”. Para Greenpeace, “el Gobierno intentó lavar su imagen en Glasgow a sabiendas de que había batido un récord en deforestación”. Esta organización ha advertido de que el cerco sobre Brasil se estrecha porque, por ejemplo, la Comisión Europea propuso este miércoles impedir la entrada en los mercados de la UE a la soja, el cacao, el café, el aceite de palma, la carne de vacuno, la madera y sus derivados si proceden de zonas deforestadas.
La tala ilegal está en aumento desde 2017 tras la fuerte caída de los primeros años 2000, pero desde que el ultraderechista y negacionista de la ciencia llegó al poder en 2019 el crecimiento de la superficie arrasada se ha acelerado, impulsado por varios factores. Su política en materia de medio ambiente ha consistido en debilitar la vigilancia –cada vez hay menos inspectores ambientales en Amazonia– además de dar alas a quienes explotan la selva sorteando las leyes. Echó de sus puestos a veteranos ambientalistas para sustituirlos por policías militares al frente de los organismos encargados de la protección del medio ambiente, los indígenas y la biodiversidad.
El presidente ha cumplido sus promesas de no demarcar un solo centímetro más de reservas ecológicas o tierras indígenas y el Congreso tramita un proyecto de ley para legalizar la minería en tierras que ahora son legalmente intocables para la explotación comercial.
La imposición de multas por delitos contra el medio ambiente se ha desplomado en los últimos años. Las medidas que ha ido adoptando el Gobierno, ante las presiones de otros países, los inversores y las ONG, no han reducido la deforestación ilegal ni mejorado demasiado su imagen en el extranjero. Brasil ha pasao de alumno ejemplar a villano ambiental en pocos años. El despliegue de miles de soldados fue caro e ineficaz para frenar el aumento de la deforestación como indica el balance.
El ministro de Medio Ambiente sostiene que los números conocidos este jueves “no reflejan la actuación gubernamental de los últimos meses” con el despliegue, por ejemplo, de centenares miembros de la Guardia Nacional. El Gobierno Bolsonaro insiste en proclamar que no tolerará ilegalidades en la Amazonia pero lo cierto es que basta ir hasta allí para ser testigo de la velocidad a la que avanzan la deforestación, la ocupación de tierras con ganado, las invasiones de mineros ilegales en tierras indígenas, etcétera.
