El problema de los políticos que utilizan las instituciones para promover sus objetivos personales es una preocupación recurrente en las democracias contemporáneas. Un caso paradigmático es el del alcalde de Lima, quien ha dejado en evidencia cómo su gestión municipal se encuentra subordinada a sus ambiciones presidenciales. En lugar de dedicarse de lleno a resolver los problemas críticos de la ciudad, ha convertido su cargo en un trampolín político para proyectar su imagen a nivel nacional.
Desde el inicio de su administración, el alcalde ha mostrado una clara orientación hacia la promoción de su figura personal y la consolidación de su partido político. Esto ha llevado a que descuide asuntos clave para el desarrollo de Lima, como el transporte, la seguridad ciudadana, la infraestructura y la gestión de residuos sólidos. A dos años de su mandato, la ciudad no experimenta cambios significativos en estas áreas, y la sensación de estancamiento es evidente entre los ciudadanos.
Lo que resulta aún más preocupante es la falta de empatía hacia la opinión de los limeños. Según las últimas encuestas, un sector mayoritario de la población desaprueba su gestión. Sin embargo, el alcalde parece ignorar estas críticas, concentrándose en recorridos por diversas regiones del país con el objetivo de fortalecer su posición política. Esto no solo afecta la calidad de su administración local, sino que también pone en riesgo el futuro de la Municipalidad de Lima.
Un aspecto especialmente alarmante de su gestión es la decisión de adquirir un costoso financiamiento que ha sido aprobado con el beneplácito del gobierno central. Este crédito le otorga recursos significativos para ejecutar algunas obras, lo que podría ser utilizado como estrategia para mejorar su imagen en el corto plazo. No obstante, esto hipoteca aún más a la ciudad, dejando una pesada carga financiera para las gestiones municipales futuras.
La deuda que Lima estará obligada a afrontar comprometerá los recursos de los próximos alcaldes, limitando su capacidad de implementar proyectos y programas esenciales para la ciudad. En este contexto, queda claro que las prioridades del actual alcalde no están alineadas con las necesidades de los ciudadanos, sino con sus propias ambiciones.
La situación de Lima nos lleva a reflexionar sobre la importancia de elegir líderes comprometidos con el bien común y de exigir transparencia y responsabilidad en la gestión pública. Las instituciones no deben ser vistas como escalones hacia el poder, sino como herramientas para mejorar la vida de las personas. Es fundamental que los ciudadanos mantengan una vigilancia activa sobre sus autoridades y exijan rendición de cuentas, para evitar que las ambiciones personales prevalezcan sobre el interés colectivo.
