No hay garantías del debido proceso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales delega las acusaciones contra el presidente del JNE a dos congresistas del coro fraudista, mientras la Comisión de Constitución apura la ley que hará intocable las acusaciones constitucionales del Congreso.
El Congreso prepara las condiciones para aprobar dos acusaciones constitucionales contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, y dar luz verde a una ley que le impida recurrir al sistema judicial para defender sus derechos.
Los informes finales de esas denuncias constitucionales están en manos de dos congresistas que pertenecen al coro fraudista. El lunes 23, la presidenta apepista de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), María Acuña, encomendó esa responsabilidad a sus colegas Diego Bazán (Renovación Popular) y Héctor Ventura (Fuerza Popular).
Delegados sesgados
Bazán es el ponente en una imputación por presunta colusión. Este caso parte de una denuncia constitucional que presentó su colega Rosselli Amuruz (Avanza País) por la contratación del politólogo Fernando Tuesta en el JNE.
Las declaraciones ante la prensa del parlamentario de Renovación Popular evidencian su animadversión contra el magistrado Salas Arenas.
El 1 de agosto del 2022, declaró en RPP que “falta transparencia” en el JNE y que debe haber “una reingeniería total comenzando por el señor Salas Arenas”. El 5 de enero del 2023, le pidió públicamente que renuncie junto con el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. “Les pediría que den un paso al costado y demuestren que quieren garantizar la transparencia del proceso (de las próximas elecciones generales)”, dijo.
En el otro caso, el fujimorista Ventura tiene a cargo la indagación de una denuncia constitucional por presunta negociación incompatible. El caso se basa en la versión del exjuez Walter Ríos, quien en su testimonio ante el Ministerio Público (MP) manifestó haberse sentido presionado por el magistrado Salas Arenas con la recomendación de su exasesor Pavel Vladimir Cárdenas en la Corte del Callao. Salas ha rechazado esa afirmación.
Esta controversia fue vista en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Salas Arenas presentó sus argumentos para desmentir a Ríos. El caso luego pasó al archivo.
El problema es que el congresista Ventura tiene una posición marcada contra el presidente del JNE y la JNJ. Basta revisar su cuenta de X para corroborarlo.
En mayo, ‘Punto final’ reveló que el empresario Salatiel Marrufo declaró ante el Ministerio Público que Perú Libre fue favorecido en los comicios del 2021. El JNE rechazó esa afirmación.
Ventura calificó el pronunciamiento como un “descaro de Salas Arenas”. “Usa la cuenta del JNE para defenderse, no por dichos de Keiko Fujimori, sino de colaborador eficaz que indica que buscó perjudicar a Fuerza Popular en las elecciones”, tuiteó el 19 de mayo.
El 24 de junio pidió a la Comisión de Fiscalización que investigue las declaraciones de Marrufo.
Cuando los delegados no garantizan imparcialidad, los investigados pueden recusarlos para que sean apartados del caso. Sin embargo, eso no garantiza que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acepte el pedido.
El abogado constitucionalista Omar Cairo recordó que el magistrado Salas Arenas no debería ser sometido a un proceso de antejuicio político debido a que el artículo 99 de la Constitución no contempla que las autoridades electorales sean pasibles de acusación constitucional.
“El hecho de que se realice un antejuicio o juicio político contra un funcionario que no está en el artículo 99 lo habilita a interponer una demanda de amparo contra la resolución de ese proceso”, sostuvo Cairo.
Blindar acusaciones
En el Congreso se han anticipado a ese escenario con una ley que cambiaría el desenlace a favor de sus acusaciones.
El presidente fujimorista de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, ha anunciado que la próxima semana el Pleno debatirá el proyecto de ley que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional.
Ese dictamen señala que las acciones de control político del Congreso, como las acusaciones constitucionales, no pueden ser revertidas en el sistema judicial y que los jueces deben rechazar tramitar las demandas de amparo.
Cairo alerta de que esa ley también busca impedir que el magistrado Salas pueda cuestionar una eventual acusación del Congreso. “Si se establece la improcedencia del amparo, lo dejan sin protección al funcionario y se está procediendo a la transgresión”, recalcó.
De esta manera —lamentó Cairo—, el Congreso “se está poniendo al margen de la Constitución”.
Fuente: La República
