La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó la denuncia contra once congresistas por aprobar una ley que permite a militares y policías recibir sueldo y pensión simultáneamente. Ahora, el Congreso busca inhabilitar por diez años a la fiscal Delia Espinoza, quien impulsó la acusación.
Blindaje cantado. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió proteger a once congresistas denunciados por aprobar una ley que permite a policías y militares recibir simultáneamente sueldo y pensión.
El resultado: 13 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones.
Los legisladores que respaldaron la medida fueron: Nilza Chacón, Héctor Ventura y Víctor Flores (Fuerza Popular); Nelcy Heindinger (APP); Patricia Chirinos (Renovación Popular); Digna Calle (Podemos); Flavio Cruz y Américo Gonza (Perú Libre); Luis Aragón (Acción Popular); Jorge Coayla y Edgard Reymundo (JPP); Pasión Dávila (Bancada Socialista); y José Jerí (Somos Perú).
Dicha norma beneficiará directamente a cinco legisladores: los militares en retiro Williams Zapata (Avanza País), Jorge Montoya Manrique y José Cueto Aservi (Honor y Democracia), Roberto Chiabra León (APP) y el policía en retiro Alfredo Azurín.
La denuncia constitucional N.° 549, presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, fue declarada improcedente.
Además de los mencionados, los congresistas denunciados incluyen a Hamlet Echevarría Rodríguez y Américo Gonza Castillo (Perú Libre); Carmen Patricia Juárez Gallegos (Fuerza Popular); Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu (Somos Perú); Pedro Martínez Talavera (no agrupado); y Lucinda Vásquez Vela (Bloque Magisterial).
Todos ellos están señalados por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.
OFENSIVA CONTRA ESPINOZA
Como informó Perú21, desde el Congreso se ha iniciado una ofensiva contra la fiscal de la Nación, impulsada por la congresista Kira Alcarraz (Podemos).
La próxima semana, Espinoza podría pasar de denunciante a denunciada en lo que parece ser una respuesta estratégica a las acusaciones contra los once legisladores por el caso del doble pago de pensión y sueldo.
La congresista Kira Alcarraz presentó una denuncia constitucional contra Espinoza por presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad. Además, solicita su inhabilitación por diez años, lo que dejaría a la Fiscalía sin su máxima autoridad.
La denuncia fue ingresada el 28 de febrero a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), y sería vista en la sesión de la próxima semana de la SAC.
Dos días antes, el 26 de febrero, el congresista Jorge Montoya había dejado entrever, en comunicación con Perú21, que una denuncia contra el vocero de la Fiscalía, Víctor Cubas, era una posibilidad. Sin embargo, hoy el blanco ha cambiado, y el ataque ha apuntado directamente a la titular del Ministerio Público.
En la sesión de hoy, el legislador Montoya dijo que la fiscal de la Nación está realizando una aplicación de justicia difenrenciada porque su vocero recibe tres pagos en su remuneración.
Montoya había expresado su preocupación por los cobros efectuados por Cubas en diciembre —pensión de jubilación y pago de pensiones devengadas—, señalando que la fiscal debía actuar con la misma severidad con la que procedió contra el Congreso.
Sus palabras, más que una advertencia, parecían anticipar una jugada de ajedrez que hoy se ha concretado.
No obstanta, para Montoya, no hay ningún delito percibir doble ingreso, es decir, sueldo y pensión.
La denuncia de Alcarraz se fundamenta en la decisión de Espinoza de acusar constitucionalmente a los once congresistas por aprobar una ley que les permite percibir sueldo y pensión simultáneamente.
El conflicto no es menor. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde Montoya es vicepresidente, será clave en la evaluación del caso. El legislador ya había advertido que la Fiscalía debía actuar con coherencia o, de lo contrario, afrontar las consecuencias.
El destino de Espinoza está ahora en manos del Congreso. Si la SAC admite la denuncia, el proceso podría derivar en una suspensión que alteraría significativamente la correlación de fuerzas dentro del Ministerio Público.
Fuente: Perú 21
