“Hay que tener en cuenta que hay delitos violentos, graves, tráfico de drogas, etc., en los cuales también hay colaboradores que se someten a estos procesos especiales que concluyen con un acuerdo y una sentencia y que seguro hay información que compromete la integridad, seguridad y vida de quien se sometió a un proceso de colaboración (…) desde aquí invoco a la Procuraduría del Ministerio Público a pedir la aclaración al TC para determinar si solamente tendrá efectos en este caso o pueda ser aplicable a otros procesos de colaboración sin distinción de la naturaleza del delito”, sentenció.
Asimismo, el fiscal José Domingo profundizó sobre qué es lo que se negoció con Odebrecht en el acuerdo y señaló que el otorgamiento de los beneficios se basan en las leyes, específicamente en la ley que dictó el Congreso de la República del año 2018 que fue el año en el que se aprobó el acuerdo, por lo que la Fiscalía actúa en el marco de la ley.
“No es una situación que se pueda comentar en una entrevista de pocos minutos, pero se conoce porque está la sentencia en internet y van a comparar ustedes la sentencia con el acuerdo, es el documento que tiene el mismo contenido salvo la motivación especial que hace la magistrada para aprobar este proceso, es la aceptación de culpabilidad de quien se sometió a un proceso de colaboración eficaz, que es lo que le compete a la Fiscalía y el otorgamiento de los beneficios que le competen a la ley. Ni la Fiscalía ni los jueces establecen la ley, la ley en la que se aprueba este acuerdo fue dictada en el año 2018 por el Congreso, la 30737”, aseguró.
Alejandro Toledo exige que se publique el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht
El expresidente, Alejandro Toledo, quien tiene una sentencia de 20 años de prisión por recibir coimas de la empresa brasilera Odebrecht por el proceso referido al caso Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, ha enviado un documento solicitando al fiscal Domingo Pérez cinco copias del acuerdo de colaboración eficaz. Dicha solicitud se refiere a los acuerdos con AENZA (ex empresa Graña y Montero), incluyendo también a los colaboradores José y Hernando Graña, ICCGSA y el exejecutivo José Castillo Dibós.
Fuente: La República
