El Tribunal Constitucional (TC) del Perú, que debería ser el máximo guardián de la Constitución y de los derechos fundamentales de los ciudadanos, lamentablemente se ha convertido en un ente que, lejos de cumplir con sus funciones esenciales, parece estar contribuyendo a una grave distorsión del sistema de justicia peruano. Este tribunal, que debiera ser independiente y respetuoso de los principios democráticos, ahora actúa como una “súper corte”, anulando sentencias y resoluciones de otros órganos autónomos, como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo que está generando un clima de impunidad y descomposición institucional.
Uno de los aspectos más preocupantes es que el TC ha permitido que personas sancionadas por diversos hechos dolosos encuentren en él un recurso para revertir sus condenas o sanciones, fuera del proceso judicial ordinario. Este lamentable escenario convierte al Tribunal Constitucional en una suerte de “lavadora judicial”, donde aquellos con poder o influencia logran salir “limpios” pese a las evidencias en su contra. Este tipo de prácticas socava profundamente la confianza ciudadana en las instituciones y consolida una cultura de impunidad donde “todo vale”.
La politización en el nombramiento de los magistrados del TC es otro factor clave en esta crisis. Los criterios para seleccionar a los integrantes del tribunal parecen haber respondido más a intereses partidarios que a consideraciones de capacidad, integridad y compromiso con la justicia. Ahora, las consecuencias de estos nombramientos se manifiestan de manera evidente. Los votos de la mayoría en el TC se imponen sin considerar la opinión pública ni los principios fundamentales del derecho. Se mofan del escrutinio ciudadano, festinan trámites y deciden con evidente desprecio por el país y sus valores democráticos.
El caso de la Fiscal de la Nación, sancionada por hechos que comprometen su idoneidad, es un claro ejemplo de cómo el Tribunal Constitucional puede ser utilizado como herramienta para revertir decisiones que buscan salvaguardar la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública. La posibilidad de que esta funcionaria retome su cargo gracias a una decisión del TC evidencia la pérdida de decoro y de respeto mínimo por el país de parte de algunos magistrados.
Estamos, sin duda, ante una tragedia jurídica que destruye lo poco de decencia institucional que quedaba en el Perú. El Tribunal Constitucional, en lugar de fortalecer la democracia, está contribuyendo a su debilitamiento. Es urgente que la sociedad civil, las organizaciones ciudadanas y los sectores democráticos del país alcen su voz para exigir una reforma profunda del TC, basada en la transparencia, la independencia y el compromiso real con la justicia y los derechos fundamentales. Solo así podremos empezar a reconstruir un sistema judicial que realmente sirva a los intereses del pueblo y no de unos pocos privilegiados.
