El feminicidio atroz de Sheyla Cóndor por parte, presuntamente, del policía Darwin Condori, con la complicidad de colegas de la Comisaría de Santa Luzmila, en donde se negaron a recibir la denuncia (lo que también había ocurrido en una comisaría de Santa Anita) y hasta le habrían avisado de la misma, no es un caso aislado. En 2016 la mamá de Solsiret Rodríguez enfrentó la negativa policial de investigación inmediata de la desaparición de su hija bajo el prejuicioso argumento de que ella “quizá se había ido con otra pareja”.
Recientemente el exdirector de la Policía Nacional, el general en retiro Eduardo Pérez Rocha, ha informado que al menos 600 policías en actividad están siendo investigados por delitos y faltas graves, desde homicidios hasta violencia de género. Esto en el contexto de 133 feminicidios en lo que va de 2024 – el año pasado se llegó a 146. Es decir, estamos ante problemas estructurales con patrones sistemáticos.
Uno de ellos es el machismo violento, que afecta incluso al personal policial: Según una encuesta a oficiales de armas femeninas el 2018, a cargo de la Defensoría del Policía, el 20% había presenciado actos de hostigamiento sexual contra sus compañeras, y un 25% indicó haber sido víctima directa de este tipo de agresiones[i].
Otro es la falta de capacitación en las escuelas policiales y en las comisarías, evidenciado en estas últimas en una supervisión nacional de comisarías el año 2018, a cargo de la Defensoría del Pueblo, junto con demoras en la implementación de medidas de protección.
Uno más es la falta de una normativa interna adecuada al combate de la violencia de género. La abogada Ana María Vidal ha reportado que “Los policías no tienen la instrucción de consignar episodios previos de violencia; y al recoger solo el último hecho, la Fiscalía hace lo mismo.”[ii]
Ante ello, presento medidas puntuales y viables:
1 Implementar evaluaciones psicológicas más rigurosas para filtrar perfiles inadecuados para el servicio policial, en los procesos de selección y de ascenso.
2 Incorporar estrategias de comunicación interna de valores institucionales basados en la protección de las personas y las comunidades, como indica la norma constitucional, así como un programa continuo de formación en género, masculinidades, derechos de la mujer, y prevención de la violencia y hostigamiento sexual.
3 Ajustar los procedimientos disciplinarios, otorgando mayor participación a las víctimas y agilizando la emisión de sanciones cuándo corresponda. De esa manera se limitará la impunidad y los incentivos que ella genera.
4 Disponer la suspensión automática de efectivos investigados por delitos graves, cuándo la fiscalía haya decidido una investigación preparatoria.
5 Observar o eventualmente derogar la ley que blinda de la detención preliminar y la prisión preventiva a policías involucrados en crímenes violentos, al margen de las evaluaciones fiscales o judiciales en cada caso.
De esta manera, la Policía Nacional podría iniciar un camino de recuperación de la confianza ciudadana.
