Este martes 18 de marzo es un día clave para el futuro de la reforma laboral presentada por el Gobierno de Gustavo Petro.
Porque la Comisión Séptima del Senado de Colombia citó el debate para las 10:00 a. m. y en simultáneo se manifiestan las organizaciones sociales, sindicales y el Gobierno en respaldo a la iniciativa legislativa.
Y es que el panorama en el Congreso colombiano no es favorable para la reforma, pues hay ocho firmas que acompañaron la ponencia negativa del tercer debate, lo que implica que el proyecto está virtualmente hundido. Ese sería el resultado más probable de las votaciones de los senadores.
La senadora Lorena Ríos (del partido Colombia Justa Libres y quien acompañó esta ponencia negativa), sostiene que el rechazo obedece a razones técnicas, y no políticas.
De la laboral se destaca su propuesta de que la jornada nocturna arranque desde las siete de la noche, y que los mencionados recargos aumenten de forma gradual hasta llegar al 100 %.
Al respecto, los observatorios Fiscal y Laboral de la Universidad Javeriana aseguran que un elemento que destacan es que la reducción de los costos laborales desde 2012 ha tenido un impacto positivo en la formalización del empleo y en la última década se ha reducido la informalidad.
Además, añaden que todavía hay asuntos pendientes sobre los que no se encarga el proyecto. Algunos de esos son problemas estructurales, tales como:
– Tasas de desempleo y de trabajadores cuenta propia (autoempleo) más altas de América Latina.
– La no participación laboral ha aumentado en los últimos años.
“Sobre estas dimensiones la reforma laboral que se estaba discutiendo carecía de mecanismos que llevara a mejorar las condiciones de los hoy excluidos de contratos laborales formales”, destacan los observatorios.
Del otro lado está el apoyo a la iniciativa. De hecho, el principal motivo de la movilización es respaldar la reforma laboral propuesta por el Gobierno Petro y rechazar el “bloqueo” que ha tenido la iniciativa en el Senado, según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
Estas son, a grandes rasgos, las razones de las organizaciones sindicales y sociales para salir a las calles del país:
– La reforma laboral busca recuperar derechos que fueron eliminados en las leyes 50 de 1990 y 789 de 2002.
– Es un pulso político que marcará el rumbo del país.
– La movilización social ha sido clave en los cambios políticos de Colombia.
Diana Vargas, secretaria de juventudes de la Confederación General del Trabajo (CGT), resalta la importancia de la reforma laboral respecto al enfoque de género.
La razón es que “reconoce las cargas de cuidado que tenemos las mujeres” y reclama que siempre “hemos tenido legisladores que van en contra de nuestros derechos laborales”.
Por su parte, la ex ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, expresa que “desde hace 32 años han hecho las políticas solamente con las élites y recortando y destruyendo los derechos de los trabajadores. Decimos que esa no es la línea de acción. Decimos que se trabaje, pero se pague lo debido por la jornada nocturna y los festivos”.
En medio de las convocatorias a las calles y el debate en el Senado, se conoció el concepto del Ministerio de Hacienda sobre el impacto fiscal de la iniciativa.
La conclusión del documento es “que los costos fiscales de la presente iniciativa, en la medida que se sujeten a las disponibilidades presupuestales de cada sector y entidad ejecutora cumplen con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003″, dice.
Aunque también deja ver algunos aspectos en los que falta claridad o cuya repercusión en las finanzas públicas dependerá de la reglamentación del proyecto, cuando sea ley.
El impacto fiscal más representativo es el que causaría la ampliación gradual de la licencia de paternidad de dos a cuatro semanas, que está consignado en el artículo 52.
La razón es que son las EPS las que deben cubrir el 100 % del salario del trabajador durante dicho periodo. Ellas se financiarían con recursos provenientes de la ADRES que, a su vez, se deberían cubrir con el Presupuesto General de la Nación.
Este punto lo reconoce la exministra Ramírez y sostiene que es “el único artículo que impacta las finanzas es el de la licencia de la paternidad y corresponde al 0,09 % del Producto Interno Bruto (PIB)”.
Por lo que se refirió al Senado al decir que “esta reforma laboral no afecta el Presupuesto porque es para el sector privado”.
“Empresas fuertes sí, pero sin precarización laboral. No se puede seguir generando empleo destruyendo los derechos de la gente”, finalizó Ramírez.
