Ratificamos lo que hemos venido sosteniendo: el Gobierno respeta el estado de derecho, no hay vulneración de la seguridad jurídica ni cierres unilaterales”, enfatizó en su cuenta de Twitter.
Precisó, además, que el Estado asume la función de fiscalizar los procesos de cierre de las minas y el control ambiental acorde a los marcos legales.
Vásquez brindó estos alcances al comentar la reciente declaración de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el diálogo sostenido con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
En dicho documento, se indica que el el Gobierno busca promover un nuevo enfoque para el relacionamiento activo y positivo entre las empresas mineras y las poblaciones de las áreas de influencia.
Este enfoque tiene por objetivo atender las preocupaciones de las comunidades y el cuidado del medio ambiente.
Además, descarta el cierre unilateral de operaciones mineras y reafirma su absoluto e irrestricto respeto a los derechos fundamentales, al marco constitucional y legal vigente y a la libertad de empresa.
