El viernes 11 de octubre participé en un encuentro de líderes y lideresas de Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho, coincidiendo con el segundo día de paro de transportistas y comerciantes en demanda de la derogatoria de la Ley 32108. Uno de los expositores fue el dirigente de Huancayo responsable de la paralización total en esa ciudad. Esta paralización también se extendió a Lima Norte, Lima Este, Callao, Piura, Chiclayo, Cusco, Arequipa y Ayacucho, con un impacto económico estimado por la Asociación Automotriz del Perú en 230 millones de soles.
El impacto político se evidenció en la suspensión de clases, el recibimiento de los dirigentes de transportistas por líderes de las bancadas que han legislado en favor de la delincuencia organizada, y las sesiones extraordinarias del Congreso.
Sin embargo, la mayoría congresal insiste en mantener la Ley 32108, que crea un marco legal para la impunidad de extorsionadores y sicarios, entre otros delincuentes. El congresista Montoya ha sido claro al indicar que “Están poniendo una condición que no se puede cumplir, la gente va a estar afuera esperando algo que no se puede conseguir”. Por el contrario, el fujicerroacuñismo congresal impulsa normas que dejan aún más desprotegidas a las víctimas de violaciones a derechos fundamentales.
La semana pasada se publicó la Ley 32130, que quita la dirección del Ministerio Público de la investigación preliminar, en contravención de la Constitución, lo que en la práctica supone dar carta libre a los policías en las diligencias preliminares. Dada la alta incidencia de situaciones de corrupción policial, incluyendo casos de extorsión, esta ley podría empeorar la situación y aumentar la posibilidad de vicios de validez en las investigaciones.
Por su parte, el Ejecutivo insiste con su proyecto de “terrorismo urbano”, a pesar de la oposición de las principales víctimas de las extorsiones, quienes han advertido que este proyecto no ayudará a contener dicho mal y podría agravar la situación de quienes protesten contra acciones del régimen.
Esta situación está forzando a los afectados por las extorsiones y el sicariato a fortalecer su organización para movilizarse contra la coalición que sostiene el régimen de Dina Boluarte. Algunos voceros han convocado a una movilización más amplia, de carácter ciudadano y nacional.
Es importante notar que se trata de una lucha por la vida. Esta demanda podría agrupar a diversos sectores, incluyendo a quienes luchan por los bosques y el ambiente. La semana pasada, la inacción gubernamental ocasionó el asesinato del defensor ambiental Gerardo Kepiari en el Manu, Madre de Dios.
Además, la indolencia e incompetencia del régimen en los sectores Agricultura y Producción nos ha llevado a una grave inseguridad alimentaria que afecta a más de la mitad de la población, como lo ha confirmado recientemente el Banco Mundial. Por ello, las usuarias de las ollas comunes, para las que se destina menos de dos soles diarios, también tienen motivos para movilizarse.
En esta ocasión, a los empresarios y trabajadores transportistas se sumaron los comerciantes de mercados. Anteriormente, la Cámara Peruana de la Construcción y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil habían exigido conjuntamente lo mismo: derogar la Ley 32108, conocida como Ley pro crimen organizado.
Es crucial seguir sumando fuerzas, como se planteó en el encuentro de Huancayo. “Si no luchamos juntos, nos matarán por separado” se leyó en uno de los carteles de la movilización del jueves. De eso se trata, de unirse para acelerar el reemplazo del régimen actual por uno que recupere la función básica del Estado: garantizar la seguridad de las personas y las comunidades.
