Uno de los grandes retos que afronta Europa en los próximos años es el envejecimiento de su población. La coyuntura no solo pone contra las cuerdas sus sistemas de pensiones o el relevo de profesionales en el mercado laboral, sino que añade una presión extra a la deuda pública que, a su vez, podría derivar en mayores niveles de gasto público y menor un crecimiento de la economía. El envejecimiento de la población costará a la UE el equivalente al 2% de su PIB.
Así lo evidencian las estimaciones del think tank Bruegel. Su análisis sobre el impacto del envejecimiento sobre la deuda comunitaria arroja cierta negatividad sobre las perspectivas fiscales, “para la media de países de la UE, el aumento del coste de envejecimiento requeriría un ajuste adicional del 2% del PIB entre 2024 y 2052, en las partidas presupuestarias no relacionadas con el envejecimiento”.
“La mala noticia es que, en los países con costes de envejecimiento crecientes, entre los que se encuentran casi tres cuartas partes de los miembros de la UE, el ajuste fiscal en el presupuesto no relacionado con el envejecimiento tendría que continuar después del periodo inicial de ajuste de cuatro a siete años”, apunta el informe en relación a los planes fiscales que los países deben diseñar para poner su deuda y déficit en niveles inferiores al 60% y el 3% del PIB, respectivamente. Cabe recordar que este plan fiscal es es una hoja de ruta de los países ante Bruselas y la antesala de la entra en vigor de las nuevas reglas fiscales, que se aplicarán plenamente a partir de 2025.
Italia, Francia, Suecia, Finlandia, Lituania, Bulgaria y Croacia son los únicos países de la UE que se salvan de experimentar un aumento del gasto por envejecimiento.
“A menos que tales costes puedan controlarse, será necesaria una reasignación de gastos: de partidas no relacionadas con el envejecimiento a otras relacionadas con el envejecimiento, o nuevos incrementos de impuestos. Esta situación da lugar a un complejo esquema de ajustes en muchos países de la UE”, apunta el documento.
El informe proyecta diferentes niveles de ajuste en función de las posiciones fiscales de partida y las previsiones del coste del envejecimiento de cada Estado miembro. Así, Rumanía y Eslovaquia deberán elevar su saldo estructural primario más de un 5% entre 2024 y 2031. España se ubica en el grupo que debe aplicar un ajuste del 3%, junto con Polonia, Bélgica o Hungría.
