Solicitudes corresponden a Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingüe, Julio Chuqui y Nelson Carbajal. También hay requerimientos en casos emblemáticos como Cayara, Chuschi, y Manta y Vilca.
La ley de impunidad 32107, promovida por el partido de Keiko Fujimori a través del legislador Fernando Rospigliosi, ya ha generado al menos 22 solicitudes de acogimiento por parte de exmilitares sentenciados o procesados por violaciones a los derechos humanos. En la lista aparecen cuatro exmiembros del grupo criminal Colina: Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingüe, Julio Chuqui Aguirre y Nelson Carbajal García.
La ley 32107 fue promulgada el 9 de agosto. El régimen de Dina Boluarte evitó observar el texto y tampoco procedió con la publicación. Ante esto, fue el Congreso el encargado de oficializar la norma, en la presente gestión de Eduardo Salhuana.
Esta ley surgió gracias a un proyecto presentado el 1 de febrero por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), junto con José Cueto, legislador de la bancada satélite del fujimorismo Renovación Popular.
En menos de dos meses, el 25 de marzo, la Comisión de Constitución, entonces presidida por Martha Moyano, logró la aprobación del dictamen. Junto con esta congresista, votaron a favor los fujimoristas Alejandro Aguinaga, Eduardo Castillo, Héctor Ventura y Patricia Juárez. También hay votos de apoyo de Alianza Para el Progreso (APP), Renovación Popular y Avanza País.
El texto pasó al pleno del Congreso y fue aprobado el 6 de junio, con apenas 60 votos. La ley fue posible gracias al apoyo de bancadas satélites del fujimorismo como Avanza País, Renovación Popular y también hubo el respaldo del grupo de César Acuña (APP), que aportó con siete votos. La bancada del partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, emitió en forma disciplinada 22 votos a favor.
El fujimorismo impulsó esta ley para que los crímenes cometidos en los años ochenta y noventa en el Perú no sean procesados como delitos de lesa humanidad, bajo el pretexto de que el Estatuto de Roma entró en vigencia recién el 1 de julio del 2002 y la convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, el 9 de noviembre del 2003.
Se trata de una ley impulsada por el partido de Keiko Fujimori, que sirve como salvavidas para quienes ya fueron sentenciados o están en juicio oral, por crímenes cometidos en los años ochenta y noventa.
Nueva ley Colina
El Instituto de Defensa Legal (IDL) publicó un primer reporte de 21 exmilitares que presentaron solicitudes para acogerse a esta ley 32107. Es decir, personas que buscan evadir a los procesos o sentencias por violaciones a los derechos humanos cometidos como agentes del Estado, durante el conflicto armado interno.
Es el caso de Santiago Martin Rivas, cabecilla del grupo criminal Colina, quien presentó una solicitud para intentar revertir la sentencia dictada en su contra por el secuestro, tortura y asesinato de la agente de inteligencia Mariella Barreto, hecho ocurrido en 1997, durante el régimen dictatorial de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.
La sentencia fue dictada el 16 de junio de este año. Santiago Martin Rivas y Vladimiro Montesinos fueron condenados a 23 años de prisión. Ahora el exmilitar busca acogerse a la ley de impunidad promovida por el partido de Keiko Fujimori.
Otros tres miembros del grupo criminal Colina presentaron solicitud para burlar a la justicia: Carlos Pichilingüe, Julio Chuqui Aguirre y Nelson Carbajal García. Ellos enfrentan un proceso en etapa de juicio oral, por los crímenes cometidos contra seis comuneros en Pativilca (Barranca, Lima).
En la madrugada del 29 de enero de 1992, durante el régimen fujimorista, fueron secuestrados, torturados y asesinados a balazos seis comuneros. Por estos hechos ya fue condenado Vladimiro Montesinos, quien se acogió a la conclusión anticipada. La acción penal extinguió para el fallecido Fujimori, pero el proceso continúa para los otros responsables, quienes intentan salvarse gracias a la ley fujimorista 32107.
Casos de Junín
Quien también presentó una solicitud para evadir a la justicia es el exjefe del Frente Político Militar del Mantaro de los años noventa, Luis Pérez Documet, quien ya fue sentenciado por la desaparición forzada del profesor de secundaria César Isaías Hilario Trucíos, hecho ocurrido el 7 de marzo de 1991, en la base militar conocida como La Granja, en Concepción (Junín).
Pérez Documet fue condenado a quince años de prisión y actualmente el programa de recompensas del Estado ofrece 50 000 soles para quien dé con su paradero para su captura.
Oficios similares fueron presentados por los oficiales del Ejército en situación de retiro Luis Manuel Delgado de la Paz y Manuel Juan Dill’erva Chávez, ambos procesados en etapa de juicio oral, por casos de desaparición forzada de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP).
Más casos emblemáticos
El 19 de junio de este año, el Poder Judicial dictó sentencia para 13 exmilitares por las violaciones contra mujeres campesinas de Manta y Vilca. Pero ya hay tres solicitudes para revertir esta condena, gracias a la ley fujimorista 32107.
En julio del 2023, el personal policial logró capturar a Néstor Oblitas Carrera, quien había sido sentenciado por la matanza en Chuschi. Ahora este militar busca acogerse a la ley del partido de Keiko Fujimori.
En el caso de la matanza de Cayara (mayo de 1988), también hay una solicitud tramitada por los sentenciados Maro Llontop, Luis Castañeda y José Valdivia.
Son al menos 22 las solicitudes presentadas. Ahora queda en manos del Poder Judicial atenderlas o rechazarlas, tal como ya lo hizo en dos casos.
Fuente: La República
