Tres jóvenes profesionales, dos ingenieros y una topógrafa perdieron la vida el viernes 6 de setiembre en Sullana, a manos de sicarios de bandas criminales dedicadas a la extorsión en obras de construcción. Ese mismo día y los siguientes, cuatro personas, dos de ellos jóvenes, fueron asesinados en Lima Este, Lima Centro y Lima Norte. Uno de los asesinatos fue a pocas cuadras de la comisaría del sector y otro, dentro de un centro comercial, siendo grabado por las cámaras de seguridad. En todos los casos estamos ante la acción desatada del crimen organizado, motivado por el afán de enriquecimiento a costa de la libertad y la vida de otras personas, alentado por la legislación recién emitida por la mayoría de congresistas en favor de las organizaciones criminales y por la inacción del Ministerio del Interior.
Cabe recordar que, al inicio de dicha semana, antes del cambio de ministros, preguntaba si debe irse el ministro del Interior para detener la violencia ciudadana. Concluía que las decisiones que podrían liberarnos de las extorsiones requieren de un nuevo liderazgo, que a su vez requiere que como ciudadanos y ciudadanas sumemos al pedido de un cambio radical en la conducción del sector Interior.
Lamentablemente, se cambiaron 4 ministros para que nada cambie en los aspectos centrales de nuestras vidas: nuestra seguridad, nuestra salud, nuestra educación, nuestra alimentación, nuestra economía. Respecto de nuestra seguridad, el mantener al ministro Santivañez, a pesar de haberse evidenciado que trabaja en favor de criminales en el poder, así como su incompetencia en relación con el aumento de la violencia de extorsionadores a niveles insoportables, empieza a generarle consecuencias a Dina Boluarte: en Sullana la ciudadanía indignada le expresó su malestar por su inacción e indolencia ante el sicariato, extorsión y asesinatos que se padecen en dicha provincia de Piura. Esas acciones de rechazo ciudadano son la concreción del derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional referido en el artículo 46 de la Constitución. En efecto, allí se prescribe lo siguiente:
“Artículo 44.-Deberes del Estado. Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.”
Es evidente que la presidenta de la República está incumpliendo dichos deberes. Es más, también está incumpliendo con ejercer atribuciones de su cargo, especificadas en el artículo 118 de la Constitución, tales como: “1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales; 4. Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República.” Al contrario, está dedicándose a su enriquecimiento personal y a encubrir organizaciones criminales enquistadas en el Poder Ejecutivo, como la de su hermano, “los wayquis en la sombra”, dedicada a traficar influencias con cargos de prefecturas y subprefecturas. Peor aún, para lograr la impunidad propia y de sus allegados, está debilitando a unidades especializadas policiales para luchar contra delitos de alta complejidad, como la DIVIAC. Es más, un valiente policía, especializado en dicho tipo de delitos, detalló cómo el ministro del Interior Santiváñez sabía del uso de un vehículo al servicio de la presidencia de la República, para encubrir a otro delincuente, Vladimir Cerrón, sentenciado por delitos de corrupción e investigado por otros. Dicha situación es el supuesto de otro párrafo del mencionado artículo 46 de la Constitución: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes.” Ningún servidor público debía obediencia a la orden de usar ese vehículo para cometer un delito de obstrucción a la justicia, como tampoco a las órdenes de disparar contra ciudadanos y ciudadanas que protestaban el año pasado y antepasado.
En ese contexto, dentro de la tragedia de ver a nuestros jóvenes morir a manos de violentos, ya sean operadores del régimen o extorsionadores que este favorece con su acciones legislativas y ejecutivas, es alentador que cada vez más personas reaccionen, en distintos lugares de nuestro país.
Sin embargo, ya empiezan a aparecer mensajes para manipular la legítima indignación ciudadana para promover falsas soluciones: más estados de emergencia que no han servido para nada, menos derechos para todas las personas (de eso se tratan los pedidos de salirnos del sistema interamericano de derechos humanos, al igual que Venezuela) o aumento de penas. Sobre lo mentiroso de esto, un ejemplo: desde el 2015 el delito de sicariato está en el artículo 108 C del Código Penal, “con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años” y “con cadena perpetua si se realiza … Para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal … Cuando en la ejecución intervienen dos o más personas (o) … Cuando las víctimas sean dos o más personas”. Estos supuestos se han dado en todos los asesinatos cometidos por extorsionadores en este mes y los anteriores. Es decir, las máximas penas no han disuadido a ningún sicario de cometer sus delitos.
¿Qué es lo que sí funciona?
- Contar con policías, fiscales y jueces especializados y coordinados;
- que cuenten con equipos para la investigación adecuados;
- con instrumentos legales para facilitar llegar a las cabezas (como la colaboración eficaz también atacada por la mayoría congresal fujicerronista );
- con unidades policiales y despachos fiscales que den protección efectiva a las personas que denuncien las extorsiones, protección incluso contra los agentes delincuenciales infiltrados en sus instituciones.
- Tomarse en serio el delito de posesión ilegal de armas de fuego y a procederse, luego de acopiar información precisa, a redadas con comisos en las zonas donde campea la extorsión. Usando la colaboración eficaz para llegar a los proveedores de las armas.
- Controlar las prisiones para que dejen de ser base de operaciones de las bandas de extorsionadores. Y al contrario, sean fuente de información para llegar a las cabezas y cortar sus conexiones.
Ese paquete de medidas puede implementarse en este año, incluso los cambios legislativos. De cara a la depuración de elementos cómplices de la delincuencia en la Policía y en la magistratura, ya sea por penetración de las organizaciones criminales o por displicencia en su combate. La construcción de una nueva Policía y las reformas en la magistratura requerirán de varios años; pero las líneas de acción indicadas pueden ser la base para combatir y contener las extorsiones desde ya.
