¿Cómo informar ante un conflicto social? ¿Nos ponemos del lado de la inversión privada, clave en un país con carencias y falta de empleo, y criminalizamos a los que protestan? ¿O, más bien, del lado de las comunidades, y acusamos a las mineras de contaminarlo todo? En ninguno de los dos. Además de cubrir el impacto de un cierre de minas en la economía nacional y el mercado financiero, también es importante entender las causas del rechazo de los pueblos a algunas mineras, sobre todo cuando de por medio hay informes técnicos que arrojan presencia de metales en el agua que consumen esos pueblos.

El anuncio de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, de hacer cumplir la programación de cierre de cuatro proyectos mineros, generó una reacción de los mercados financieros local e internacional que fue ampliamente cubierta por los principales medios y algunos analistas.

Aunque la noticia cayó como un rayo inesperado, el cierre de los proyectos era demandado por los frentes de defensa y las comunidades de tres provincias del sur de Ayacucho desde hace dos años, a través de extensos memoriales y escritos enviados al Ejecutivo y el Congreso, sin respuesta ni interés de los despachos capitalinos, como lo informó Epicentro Tv el 30 de octubre pasado. En un país con 84 conflictos sociales que tienen que ver con actividades mineras, de un total de 198, lo ocurrido en el sur de Ayacucho pudo preverse.

Las mineras y la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo denunciaron la decisión del gobierno por considerarla ilegal y atentatoria contra las inversiones y la estabilidad jurídica. El domingo, el presidente del gremio empresarial, Pablo de la Flor, fue entrevistado ampliamente por Epicentro y dejó sentada su posición.

Pero, si los proyectos de hoy son modernos y las empresas aplican procesos con tecnología de punta y no contaminante, ¿qué explica el rechazo y la desconfianza que tienen las comunidades hacia las compañías mineras Apumayo SAC, Ares SAC y South America Mining Investments, las titulares de los cuatro proyectos en cuestión? La respuesta es la calidad del agua.

Teniendo en cuenta que los proyectos se desarrollan en cabeceras de cuenca, quienes habitan en las comunidades de las tres provincias del sur ayacuchano –Parinacohas, Lucanas y Páucar del Sara Sara–sostienen que la calidad de sus fuentes de agua se ha visto afectadas por la actividad minera. Basan su rechazo en los documentos técnicos de dos entidades oficiales que han analizado la calidad del agua y han encontrado metales pesados.

El primero es un informe técnico del Ministerio de Salud que contiene los resultados de una evaluación realizada al agua que consumen los pueblos del sur de Ayacucho, y el otro, un informe técnico de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, con las conclusiones de varios monitoreos realizados a cuencas, ríos, quebradas y riachuelos ubicados en el ámbito de acción de las mineras.

Ambos informes concluyen que hay muestras de agua con metales pesados y contaminantes por encima de los niveles permitidos.

Ello no significa que los cuatro proyectos mineros sean los responsables de la presencia de esos metales. Significa que los peruanos que viven en esas comunidades creen que las mineras han contaminado el agua. Para determinar las causas, se requiere nuevos estudios.

Para este reportaje remitimos las partes principales de ambos informes técnicos a los gerentes de la minera Apumayo, titular del proyecto minero del mismo nombre, y de Minera Ares, titular de los proyectos Inmaculada y Pallancata. Solicitamos su pronunciamiento sobre las conclusiones de los informes. Apumayo se excusó por no responder señalando no contar en su sistema con los documentos. Ares nos remitió una ayuda memoria con alcances de un estudio hecho en el 2018 (ver líneas abajo). No pudimos lograr comunicación alguna con la empresa South America Mining Investments, propietaria del proyecto Breapampa, pese a los esfuerzos realizados.

El informe del Minsa

El documento que contiene el análisis sobre la calidad del agua para consumo humano es el Informe Nº 2060-2021/Dcovi/Digesa, de seis páginas, que está firmado por la jefa del Equipo de Metales Pesados de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud. Fue elaborado, como indica el “asunto”, en “cumplimiento de los acuerdos y la agenda de la Mesa de diálogo” entre los frentes de defensa de las provincias del sur de Ayacucho y el gobierno central.

Recoge, a su vez, los principales hallazgos de un informe realizado este año por la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ayacucho, que efectuó monitoreos de calidad de agua para consumo humano en 68 centros poblados de las tres provincias del sur de Ayacucho: Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara.

La conclusión es que en 6 centros poblados de Lucanas, 5 centros poblados de Parinacochas y 8 centros poblados de Páucar del Sara Sara, se “evidencia la presencia de arsénico en el agua para consumo humano que excede el límite máximo permisible del Reglamento del Agua para Consumo Humano aprobado con el Decreto Supremo Nº 031-2010-SA”, del Ministerio de Salud.

El informe de la ANA

El segundo documento es el Informe Nº 0173-2021-ANA-DARH, elaborado el 16 de setiembre pasado por la Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, que contiene los resultados de monitoreos de calidad del agua realizados en los ámbitos de las cuatro unidades mineras contra las que se oponen las comunidades.

