En la recta final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la defensa de la competencia y la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México han tomado una ruta incierta luego de 31 años de un modelo que había puesto énfasis en la especialización y el rigor técnico.
Y es que las iniciativas presidenciales que plantean eliminar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y transferir sus funciones a secretarías de Estado, en conjunto con la iniciativa de reforma judicial —que no aclara la continuidad de los tribunales especializados del sector— plantean serias dudas sobre la capacidad a futuro del Estado mexicano para garantizar una regulación robusta, técnica y predecible, opinan analistas.
Un primer riesgo es una posible sangría de capital humano altamente especializado que hoy han consolidado la Cofece y el IFT, comenta Javier Núñez Melgoza, especialista en competencia económica y regulación y socio director de Ockham Economic Consulting.
De concretarse la disolución de la Cofece y del IFT, sus funciones pasarían a la Secretaría de Economía (SE) y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), respectivamente, según establece la iniciativa de reforma constitucional dictaminada este 23 de agosto en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Eso significa que estas secretarías no podrán ofrecer las mismas remuneraciones que hoy perciben los funcionarios de la Cofece y del IFT, que hoy, al igual que sucede con otros órganos autónomos, pueden llegar a ser más altas que en las instancias de la Administración Pública Federal (APF).
“Los órganos autónomos han logrado preservar los niveles salariales que tenían previo a las reformas que topan los sueldos de la APF. Entonces en el momento en el que se pasen a esta se van a tener que plegar a los tabuladores de Economía y de la SICT, que son más bajos, y el problema que se generará es la pérdida de talento”, opinó Núñez.
Desde su punto de vista, la permanencia de personal de especializado es clave, pues es lo que realmente garantiza el buen funcionamiento de las instituciones, independientemente de que tengan o no autonomía constitucional.
“La autonomía no lo resuelve todo. Hay agencias que funcionan bien sin ser autónomas. Por ejemplo, los entes de competencia de Estados Unidos no son autónomos y sus titulares están claramente politizados, pero el cuerpo operativo se mantiene y de ahí su solidez”, dijo Núñez, quien fue comisionado de la Cofece entre 2013 y 2016.
Por otro lado, el modelo actual cuenta con un riguroso proceso de selección de comisionados mediante un comité técnico conformado por personal del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y del Banco de México, el cual podría perderse.
“Hoy hay un mecanismo de selección de comisionados, perfectible, pero que garantiza que la gente que está ahí pasó evaluaciones y tiene un perfil técnico. Con el cambio de modelo eso no está garantizado”, alertó Javier Núñez.
La reconfiguración de las autoridades de competencia y de telecomunicaciones bajo la SE y la SICT aún es una incógnita y la iniciativa de reforma deja más dudas que respuestas.
Las funciones podrían ser retomadas por una jefatura de unidad, una dirección general o, incluso, podría regresar el modelo de órganos desconcentrados de antes de 2013, que tutelaban las extintas Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
También se ignora si la autoridad de telecomunicaciones retendrá las facultades de defensa de la competencia en su sector, como ocurre hoy con el IFT.
Pero sea cual sea el modelo que se elija, preocupa que los incentivos no estén alineados para una actuación imparcial.
“A veces en materia de competencia hay que tomar decisiones que no son populares y dejarlas en manos de políticos tiene el grave riesgo de que sean de corto plazo, para atender las próximas elecciones”, comenta Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), capítulo México.
Más aún, el que una secretaría, que forma parte de la administración pública federal, investigue y castigue prácticas de abuso de poder de mercado de las empresas estatales también plantea el problema de ser juez y parte.
“Hay un conflicto de interés por parte del gobierno central si regula a sus propias empresas. Como ente autónomo la Cofece ha sancionado a Pemex y ha emitido opiniones adversas a la política de la CFE y otras paraestatales”, dijo Flores Bernés, quien fue comisionado de la extinta Cofeco.
Otro posible golpe para la certidumbre regulatoria, no menor, viene de la iniciativa de reforma judicial, que establece que jueces y ministros federales deberán ser electos por voto popular, lo cual podría abrir la puerta a juzgadores sin la solvencia técnica para conocer de los casos de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión.
Es más, la iniciativa no plantea si los juzgados especializados en estas materias se mantendrán. “Si perdemos la autonomía de los órganos de competencia y tenemos jueces que no tengan estos conocimientos especializados estamos en una situación muy, muy grave”, afirmó Flores Bernés.
