Un juez colombiano ordenó embargar las cuentas del Gobierno de Gustavo Petro por deudas que tiene con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales.
La noticia, como era previsible, despertó reacciones políticas, que incluyen hasta el momento al presidente Petro, y al ministro de Minas, Edwin Palma, entre otros.
“EPM, que es una empresa pública, acaba de decir que embarga cuentas de la Nación. Esa es una acción política que no va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés de Medellín, ni por el interés nacional. Eso no se puede permitir”, dijo anoche el mandatario durante el consejo de ministros televisado.
Al coro de indignaciones se sumó Palma en la mañana de este martes al decir que “esta es una maniobra política y electoral si se quiere decir. El alcalde de Medellín, violando las normas del gobierno corporativo de EPM, usa una decisión judicial para hacer política, por la razón sencilla de que las cuentas de las nación son inembargables, argumento suficiente para impugnar la decisión”.
Para entender cómo llegamos hasta acá es importante primero saber la deuda a qué corresponde.
En Colombia, en el caso de la energía, cada mes los usuarios de estrato 1 reciben subsidio hasta de 60%; los de estrato 2, hasta de 50%, y los de estrato 3, de 15% sobre el consumo de subsistencia, que es la cantidad mínima que se requiere para cubrir las necesidades de un hogar.
Por encima de ese límite, que depende de la ubicación (para climas templados y fríos es de 130 kilovatios/hora/mes y para climas cálidos es de 173 kilovatios/hora/mes) el usuario paga la tarifa plena. También hay subsidios para el suministro de gas.
La ley establece que para financiar esos subsidios, los usuarios residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales hacen una contribución cada mes y el faltante sale de los recursos de la Nación.
El Gobierno de Petro lleva meses sin pagar estos dineros por falta de recursos en medio del complejo panorama fiscal por el que atraviesan las cuentas de la Nación.
De acuerdo con los gremios del sector, con corte a diciembre de 2024, los saldos pendientes con las empresas de energía suman $2,7 billones (US$ 651 millones) y con las de gas natural, $628.000 millones (US$ 151 millones).
A esto hay que sumarles recursos por la llamada opción tarifaria, que el Gobierno colombiano dijo que asumiría para los estratos 1, 2 y 3.
Pero esta promesa no ha terminado de materializarse por cuenta de la caída de la ley de financiamiento y, de nuevo, por la estrechez fiscal en la que está metido el país.
Para diciembre del año pasado, toda la bolsa de deudas llegaba a unos $7 billones (US$ 1.688 millones), según cálculos de gremios.
Y, según se lee en la demanda de EPM, la deuda por la cual se ordenó el embargo de las cuentas llega a $41.654 millones (US$ 10 millones), a lo que suman $5.258 millones (US$ 1,2 millones) de intereses moratorios.
Palma agregó que “si bien es cierto reconocemos que hay algunas deudas al sector, por cuenta del déficit fiscal en el que nos metió el gobierno anterior y el congreso actual, las filiales de EPM han recibido el 85% de los pagos. Hacienda y Minas han hecho un acuerdo de pago, de acuerdo a la capacidad que tenemos. Que no se han traducido en buen servicio, por ejemplo, a los 4 departamentos del Caribe que cubre Afinia, cuyo gerente, también, ha salido a hacer política anunciando apagones en compañía de alcaldes, curiosamente que hacen parte de la oposición y tienen deudas oficiales con las empresas de distribución de energía”.
