Un joven presidente, carismático y desafiante, prometió en El Salvador enterrar para siempre a la vieja casta corrupta. Se presentó como el adalid de un nuevo orden, de una democracia limpia, moderna y sin pactos oscuros. Su discurso arrasó con el sistema político tradicional, y su figura se elevó como símbolo de renovación. Pero esa esperanza, que muchos abrazaron con fervor, ha ido mutando peligrosamente hacia el viejo libreto de siempre: el del poder absoluto.
Esta semana, la Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo aprobó una profunda reforma constitucional que abre la puerta a la reelección indefinida del presidente, eliminando de facto el principio de alternancia y debilitando gravemente el sistema de contrapesos. Bukele, el hombre que prometió un país distinto, ahora quiere quedarse para siempre.
La reforma, aprobada con 57 de 60 votos posibles, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años, elimina la segunda vuelta electoral, y adelanta el fin del mandato actual de Bukele para sincronizar todas las elecciones en 2027. Esto le permitiría volver a postular con ventaja total, en un escenario político completamente controlado.
La diputada oficialista Ana Figueroa defendió la medida como un acto de empoderamiento ciudadano. Pero no hubo debate público, ni consulta nacional, ni tiempo para deliberaciones serias. La oposición, reducida y amordazada, ha calificado esta maniobra como un «golpe constitucional» y un «funeral democrático».
El modelo del caudillo popular
Como en otros momentos oscuros de América Latina, Bukele se apoya en una popularidad altísima, cimentada en una política de mano dura contra las pandillas. El régimen de excepción vigente desde 2022, que ha llevado al arresto de más de 87.000 personas —incluyendo a miles de inocentes según organismos de derechos humanos—, ha sido celebrado por muchos ciudadanos hartos del terror cotidiano. En los barrios salvadoreños, el silencio de las balas ha sido comprado al precio del silencio de la democracia.
No es la primera vez que un líder popular usa el miedo como justificación para consolidar su poder. Alberto Fujimori en Perú, Hugo Chávez en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua… todos prometieron salvar a sus pueblos del caos, solo para arrastrarlos luego a formas de gobierno autoritario. El guion es conocido. Lo trágico es que sigue funcionando.
Bukele ha desmantelado la institucionalidad salvadoreña: ha tomado el control del Congreso, ha sustituido a los jueces de la Corte Suprema, ha perseguido a la prensa crítica, y ha tildado a los derechos humanos de «palabrería occidental». Ahora pretende eternizarse en el poder, amparado en su propio éxito.
¿Democracia funcional o dictadura popular?
Hay un punto crucial en el que toda sociedad debe preguntarse: ¿puede una democracia sobrevivir cuando el pueblo entrega voluntariamente su libertad a cambio de seguridad?
Bukele no necesita tanques en la calle ni censura abierta. Le basta con el aplauso masivo y la indiferencia internacional. Con sus reformas, ha puesto a El Salvador en el camino hacia un régimen autoritario, legitimado por las urnas pero carente de principios democráticos esenciales como la alternancia, la independencia de poderes y la libertad de prensa.
La comunidad internacional, los organismos de derechos humanos y la prensa libre deben alzar la voz ahora, antes de que el experimento salvadoreño se convierta en otro caso de autoritarismo consolidado. Porque cuando la democracia muere de a pocos, disfrazada de eficacia, lo que viene después es muy difícil de revertir.
