La presidenta Dina Boluarte tuvo fuertes calificativos contra las ONG’s financiadas con recursos internacionales, indicando que favorecen a los criminales y dejan a la PNP y Fuerzas Armadas desprotegidas.
En el marco del cumplimiento de su agenda, la presidenta Dina Boluarte brindó declaraciones polémicas en cuanto a la función que cumplirían las organizaciones no gubernamentales (ONG) dentro de los países, indicando que priorizan los derechos de los criminales por encima de las instituciones como la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.
“No podemos permitir que el discurso de los derechos humanos sea utilizado como un arma ideológica para socavar la autoridad del Estado y deslegitimar el principio de orden. Los derechos humanos deben proteger la libertad individual, el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica, sin convertirse en una excusa para el caos o la impunidad”, precisó.
Asimismo, criticó que se habría visto que en diversos países se tergiversó el trabajo de las ONG con la finalidad de justificar agendas que estropearían la seguridad, desestabilizarían las democracias y debilitarían la soberanía de las naciones.
Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente polémica sobre el papel de las ONG en la defensa de los derechos humanos y su influencia en las políticas nacionales. Algunos sectores cuestionan la legitimidad de ciertas organizaciones que, según ellos, promueven agendas que podrían ir en detrimento de la seguridad y estabilidad de los Estados. Por otro lado, defensores de las ONG argumentan que estas entidades desempeñan un papel crucial en la promoción y protección de los derechos humanos, especialmente en contextos donde los gobiernos pueden ser responsables de abusos o negligencias.
Es importante destacar que, según un informe de Amnistía Internacional, la presidenta Boluarte podría ser responsable penalmente por las muertes ocurridas durante las protestas en su gobierno ocurridas a fines de 2022 e inicios de 2023, debido a órdenes que dio contra los manifestantes.
Estas declaraciones y eventos reflejan la compleja interacción entre el gobierno peruano, las ONG y la comunidad internacional en torno a la protección y promoción de los derechos humanos en el país.
En esa línea, se debe recordar que el pasado 28 de enero, el presidente Donald Trump firmó un decreto que ordenó congelar la ayuda al exterior por 90 días para una reevaluación. Perú había pactado recibir 630 millones de dólares de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) hasta el 2030. Sin embargo, con esta nueva orden de Trump, el apoyo ha quedado paralizado.
“Han ordenado que se detenga por 90 días para reevaluar la emisión de fondos de ayuda hacia el exterior. Esto impacta, sin lugar a duda. Ya ha empezado a impactar en los fondos que recibe USAID”, afirmó el canciller Elmer Schialer para un medio local.
Fuente: La República
