Una reciente ola de cambios en las normas judiciales y económicas ha servido para recordar lo impredecible que puede ser operar en América Latina, lo que ha reducido el atractivo de la región para los inversionistas extranjeros, cansados después de años de rendimientos inferiores a los esperados.
El peso mexicano pasó de la mejor a la peor moneda del mundo en medio de una profunda reforma del sistema judicial del país que, según sus críticos, corre el riesgo de erosionar la democracia. En Brasil, la prohibición de la red social X, de Elon Musk, provocó la reacción de nombres como el veterano Mark Mobius, quien dijo que el país “debe actuar con cuidado” para asegurar que no ahoga la inversión extranjera. Y en Chile, los planes de un cambio legislativo que están sacudiendo el sector de las energías renovables podrían terminar poniendo en tela de juicio todo el marco regulatorio del país.
Los inversionistas de mercados emergentes no son ajenos a los cambios en las reglas del juego: la decisión de Dilma Rousseff de obligar a las empresas de servicios públicos de Brasil a bajar las tarifas, la cancelación en México de un aeropuerto en plena construcción y la nacionalización de la petrolera YPF SA en Argentina son solo tres ejemplos destacados. Las decisiones legislativas y jurídicas controvertidas y de gran repercusión tampoco son nada nuevo: incluso en el mundo desarrollado, se han cuestionado sentencias recientes de la Corte Suprema de Estados Unidos por estar demasiado politizadas.
Pero dada la historia de volatilidad política de América Latina y la plétora de riesgos que van desde el deterioro fiscal hasta las preocupaciones por la política económica, se corre el riesgo de que los inversionistas globales tengan una razón más para buscar oportunidades en otros lugares.
Este tipo de acontecimientos “pueden tener un impacto enorme en la rentabilidad, ya se trate de nacionalizaciones o de los esfuerzos por ampliar los límites presidenciales o la composición de los tribunales”, señala Carmen Altenkirch, analista de Aviva Investors en Londres. “Los inversionistas estarán muy atentos al próximo país en riesgo”.
Si bien es difícil determinar el impacto exacto de las disputas legales —el peso mexicano también se ha visto sacudido por la liquidación de operaciones de carry trade, mientras que el real brasileño ha caído una y otra vez debido a las preocupaciones sobre el gasto público—, es otra mella en unos mercados que continuamente han perdido la simpatía de los inversionistas extranjeros, cansados de la volatilidad y los bajos retornos de la región.
Cuatro de las cinco monedas con peor desempeño en los mercados emergentes este año son latinoamericanas. Los mercados bursátiles de México y Brasil están a la zaga de la mayoría de sus principales homólogos en términos de dólares, y han experimentado una escasez de salidas a bolsa durante al menos los últimos tres años. La ponderación de la región en los índices de referencia de acciones globales MSCI se ha reducido a una fracción de lo que era hace dos décadas.
Tal vez uno de los ejemplos más claros de la incertidumbre jurídica que afecta últimamente a la región es el de Panamá, donde el año pasado las protestas obligaron al gobierno a paralizar una mina de cobre de US$10.000 millones.
La mina, que representa alrededor del 5% del producto interno bruto de Panamá y es propiedad de la canadiense First Quantum Minerals Ltd., se vio afectada por la reacción de los críticos, que afirmaban que el contrato de explotación socavaba la soberanía nacional del país sobre sus derechos mineros. First Quantum reclama una indemnización del gobierno en el marco de un proceso de arbitraje más amplio.
El último descalabro se produjo en México. Tras impulsar lo que parecía ser un repunte imparable de la moneda, los operadores se precipitaron a salir después de que las elecciones de junio dieran al partido Morena una amplia mayoría legislativa para sacar adelante reformas.
La principal preocupación era la reforma al Poder Judicial, que contemplaba el reemplazo de todos los jueces —incluidos los de la Suprema Corte de Justicia— por magistrados elegidos por voto popular. Según sus críticos, el cambio, que fue aprobado por ambas cámaras del Congreso en cuestión de días, podría acabar erosionando los controles del poder y perjudicando a las empresas privadas frente a un gobierno nacionalista.
“México finalmente lo logró: lo volaron todo”, señalaron el miércoles en una nota los estrategas de Macquarie Thierry Wizman y Gareth Berry. “Nos preocupa la posibilidad de una caída de la IED, pero también de que no se renueve el T-MEC en su próxima revisión. También nos preocupan las divisiones sociales que esto puede causar o exponer. Gran parte de las pérdidas del peso mexicano serán permanentes”.
El peso se ha desplomado un 13% frente al dólar desde las elecciones de junio, la peor moneda de mercados emergentes en ese lapso. Está cerca de borrar todas las ganancias logradas desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en 2018, un avance que le había valido el apodo de “superpeso”.
“Eso es lo primero en la lista de lo que importa”, señaló sobre la reforma judicial de México Ted Mann, analista sénior de mercados emergentes de Ariel Investments en Nueva York. “Tiene sentido poner una prima de riesgo más alta en los activos mexicanos debido al riesgo de que esto sea, en última instancia, el comienzo de la decadencia institucional y la consolidación del poder que, en última instancia, empeorará el panorama institucional para los inversionistas extranjeros”.
Los inversionistas también están atentos a Chile, donde el gobierno del presidente Gabriel Boric intenta cambiar un mecanismo de fijación de precios para los pequeños generadores de electricidad que se supone que estará en vigor durante otra década. La medida, que llega en un momento en que el país busca fondos para todo, desde hospitales hasta su fuerza policial, pone en peligro un sector que ha atraído miles de millones de dólares de inversión, principalmente en energía solar.
Los cambios propuestos podrían allanar el camino para medidas similares en otros sectores, indicó S&P Global Ratings en un informe el mes pasado, agregando que “muy probablemente cambiaría nuestra percepción del marco regulatorio en Chile”.
En Brasil, el poder judicial, al que no le es ajeno el protagonismo, volvió a acaparar la atención en medio de una sonada disputa entre un juez y Musk. El conflicto, que terminó con el cierre de X en el país, puso a Brasil en el centro de una lucha mundial sobre la regulación de la libertad de expresión en Internet.
Si bien el bloque de X es más ruido que motor del mercado —la trayectoria de las cuentas fiscales y las tasas de interés del país siguen importando más—, es otra señal negativa para los inversionistas.
“Los gobiernos pueden argumentar que tales prohibiciones son necesarias para combatir la desinformación, proteger la seguridad nacional o salvaguardar los datos de los usuarios, todas razones válidas”, escribió Mobius en su sitio web. Pero “una prohibición total plantea importantes interrogantes sobre su impacto en las empresas, la confianza de los inversionistas y la imagen global de estos países”.