 

En lo que respecta al ámbito del proyecto Apumayo, la ANA tomó muestras en dos riachuelos, dos quebradas y un río. Sus hallazgos fueron estos:

Riachuelo Itaña Chayocc: Cuatro monitoreos entre el 2015 y 2016. Los parámetros obtenidos de aluminio, manganeso, oxígeno disuelto, potencial de hidrógeno y cobalto transgredieron los estándares de calidad ambiental.

Riachuelo Cceñahuaycco: Tres monitoreos realizados entre el 2018 y 2019. Los parámetros de oxígeno disuelto y potencial de hidrógeno transgredieron los estándares de calidad ambiental para agua para riego y consumo de animales.

Quebrada Auquiato: Cinco monitoreos, del 2017 al 2020. Se presentó parámetros no acordes a la normativa ambiental en manganeso, oxígeno disuelto, potencial de hidrógeno, aluminio y cobalto.

Quebrada Huamanoma: Dos monitores, entre 2017 y 2018. Se registró parámetros no acordes a los estándares de calidad ambiental por presencia de oxígeno disuelto, potencial de hidrógeno, aluminio, cadmio, cobalto, hierro y manganeso.

Río Yauca: Cinco monitores entre 2017 y 2020. Se registró manganeso en todos los monitoreos, así como aluminio y boro, y con menor frecuencia hierro, potencial de hidrógeno, arsénico, coliformes termotolerantes (por actividad humana) y escherichia coli.

En cuanto a la zona de influencia de la Unidad Minera Breapampa, de la empresa South America Mining Investments, se hicieron ocho monitoreos en la Quebrada Japaque, sin embargo, sólo el potencial de hidrógeno (ácido) y de fósforo total registraron transgresiones a la normativa ambiental.

En otro punto hubo tres monitoreos, pero por el escaso flujo de agua se registró como único parámetro transgresor de la norma ambiental la presencia de potencial de hidrógeno (básico).

En el ámbito del proyecto Inmaculada, de la empresa minera Ares, se aplicaron dieciséis monitoreos en tres quebradas.

Un monitoreo en la Quebrada Languiña en el 2019, en donde se identificó transgresiones a los estándares de calidad del agua por potencial de hidrógeno (ácido) y fósforo total.

Ocho monitoreos en la Quebrada de Patarí, en donde se presentó parámetros no acordes a la normativa ambiental por la presencia de potencial de hidrógeno ácido, fósforo total, aluminio y manganeso.

Y siete monitoreos en la Quebrada de Huamancute, en donde se observó transgresiones puntuales a la normativa ambiental por la presencia de potencial de hidrógeno ácido, fósforo y plomo.

Finalmente, en la zona de influencia del proyecto Pallancata, también de la empresa Ares, hubo monitoreos en dos ríos, aunque no se precisa la cantidad.

La ANA indica que en el río Cusama se presentó fluctuaciones de potencial de hidrógeno, con registros de acidez en tres períodos y alcalinidad en un período, así como presencia de fósforo total que transgredió la normativa.

Y en el río Suyamarca se presentó acidez y presencia de fósforo total que transgredió la normativa ambiental durante en dos monitoreos realizados en el 2019.

La empresa Ares remitió el lunes una ayuda memoria sobre un informe realizado por la Diresa Ayacucho en el año 2018, a raíz de un reclamo por presunta contaminación del agua en el poblado de Patarí, que forma parte de la zona de influencia del proyecto Inmaculada.

Según esta ayuda memoria, la Diresa “estableció claramente que la responsabilidad de los sistemas de captación corresponde a la Municipalidad Distrital de San Francisco de Rivacayco”, y que su informe “también concluye que las muestras de agua tomadas ‘aguas arriba’, es decir, donde se ubica la Unidad Minera Inmaculada, a más de 8 kilómetros de Villa Patarí, cumplen con los Límites Máximos Permisibles y Estándares de Calidad Ambiental”.

Los documentos que Epicentro ha publicado en este informe no son concluyentes, pero son los que han generado desconfianza en quienes se oponen a las actividades extractivas en esta parte del país. Es fundamental realizar estudios concluyentes. Los documentos expuestos en este informe periodístico ya están en poder de las autoridades centrales.

Desde diciembre del 2019, cuando se instaló la mesa de diálogo entre autoridades y dirigentes de las tres provincias sureñas de Ayacucho, y el gobierno central, se conoce que una de las principales demandas es el cierre programado de los proyectos mineros. Las actas suscritas –que también tenemos– así lo evidencia. ¿Qué diálogo serio hubo desde entonces entre sociedad civil, gobierno y empresas? Este portal periodístico no tiene evidencia de ninguno. Y ahora que las cosas están nuevamente a punto de salirse de control, y que la continuidad de los proyectos mineros corre peligro, cunde la indignación y la “sorpresa”. Como si esto no hubiera sido un conflicto avisado.

Tomado : Epicentro TV.