El plan de Giorgia Meloni para controlar la migración ya está en marcha y este miércoles ha llegado a Albania el primer barco con 16 migrantes al centro de detención -hub, como eufemismo que se usa en Bruselas- hasta que se resuelvan sus solicitudes de asilo. Ese centro, de hecho, tendrá en principio una capacidad para 3.000 personas; la primera embarcación atracó en el puerto albanés de Shengjin al tiempo que el Gobierno italiano califica este paso de “valiente” y ya en la UE se habla de ‘exportar’ el modelo, aunque hay varios Estados miembros en contra y el tema se debatirá directamente en la cumbre del Consejo Europeo de este jueves. Mientras, las ONG hablan de que estas medidas van “contra los derechos humanos”.
En ese contexto, la presidenta de la Comisión propondrá este jueves a los Estados miembros hacer real la opción de crear centros de deportación de migrantes fuera de territorio comunitario, siguiendo precisamente el ejemplo de Italia, en un tema que es muy divisivo entre los 27 y que cuenta, por lo pronto, con la negativa rotunda de España. La dirigente alemana pide “extraer lecciones y explorar diferentes vías”, entre ellas esta. Este paso se pondrá sobre la mesa en la cumbre de líderes que se celebra este jueves y viernes en Bruselas.
Esa línea sigue el camino marcado ya por catorce Estados miembros, entre los que están Francia y Alemania, pero no España, que piden planes concretos para “acelerar las expulsiones”. Además, los centros son una posibilidad que acepta de buen grado también Viktor Orbán. El primer ministro húngaro lo dejó claro la pasada semana en el Parlamento Europeo. “La única migración que no se queda es la que no entra”, apuntó. Mientras, Von der Leyen -muy crítica con Budapest por su connivencia con Rusia- sí abraza la línea dura marcada por Roma.
No obstante, la Comisión Europea matiza que no sería una vía inmediata, porque la legislación actual no lo permite. “Actualmente no es posible en la Unión Europea tener esa opción”, esgrimió en rueda de prensa en Bruselas la portavoz comunitaria de Interior y Migración, Anitta Hipper, antes de confirmar que para poder implantar ese tipo de centros el bloque “necesitaría antes regular la vuelta forzada de migrantes a un país que no sea el suyo de origen”.
Los acuerdos con terceros países han sido un pilar clave para Bruselas en los últimos tiempos, aunque algunos de ellos, como el alcanzado con Túnez (o el que se firmó con Turquía en 2015) fueron objeto de duras críticas. Pero Von der Leyen sigue en esa premisa con la idea, dice, de “ayudar a quienes buscan asilo sin tener que embarcarse en viajes peligrosos a través del Mediterráneo”. Así, esta será una prioridad para la nueva comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, durante la presente legislatura. El debate, eso sí, es quizá el más polarizante para la UE, además con una Eurocámara mucho más dividida que en otros lustros.
El Gobierno español, mientras, pide “un enfoque integral” y no caer en “soluciones coyunturales” como son, en opinión de Moncloa, los centros de retención. Para Pedro Sánchez el primer paso que se debe dar es el adelanto de la entrada en vigor del pacto común de migración y asilo, cerrado hace solo unos meses y que estaba previsto que empezase a funcionar en 2026. Este giro también entra dentro de las posibilidades.
