Jueces rechazaron aplicar ley de impunidad en los casos Pativilca, Madre Mía, Mariella Barreto y otros

Las leyes no pueden borrar la historia. Luego de que el Congreso promulgó la polémica Ley de Impunidad 32107, se detectó que, en menos de siete meses, esta norma no se aplicó a ningún proceso judicial contra militares procesados y condenados por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, existen 47 personas que buscan acogerse a esta ley con el fin de que todas sus responsabilidades prescriban de manera definitiva.

Los casos emblemáticos en los que se rechazó aplicar esta norma y que ahora piden la prescripción en el delito de lesa humanidad figura el caso Pativilca, Madre Mía, Mariella Barreto, así como las masacres de Cayara y Chuschi, las desapariciones forzadas en Huallas, o el la desaparición forzada del periodista de La República Jaime Ayala Sulca y numerosos pobladores de Huanta.

Estas solicitudes al Poder Judicial provienen de personas que cometieron o estarían implicadas en violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violación sexual contra mujeres, cometidas durante el conflicto armado interno de 1980 al 2000.

Sin embargo, esta norma, impulsada por el fujimorismo (partido de Keiko Fujimori), busca que no se apliquen los delitos de lesa humanidad cometidos antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el Perú y de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad (2002).

Esta norma beneficiaba en su momento al exdictador Alberto Fujimori, quien fue condenado como autor mediato por el caso Barrios Altos, en el que se asesinó a vecinos durante una pollada, y por el caso La Cantuta, en el que se perpetró la masacre de un profesor y nueve estudiantes de dicha universidad.

Como medida de frenar esta arremetida del Congreso que solo busca impunidad, la Fiscalía y el Colegio de Abogados de Lima (CAL) presentaron por separado ante el Tribunal Constitucional (TC) demandas de inconstitucionalidad, debido a que se dificulta la labor del fiscal para poder investigar y acusar a los investigados. Por su parte, el TC admitió el pedido de la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, y el CAL, y se encuentran a la espera de fijar fecha para abordar la mencionada solicitud.

Jueces no aplicarán ley de impunidad del Congreso

En comunicación con La República, el abogado del Instituto Legal de Defensa (IDL), Carlos Rivera Paz, señaló que los jueces del Poder Judicial no aplicarían esta norma, debido a que se amparan en el derecho internacional que indica que los delitos de lesa humanidad no se prescriben con el pasar del tiempo.

“Creo que los jueces han marcado una línea muy clara en el sentido de decir: nosotros nos ampara el derecho internacional, nos ampara nuestra propia jurisprudencia, dictada durante 20 años en crímenes contra los derechos humanos, se sienten protegidos por un marco normativo del derecho nacional e internacional, por eso es que, en ningún caso, han tomado la decisión de ‘decirle que sí’ a los sentenciados por violaciones a los derechos humanos.”, declaró Carlos Rivera Paz.

Asimismo, Rivera Paz indicó que, en caso los sentenciados o procesados pidan que se aplique esta ley de impunidad o recurran al Tribunal Constitucional, tardaría mucho tiempo debido a que el caso pasaría por el Poder Judicial y culminaría en instancias internacionales.

Sin embargo, al ser consultado si la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Fiscalía y el Colegio de Abogados de Lima (CAL) fuera a prosperar, comentó: “Yo no me animaría a decir que el TC dirá que la ley es inconstitucional a pesar de las críticas que tiene, no termino de convencerme de que le va a dar la razón al Congreso”.

Por otro lado, el abogado señaló que la norma promulgada por el Congreso dificulta la labor del Ministerio Público para investigar y acusar a las personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, así como para que las familias de las víctimas puedan acceder a la justicia con el transcurso de los años. Además, agregó que la imagen del Perú a nivel internacional está “por la pata de los caballos” debido a su manejo de los derechos fundamentales en el sistema de justicia. En tanto, Rivera enfatizó que esta ley en contra de los derechos humanos compara al Perú con países como Nicaragua o Haití.

“Perú es el principal cliente en el sistema interamericano, el país con más sentencias en materia de guerra de violaciones a los derechos humanos. Muchas de las jurisprudencias de la Corte está relacionado con casos directamente peruanos: el caso Barrios Altos, La Cantuta, que son de los más emblemáticos. Por lo tanto, el nivel de desconsideración que se tiene ahora con el Sistema Interamericano, el estar en desacato, impacta de manera negativa porque está quitando elementos de protección al sistema judicial, que muchas veces no es de fácil acceso para las personas”, comentó.

Ley de impunidad: ¿cuáles son los casos en los que se pide aplicar esta ley?

De acuerdo con la información compartida por el abogado del Instituto Legal de Defensa (IDL), Carlos Rivera, se registró 47 pedidos para que se aplique esta ley que solo busca impunidad.

“Los jueces del Poder Judicial no han aplicado la ley 32107, de prescripción de crímenes de lesa humanidad, en ningún caso. El Congreso ofreció impunidad a militares violadores de DD. HH. y solo ha hecho el ridículo”, público en su cuenta oficial de X, Carlos Rivera.