Durante la pandemia, numerosos países del Viejo Continente establecieron impuestos a los denominados a las grandes firmas por los “beneficios caídos del cielo“, con el objetivo de equilibrar la recaudación tributaria a través del gravamen a estos colosos, pertenecientes a sectores como la energía, que se lucraron de forma extraordinaria en aquel periodo. Posteriormente, Moncloa siguió por esta línea e implementó, en 2023, un impuesto temporal para las grandes fortunas. La tendencia se ha extendido en el Viejo Continente ya que Francia también está desarrollando un tributo temporal similar, mientras que en Italia trabajan para establecer un impuesto las compañías que han registrado beneficios extraordinarios durante estos últimos años de vaivenes económicos.
El gobierno italiano planea aumentar los impuestos a las compañías que han registrado más ganancias en los últimos años con el objetivo de reducir el déficit presupuestario. Así lo ha señalado el ministro de Economía Giancarlo Giorgetti recientemente, quien también ha asegurado que se encuentra buscando los posibles gravámenes que mejor se adapten a estas compañías. La idea, que implica una aplicación transversal a los diversos sectores de la economía, ha generado gran inquietud en la bolsa italiana, que ha caído más de un 1,50%, con Stellantis, Sapem y FinecoBank encabezando los descensos al ceder más de un 3%, en una sesión marcada también por la violencia en Oriente Medio.
Las declaraciones de Giorgetti, realizadas en conversaciones con Bloomberg, se producen un año después de que intentara aplicar un impuesto extraordinario a la banca, lo que generó el espanto en los parqués transalpino, desatando las ventas y generando grandes caídas bursátiles. Sin embargo, Roma quiere equilibrar su déficit presupuestario, y Giorgetti ha vuelto a la carga, utilizando un lenguaje que busca, por un lado, ganarse el relato frente a la ciudadanía y, por otro, evitar una reacción furibunda de los grandes empresarios transalpinos. Así, el ministro ha asegurado que el gobierno aprobará “unas cuentas que requerirán sacrificios por parte de todos, tanto a individuos como a empresas medianas, pequeñas y grandes.
Además, Giorgetti justificó sus intenciones alegando que la Constitución reconoce en su artículo 53 que “todos deben contribuir a las cuentas públicas en base a su capacidad contributiva“. “Cuando el país está llamado a cumplir un esfuerzo, nosotros por nuestra parte recortaremos muchos gastos y trataremos de economizar y ser eficientes, pero también invitaremos a quienes puedan poner de su parte, como dice la Constitución. Esto no significa gravar los beneficios extras sino hacerlo más justamente”, afirmó. Adicionalmente, otras informaciones apuntan a que Roma está dispuesta a aumentar los impuestos indirectos especiales al carburante para equiparar a la gasolina con el gasóleo.
El ministro de fianzas ha apuntado concretamente a las compañías que se han lucrado al calor de los elevados tipos de interés, señalando de forma velada a la banca, indicando que estas firmas deben hacer una contribución mayor a las arcas públicas. Con este movimiento, Italia se suma a un giro que va tomando forma en Europa Occidental, y que se centra en el incremento de los tributos a quienes más tienen. En este sentido, Emmanuel Macron ha mostrado recientemente su apoyo a los impuestos “temporales” sobre las grandes firmas, aunque ha indicado señalado que debería tener un carácter limitado.
Estas declaraciones se producen en un contexto en el que el gobierno encabezado por el conservador Michel Barnier está elaborando los presupuestos para el próximo año. El ministro encargado de esta tarea, Laurent Saint-Martin, señaló que esta tasa se aplicaría sobre las rentas que tributen más de 500.000 euros anuales, es decir, 65.000 personas en suelo francés, el 0,3% de los 20 millones de contribuyentes galos que pagan el impuesto sobre la renta. Por otro lado, esta medida se produce después de que se hayan aplicado importantes bajadas de impuestos entre 2018 y 2023 que han impedido a las arcas públicas galas recaudar 62.000 millones de euros, según señaló la Cour des comptes de Francia en un informe publicado en julio de 2024.
