El Consejo Fiscal expresó su preocupación respecto a que el presupuesto público del 2025 “no estaría efectivamente equilibrado, como lo exige la Constitución”. Además advirtió de leyes “que abonan al incumplimiento de las metas fiscales y a la pérdida gradual de las fortalezas fiscales” del país.
El Consejo Fiscal (CF) -comisión autónoma y técnica del sector público encargada del análisis y seguimiento de las políticas fiscales- emitió ayer, viernes, un pronunciamiento acerca de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2025, la cual fue aprobada por el pleno del Congreso el pasado 30 de noviembre y promulgada el último 11 de diciembre.
Al respecto, la referida entidad autónoma consideró que ese presupuesto “no estaría efectivamente equilibrado, como lo exige la Constitución“, debido a que, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, “introdujeron iniciativas que incrementan el gasto público”.
“Muchas de ellas sin una cuantificación de sus costos y sin identificación de las fuentes de financiamiento correspondientes”, acotó el consejo.
“La introducción de parte del Congreso de decenas de artículos y disposiciones en la Ley de Presupuesto 2025 que generan gasto público en dicho ejercicio presupuestal podrían ser inconstitucionales aún bajo la reciente interpretación del Tribunal Constitucional (TC) sobre la prohibición de iniciativa de gasto público para los legisladores”, advirtió.
En esa línea, el Consejo Fiscal resaltó que, en los últimos días, la aprobación “de múltiples iniciativas legislativas” por parte del Congreso “afecta la capacidad para recaudar ingresos tributarios y generan nuevas obligaciones de gasto público”
“Por lo tanto, de promulgarse, tendrán un impacto negativo en el cumplimiento de las metas fiscales de mediano y largo plazo”, remarcó.
Advierten “elevación del techo de gasto del 2025” y consiguiente “desbalance presupuestal”
Según indicó el Consejo Fiscal, desde la formulación del presupuesto público para el próximo año por parte del Ejecutivo, “se presentó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que no sería consistente con la real capacidad de generar ingresos fiscales y con las metas de endeudamiento expresadas en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) vigente”.
“Posteriormente, durante el proceso de debate y aprobación en el Congreso, se realizó una recomposición de la asignación presupuestal que incrementa las rigideces fiscales al continuar, entre otros, priorizando el gasto en remuneraciones en detrimento de la inversión pública”, advirtió el CF.
“Adicionalmente, se incluyeron decenas de nuevos artículos y disposiciones con impacto fiscal, sin cuantificarlo ni identificar sus fuentes de financiamiento. Ello, de facto, y en ausencia de medidas concretas de reasignación de partidas durante la etapa de ejecución presupuestal, constituye una elevación del techo de gasto del 2025, facultad con la cual no cuenta el Congreso, y ocasionaría un desbalance presupuestal”, agregó la entidad.
El Consejo Fiscal subrayó que “estas medidas generan un arrastre de presiones de gasto a ejercicios presupuestales futuros, con impacto en la senda de gasto de mediano plazo y la sostenibilidad fiscal”.
El Presupuesto Público 2025 fue aprobado por el pleno del Congreso el pasado 30 de noviembre.Fuente: Congreso de la República
En relación con las responsabilidades individuales, el Consejo Fiscal consideró que “la propuesta del Ejecutivo de PIA 2025 debió ser más austera, considerando que arrastra los errores de proyección de los ingresos del 2024 que se usaron de base para la formulación del presupuesto del 2024″.
“El CF hace notar que el incremento del rubro de personal es inconsistente con el objetivo de consolidación y responsabilidad fiscal […] En adición, la Ley de Presupuesto ha incorporado una serie de medidas que aumentarán aún más el gasto en planilla pública (aumentos de escalas salariales, nombramientos, creación de bonificaciones especiales, entre otros) que incrementarán el gasto en remuneraciones durante el 2025, y en muchos casos de forma permanente”, enfatizó.
“Otra muestra importante de la inconsistencia del presupuesto público 2025 con la necesaria disciplina fiscal es la incorporación de 120 disposiciones complementarias finales adicionales a lo que se establecía en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, el mayor número desde al menos el 2009. De acuerdo con el análisis de la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal, por lo menos, 102 de estas disposiciones generan nuevas obligaciones de gasto (en materia remunerativa, de compras públicas, inversiones y creación de unidades ejecutoras), y la mayoría (65 disposiciones) no cuentan con una cuantificación de su costo fiscal”, añadió.
El CF consideró que “la propuesta del Ejecutivo de PIA 2025 debió ser más austera, considerando que arrastra los errores de proyección de los ingresos del 2024”.Fuente: MEF
En lo que respecta al Congreso, el Consejo Fiscal advirtió sobre “la reciente aprobación o avance de 14 iniciativas legislativas por parte del Congreso de la República, que afectan la capacidad para recaudar ingresos tributarios o generan nuevas obligaciones de gasto público, y por lo tanto, de promulgarse, tendrán un impacto en las metas fiscales de mediano y largo plazo”.
“En virtud de lo anterior, el CF considera que el Poder Ejecutivo debe oponerse a las iniciativas legislativas con impacto negativo sobre las cuentas fiscales, las cuales de no observarse (o imponerse, cuando corresponda, acciones de inconstitucionalidad en los casos de las normas aprobadas por insistencia) generarán presiones adicionales sobre el déficit fiscal”, aseveró.
“Con relación a las medidas en materia tributaria, el establecimiento y prórroga de beneficios para grupos específicos […] no solo generan un costo fiscal importante tal como lo ha alertado el MEF […], sino que generarían incentivos para que otros sectores persigan beneficios similares. En la misma línea, la norma de creación de un nuevo marco jurídico para Zonas Económicas Especiales (ZEE), con tasas reducidas del Impuesto a la Renta de Personas Jurídicas, aprobada en primera votación, es otra exoneración que erosiona la capacidad de generación de ingresos del Estado”, precisó.
Finalmente, el Consejo Fiscal exhortó a ambos poderes del Estado a “evitar seguir generando presiones fiscales a través de la aprobación de créditos suplementarios o medidas que incrementen el déficit fiscal y que, por el contrario, busquen tomar medidas para el control del gasto público y la generación de mayores ingresos fiscales permanentes”.
“Cabe recordar que el actual entorno internacional y de precios récord de nuestras exportaciones constituyen vientos de cola muy importantes para la economía peruana, que contribuyen a disimular la gestación de crecientes fragilidades fiscales, y dada la volatilidad histórica de factores externos, lo prudente es reconstituir la fortaleza fiscal para estar preparados para enfrentar periodos donde el entorno sea menos favorable o donde ocurran choques adversos. Hacer lo contrario es exponer a la economía y a todos los peruanos, a riesgos fiscales innecesarios y evitables”, puntualizó.
