“Por gusto pierdes tu tiempo saliendo a apoyar el paro”, le dijo una pareja a su cónyuge, consciente de que la vida familiar no está desligada de la vida social. O quizá un hijo a su padre, veterano de otras luchas que siente el llamado de la tribu de inconformes. O un padre a su hija, que se resiste a tener la migración al extranjero como su mejor alternativa de desarrollo.
Antes que argumentos en contra, dicha afirmación ha sido rebatida por hechos como la gesta de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que con su movilización lograron primero la suspensión de unas elecciones fraudulentas (se había tachado a todas las listas opositoras a la gestión de la actual rectora), luego, la renuncia del Comité Electoral y finalmente, la anuencia de la rectora a la anulación del proceso electoral. Logros conseguidos a pesar de una matonesca represión.
Asimismo, los congresistas que han legislado en favor del crimen organizado aceptaron dejar de lado las normas de mayor represión contra las personas que protestan, encuadradas bajo el engañoso nombre “terrorismo urbano”.
Al respecto, aunque es importante haber movido a la mayoría congresal, es necesario redoblar la presión contra ella, que ha tratado de engañar a la ciudadanía con normas que no contribuyen a detener las extorsiones, atentados y asesinatos: De un lado, aprobó una ley contra la “criminalidad sistemática” que aumenta hasta la cadena perpetua la pena por los delitos de sicariato, secuestro agravado, robo agravado, extorsión y explotación sexual, cuando esos delitos se cometan con las siguientes características: i) siguiendo un patrón criminal (no hechos aislados), ii) con “no menos de tres víctimas y iii) generando “Un estado de zozobra, alarma o temor (que) implica la perturbación a la tranquilidad de la población”. Pero como ya se ha evidenciado, el mero aumento de penas no reduce ningún tipo de delincuencia, menos aún si se exige que concurran características como las indicadas. De otro lado, modificó la Ley 32108, que da ventajas a la criminalidad organizada, manteniéndolas: los allanamientos seguirán con la presencia de un abogado de los presuntos criminales, sólo que de la Defensa Pública (que hasta el momento sólo atiende en horario de oficina), sólo se considera organización criminal a la que busca un beneficio económico, excluyendo formas de corrupción y de tráfico de influencias por poder político, y de manera permanente, lo que deja fuera a los que cometen delitos para sin ser estables dentro de la misma, como ocurre con los sicarios.
Además de no haber atendido las exigencias principales de la ciudadanía que se ha movilizado en defensa de la vida, contra las extorsiones y el sicariato, los congresistas siguieron legislando contra el sector de la justicia que aún funciona y blindando a los ministros del Interior y de Educación, que siguieron cometiendo dislates: ambos fueron responsables de vergonzosas actuaciones en reacción al asesinato de un profesor en Ate (distrito declarado en Emergencia), y el primero además trató de presentar una detención por error del sistema de requisitorias, como un gran logro antiterrorista. Su jefa, por su parte, siguió despotricando contra periodistas -habló de “terrorismo informativo”- y opositores.
Precisamente, detener ese “terruqueo” como única respuesta del régimen, es uno de los aspectos en que el paro del miércoles 23 servirá de mucho, al mostrar que quiénes exigen cambios radicales en el Ejecutivo y el Congreso, son parte de las mayorías ciudadanas. En general, además de para impulsar la derogación y reemplazo de las leyes pro-delincuencia, la instauración de un procedimiento de denuncias de extorsión que sí funcione, y el fortalecimiento de la DIVIAC en coordinación con el Ministerio Público para llegar a las cabezas extorsionadoras, un paro multitudinario servirá para generar el sentido común de un nuevo orden democrático, en el que congresistas, ministros y el o la presidente, siga las indicaciones de la mayoría de los pueblos que los elijan.
Pier Paolo Marzo R.
