A pesar de que estamos en medio de una tragedia nacional, con más de 28 mil hectáreas destruidas, incluyendo las del hábitat de especies en peligro de extinción como el oso andino y el mono de cola amarilla, y 10 personas fallecidas, por incendios forestales que en el 98% se originan en actividades humanas[1], en Lima el Gobierno estuvo concentrado en rendirle homenajes al último dictador del siglo XX. Lamentablemente, esto no sorprende de quien actúa como la primera dictadora del siglo XXI, que ha demostrado indolencia ante muchas tragedias personales causadas por sus acciones y omisiones, incluyendo su ya comentada inacción ante el avance de extorsionadores. Lo que sí sorprende es lo numeroso de las personas ajenas a los círculos fujimoristas que acudieron a tales homenajes.
Ver a personas de apariencia humilde cerca de ministros, congresistas y abogados del fujidinismo me hizo acordar un episodio en Huánuco con un joven líder de Aucayacu, en la década pasada: el joven contó que apreciaba a Fujimori porque en su niñez le había regalado unas zapatillas antes de partir en helicóptero tras una rápida visita a su centro poblado. Aunque los otros jóvenes se burlaron, había verdad en el relato: el dictador fue un aplicado practicante de técnicas de manipulación masiva y selectiva desarrolladas por las dictaduras con arraigo popular que lo habían precedido en el siglo XX, entre las que la presencia directa y cercana a la gente en lugares desatendidos por el Estado, ocupó un lugar central. Su relación con las personas siempre fue reemplazando sus derechos por dádivas, buscando aparecer como el único proveedor de servicios y bienes básicos – alimentos, ropa donada, agua potable, agua para riego, infraestructura vial, educativa y de salud – en el campo y como el protector de habitantes atemorizados por las organizaciones terroristas de finales de siglo. El dictador supo acompañar su estilo personal de una nueva institucionalidad estatal.
En materia de seguridad, luego de la captura de la cúpula de Sendero Luminoso por un grupo especial de inteligencia de la Dirección contra el terrorismo de la Policía Nacional, que operaba desde antes de su gobierno, desplazó a estas unidades y puso en el centro de su estrategia al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), facilitando la permanencia de dicha organización terrorista en territorios acotados en el Alto Huallaga y el VRAEM, en alianza con organizaciones de narcotráfico, al tiempo que el propio SIN desarrolló sus propios vínculos con ellas. Y empoderó al grupo militar “Colina” para ejecuciones extrajudiciales, al tiempo que continuó la estrategia de la Fuerzas Armadas iniciada una década antes de armar campesinos para enfrentarlos contra las columnas subversivas.
En atenciones a la gente, generó el Fondo de Compensación para el Desarrollo Social (FONCODES), que distribuía dinero público a “núcleos ejecutores” en comunidades para pequeñas obras como piletas de agua, vías rurales o muros. Complementado en los campos con el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHS), para diversas obras de riego. Y en las ciudades con el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) para proveer a organizaciones populares. La construcción de colegios y establecimientos de salud fue encargada al programa de Infraestructura Educativa y de Salud (INFES). Y buscó estar presente en la mayor cantidad de inauguraciones posibles. Para las personas que participaron en esos actos, la experiencia de un presidente de la República que además del acto oficial, regalaba algo (varias veces ropa donada en otra operación de corrupción) importó más que años después todas las obras acabaran destruidas por la corrupción que las carcomía por dentro.
Cuando se restauró la democracia todas esas entidades fueron reemplazadas por otras; pero, aunque descendió la corrupción, su impronta asistencialista y clientelista, además de su falta de articulación con proyectos productivos, continuó. Hoy, la construcción de un nuevo orden democrático implicará una nueva institucionalidad en la que las entidades de seguridad y de desarrollo, fomenten el ejercicio de derechos ciudadanos en todas sus fases. De esa manera será inviable que cualquier autoridad ilusione a un niño o niña con algo que por derecho humano, le corresponde.
[1] Según el director de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales del Territorio del Ministerio del Ambiente: https://www.rcrperu.com/incendios-forestales-han-afectado-a-mas-de-28-mil-hectareas-en-el-2024/
