La Administración Trump ha aprobado un nuevo arancel del 25 % sobre una amplia gama de importaciones brasileñas, cuya entrada en vigor está prevista para el 22 de julio. La decisión se produce tras una investigación de varios meses en virtud del artículo 301, llevada a cabo por la Oficina del Representante de Comercio de EE. UU., que concluyó que Brasil mantiene varias prácticas comerciales consideradas perjudiciales para el comercio estadounidense. Al anunciar la medida, el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, argumentó que el Gobierno brasileño había fracasado repetidamente a la hora de colaborar de forma constructiva con Washington durante las negociaciones. Greer afirmó que Brasil aplicaba prácticas comerciales «irrazonables» y se negaba a negociar reformas estructurales «de buena fe», lo que llevó a la Administración a seguir adelante con los aranceles punitivos tras determinar que los esfuerzos diplomáticos no habían logrado concesiones significativas.
Según las conclusiones publicadas por la USTR, las quejas de la Administración van mucho más allá de las tradicionales disputas arancelarias. Una de las principales cuestiones se refiere a las restricciones de Brasil a las exportaciones estadounidenses de etanol, que, según los funcionarios estadounidenses, han limitado significativamente el acceso al mercado de los productores estadounidenses. El informe también acusa a Brasil de mantener políticas nacionales que protegen de forma desleal a las industrias locales, al tiempo que dificultan considerablemente que las empresas extranjeras compitan en uno de los mayores mercados de consumo del mundo. Además, la investigación incorpora de forma inusual las preocupaciones medioambientales a la política comercial, argumentando que la deforestación ilegal ha creado distorsiones comerciales que suponen una carga para las empresas y los productores estadounidenses. Los funcionarios de la Administración sostienen que estas prácticas combinadas justifican la adopción de medidas en virtud de la Sección 301, que permite a Estados Unidos imponer aranceles de represalia contra países de los que se determine que están incurriendo en prácticas comerciales desleales.
Aunque los nuevos aranceles representan una de las medidas comerciales más duras de la Administración contra Brasil en años, Washington excluyó deliberadamente varios sectores de importancia estratégica del arancel del 25 % en un esfuerzo por minimizar el impacto sobre los consumidores y fabricantes estadounidenses. La carne de vacuno brasileña y otros productos agrícolas importantes quedaron exentos para evitar ejercer una presión adicional sobre los precios de los alimentos en Estados Unidos, mientras que el café —una de las mayores exportaciones de Brasil al mercado estadounidense— también se libró de las sanciones. Las piezas de aeronaves recibieron una exención para proteger las cadenas de suministro aeroespaciales estadounidenses que dependen de la fabricación brasileña, y se concedieron exenciones adicionales para productos que no se producen en el país o que no pueden obtenerse fácilmente de proveedores alternativos. Las autoridades afirmaron que esas exenciones se diseñaron para maximizar la presión sobre Brasil, al tiempo que se limitaban las consecuencias inflacionistas para las empresas y los hogares estadounidenses.
El Gobierno de Brasil respondió con críticas inmediatas y contundentes; el presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó los nuevos aranceles de «infundados» y «absurdos». Las autoridades brasileñas argumentaron que la justificación de la Administración ignoraba la relación comercial más amplia entre ambos países, señalando que Estados Unidos disfruta actualmente de un superávit comercial estimado en 14 000 millones de dólares con Brasil. Lula sostuvo que imponer aranceles punitivos en esas circunstancias era económicamente contradictorio y tenía motivaciones políticas. Su Gobierno también anunció que tiene la intención de aplicar aranceles recíprocos a los productos estadounidenses que entren en Brasil si las medidas se mantienen. Dando a entender que Brasilia está dispuesta a diversificar sus mercados de exportación, Lula declaró: «Si no quieren comprarnos, venderemos a otros», haciendo referencia a la larga asociación comercial de Brasil con China y otros importantes socios comerciales internacionales.
El secretario de Estado Marco Rubio defendió la decisión del Gobierno en términos inusualmente directos, atribuyendo al presidente brasileño la responsabilidad personal del fracaso de las negociaciones. Rubio afirmó: «Que no haya ninguna confusión sobre el motivo: el presidente Lula y su Gobierno no han negociado con EE. UU. de buena fe». Y añadió: «Durante el último año, Lula ha antepuesto su propio ego a la consecución de un acuerdo en beneficio del pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio que hay que pagar por ello». Esas declaraciones reflejaban una estrategia más amplia de la Administración para presentar la disputa como el resultado de la falta de voluntad de Brasilia para llegar a un acuerdo, más que como una escalada unilateral por parte de Washington. Los responsables han sostenido que los aranceles tienen por objeto fomentar reformas estructurales, al tiempo que protegen a las industrias estadounidenses de lo que describen como prácticas comerciales desleales persistentes.
La disputa se desarrolla también en el contexto de un clima político cada vez más polarizado en Brasil, en vísperas de las elecciones generales del país previstas para el 4 de octubre. Lula, que ahora tiene 80 años, aspira a un cuarto mandato sin precedentes en representación del Partido de los Trabajadores, mientras que el senador Flávio Bolsonaro —el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro— se ha convertido en el candidato presidencial del Partido Liberal después de que a su padre se le inhabilitara para ejercer cargos públicos y fuera condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado. Donald Trump ha defendido en repetidas ocasiones al expresidente brasileño, declarando a los periodistas: «Creo que fue un buen presidente de Brasil, y me sorprende mucho que haya podido ocurrir algo así; es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo». Posteriormente, intensificó sus críticas en Truth Social, donde escribió que Jair Bolsonaro no era culpable de nada, salvo de «haber luchado por EL PUEBLO», y pidió a las autoridades brasileñas que «¡DEJEN EN PAZ A BOLSONARO!». El momento en que se ha anunciado la imposición de aranceles ha añadido, por tanto, otra dimensión geopolítica a una campaña electoral ya de por sí tensa, entrelazando la política comercial con una de las contiendas políticas más trascendentales de América Latina.
