“La Coalición vacadora podría tener fuerza para desalojar a Castillo, pero no para manrenerse en el poder”
La guerra entre el presidencialismo extenuado y el parlamentarismo insurgente iniciada el año 2016, se acerca a un nuevo desenlace. El segundo venció cuando arrancó la renuncia de PPK (2018) y vacó a Vizcarra (2020), y el primero se impuso cuando el referéndum de 2018, la disolución del Congreso (2019) y la designación de Sagasti (2020).
Esta vez, parece que vencerá el Congreso, tanto si Pedro Castillo es desalojado por la moción de vacancia, si renuncia y aun si se le impone un gobierno parlamentario. En esta oportunidad, los costos también serán mayores. La presidencia, la posición más importante de la república, experimenta la pérdida de su papel directriz y nos espera una sucesión de crisis agudas a causa de esa creciente debilidad.
Subsiste la discusión constitucional. Esta estuvo presente en las cinco mociones de vacancia por incapacidad moral presentadas los últimos años que sentaron el precedente de una interpretación textual-moral-no mental de esta figura histórica. Fueron menos controvertidas las mociones contra Fujimori (2000, aprobada), que pasó el filtro de la doctrina, y la primera contra PPK (2017, no aprobada) porque el volumen de los hechos políticos en ambos casos fueron determinantes.
¿Quién fija el estándar? Lo fija el contexto -el juego de intereses de la elite, los votos, y la movilización de la opinión púbica- un parámetro injusto pero real en un país donde no existe impeachment y demora menos censurar a un ministro que desalojar a un presidente.
Las dos mociones contra Vizcarra fueron más controvertidas porque los hechos no se constitucionalizaron y el presidente concentraba un alto respaldo público. Vizcarra tenía 56% de aprobación en septiembre de 2020 y 60% en noviembre de 2020 (IEP en sus mediciones previas). La imposibilidad de constitucionalizar la vacancia en noviembre de 2020 convirtió la decisión del Congreso en un golpe de Estado reprobado por una opinión pública que no pedía el retorno de Vizcarra, sino que se fuera Merino. A ello se debe que Sagasti haya sido el único presidente del mundo elegido por sus enemigos bajo la presión del pueblo.
La moción contra Castillo no se ha constitucionalizado, o aún no se ha constitucionalizado, de modo que aparece como una operación exclusivamente política que echa mano arbitrariamente de un procedimiento constitucional. La diferencia entre un procedimiento político/político y político/constitucional reside en las razones, actores, adhesiones y reacciones.
“Lo político” de la vacancia es más complejo. Frente a la posibilidad de retirar al presidente del cargo hay varias posiciones más allá del acuerdo a secas (43%) y desacuerdo (55%). Los ciudadanos matizan sus opiniones entre “es prematuro sacar al presidente” (por el volumen de las actuales acusaciones) “son solo cuatro meses que ejerce el poder”, “debe esperarse”, “los cargos son graves, pero hay otras medidas”, o “debe ser desalojado ahora, porque los daños serán peores más adelante”.
Ahora mismo, millones están modificando sus opiniones. Por si acaso, “lo político” de la vacancia tiene otro dato evolutivo: el 62% cree que Castillo no terminará su mandato, una mayoría social destituyente, con matices importantes (71% A/B, 55% D/E, 48% Sur, y 69% Lima).
Luego de los primeros 100 días, las limitaciones del Gobierno se agregaron y crearon una crisis terminal; Castillo desperdició la oportunidad que le brindó el giro moderado y en favor del consenso que implicó la designación del gabinete de Mirtha Vásquez, al mismo tiempo que disminuyeron las ofertas de cambio.
Es cierto que la simbología de su gobierno y algunas propuestas de reforma mantuvieron encendida la ira de la extrema derecha, aunque el relato opositor también cambió; el argumento central de la vacancia es la incapacidad operativa del presidente, un relato que se verá reforzado en los próximos días con las acusaciones de corrupción.
Si el relato de la corrupción se legitima, la vacancia alcanzaría el estándar de las anteriores, es decir, se constitucionalizaría. Sin embargo, lo que viene no parece ser la repetición de los escenarios anteriores. La vacancia es todavía ahora un problema y no una salida; la coalición vacadora podría tener fuerza para desalojar a Castillo, pero no para mantenerse en el poder, si intentase derribar también a la vicepresidenta Boluarte. La opinión pública permanece al margen y por ahora parece sensible contra un golpe parlamentario.
En tal contexto, las opciones de vacancia, renuncia, pacto por una gobernabilidad mínima para evitar elecciones adelantadas, o las elecciones mismas para los dos poderes, tienen casi las mismas posibilidades. Al presidente, la única alternativa que le queda es una huida hacia adelante, solo o acompañado de Perú Libre, luego de un pacto renovado con este.
El sombrero ha sido agujereado. Castillo está logrando la unidad nacional. Contra él, por supuesto. Según la reciente encuesta de IEP, lo desaprueba la derecha, por ineficaz, más que por intentar cambios y no ser socialmente “suyo” (75%); el centro porque, probablemente, lo acuse de atentar contra la estabilidad y las instituciones (66%) y la izquierda porque cree que ha traicionado el cambio prometido (48%). El huaico de revelaciones cambiará estos datos, y no precisamente a favor del presidente.
