El reciente asesinato de Nilo Burga, presidente de Frigoinca, proveedora de los productos Don Simón a Qali Warma, ha revelado otra red de corrupción en el Poder Ejecutivo, que se añade a la de Nicanor Boluarte y que involucra a figuras clave del régimen como el vocero presidencial Fredy Hinojosa, el ministro del MIDIS Julio De Martini y la pesidenta Dina Boluarte.
Burga estaba bajo investigación por distribuir productos alimenticios de mala calidad, como carne de caballo en lugar de carne de vacuno y conservas de pescado en mal estado, a través del programa Qali Warma. Estos contratos fueron facilitados a nivel nacional por el ex director del programa, Fredy Hinojosa, y se practicaron sobornos a personal de las Direcciones Regionales de Salud para que no se detectara la mala calidad de los productos de Frigoinca. Estos contratos comenzaron cuando Hinojosa era director de Qali Warma, con Julio De Martini como viceministro y Dina Boluarte como ministra en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. La muerte de Burga impidió que revelara detalles sobre la implicación de estos tres funcionarios de alto nivel. Así como semanas atrás el asesinato de Andrea Vidal impidió que ella relate el detalle de las contrataciones de personas para servicios sexuales – eventualmente chantajes del mismo tipo – a personal del Congreso de la República, incluyendo congresistas. Contrataciones dirigidas desde la dirección de asuntos legales y constitucionales, a cargo de un agente de Alianza para el Progreso, que aún mantiene la presidencia de esa entidad.
Ambos asesinatos han evidenciado las entrañas mafiosas del régimen, que alcanzan a las cabezas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como su disposición a atentar contra la vida de quiénes puedan poner en peligro su poder, como ya se había anticipado con los 50 asesinados durante la represión de las primeras protestas contra el régimen de Boluarte.
Esta nueva evidencia está incrementando la conciencia mayoritaria de la ciudadanía peruana respecto de la urgencia de cortar con el poder de las mafias en el Congreso y el Ejecutivo, a pesar de los riesgos que implica el enfrentarlas. Incluyendo la conciencia de no limitarse al cambio de figuritas en el juego político, sino también sus reglas, de modo que se corte con la desventaja con que participan las personas con interés en asumir la representación política de ciudadanas y ciudadanas, al carecer nuestra normativa de normas constitucionales que fijen el principio de equidad en las contiendas electorales. En efecto, son cada vez más las personas que intuyen o concluyen que es el conjunto del sistema político peruano lo que debe cambiarse. Y esto supone un nivel de conciencia que fundamenta la esperanza en que, a inicios de la segunda mitad de la presente década, veremos una demanda de un pacto social sobre el que se construya una nueva República.
Otra razón de esperanza es la constatación de que pese a la duplicación de peruanos y peruanas que han migrado al extranjero este año, en muchos ámbitos de la vida social – el de los sindicatos, el de los emprendedores, el de los deportistas, el de las organizaciones sin fines de lucro, el de las iglesias, entre otros – vemos personas que ejemplifican la invocación navideña a “la paz en la Tierra a las personas de buena voluntad”. En la medida en que más de ellas intervengan en la vida política de la Nación, aquel pacto social tendrá las personas adecuadas para llevarlo a cabo.
