El desgobierno de las autoridades actuales mediante leyes que incentivan el crimen organizado, así como su inacción a nivel nacional, han ocasionado que los peruanos en todas las regiones vivan “una situación sin precedentes” respecto a su seguridad, según Álvaro Henzler, presidente de la Asociación Civil Transparencia.

“No solamente tenemos un problema de inseguridad ciudadana gravísimo, sino que tenemos un problema de representación y que las autoridades, que debían estar para promover el bien común y un país con bienestar, están haciendo exactamente lo contrario”, dijo el especialista en diálogo con RPP.

La poca efectividad en la lucha contra la delincuencia, para Henzler, recae en dos elementos principales: la degradación de la meritocracia y la calidad de los funcionarios públicos, y la aplicación de medidas “superficiales y efectivistas”, que no permiten desarrollar reformas a corto y largo plazo.

Para Henzler, el Gobierno se ha centrado en no darse cuenta de los problemas reales e intentar minimizar y silenciar las opiniones distintas, como se ha visto reflejado en el reciente índice de Chapultepec sobre libertad de prensa y opinión, que muestra que el Perú es el que más ha retrocedido en este ámbito en América Latina.

“No es posible que las autoridades, aparte de su baja satisfacción de la ciudadanía y su legitimidad, tengan el descaro de no recibir con amabilidad, apertura y transparencia las preguntas de la prensa, que es su rol democrático, ser críticos, hacer preguntas incómodas y exigir explicaciones”, comentó.

Agregó que en otro estudio, esta vez del Consejo Privado de Competitividad, se reveló que entre el 2022 y el 2024, los casos de robos a negocios y pequeñas empresas aumentó en un 200 %, mientras que las denuncias por extorsión se incrementaron en un 50 %.

“Si es que el Perú está creciendo casi 3 % por lo que le queda de resiliencia económica, pues está retrocediendo casi la misma cantidad por este incremento de la extorsión y los robos en los negocios, con lo cual no solamente tenemos un problema de inseguridad y un problema económico”, dijo.

Falta de consistencia de actores políticos

De acuerdo con Henzler, otro factor en el poco avance de la lucha contra la criminalidad es la falta de consistencia y articulación de los diferentes actores, una conclusión a la que se llegó en conjunto tras una convocatoria de Transparencia a más de 40 expertos de seguridad ciudadana, entre ellos exministros y académicos en la materia.

“Hay varios elementos estructurales que tienen un pasado de bastantes años que no se están resolviendo, y es lamentable ver que tanto el Congreso como el Ejecutivo están fijándose en elementos muy superficiales para intentar resolver el problema”, precisó.

“Hay estudios de años de cómo fortalecer la Policía, el Poder Judicial, cómo atacar los problemas estructurales, pero lamentablemente nos estamos quedando en la superficie, en medidas efectivistas para tratar de resolver el problema, pero no lo están haciendo”, agregó.

Henzler recordó que hace unos años, junto con la PNP, se elaboró el plan Mariano Santos Mateo, que incluía las bases para el fortalecimiento de la institución, la mejora en la formación de nuevos policías y su accionar. Sin embargo, el cambio de autoridades han frenado su implementación.

“Ese es el gran mal que tenemos en nuestro país, más aún en uno donde en los últimos siete años hemos tenido siete presidentes, y me quedé sin decir la rotación que existe en el Ministerio de Interior, y el actual, que es el que permanece, no cumple con las cualidades mínimas indispensables para llevar a cabo el encargo”, refirió.

Modificación de la Ley 32942

El Ejecutivo presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley 32942 que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, y en donde se incluye una propuesta donde la presidenta de la República encabezaría “indelegablemente” este consejo.

Para Henzler, la reforma de la justicia “no puede ser un accionar del liderazgo único del Ejecutivo” debido a que este es “un problema estructural”. Recordó que el Poder Judicial y el Ministerio Público son entes con implicancias que consideró más importantes y directas para su accionar.

Asimismo, mencionó que, si bien el Ejecutivo tienen una “labor fundamental” en fortalecer la justicia, los cambios que se buscan desde el Gobierno “no refleja la naturaleza democrática de separación de poderes”, lo que, en el tiempo, podría evitar que la reforma se sostenga en el tiempo.

Fuente: RPP