Cuando el dinero de todos termina financiando gastos que nada tienen que ver con formar mejores políticos
Hay noticias que deberían provocar algo más que una discusión partidaria.
La sanción impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a Renovación Popular, por el uso de recursos del financiamiento público directo en gastos que el organismo consideró ajenos a los fines permitidos por la legislación, debería llevarnos a una pregunta mucho más importante:
¿Para qué le entrega el Estado dinero a los partidos políticos?
Según la información publicada, ONPE impuso a Renovación Popular una multa de 36 UIT, equivalente a S/198.000, además de una reducción del 60% del financiamiento público directo en la asignación semestral correspondiente, por gastos que, según la resolución citada por La República, no se ajustaban a los fines establecidos por la Ley de Organizaciones Políticas. Entre los gastos observados figuran alimentos, hospedajes, transporte aéreo, análisis de redes sociales e indumentaria.
No estamos hablando, por tanto, de dinero privado de un empresario, de una donación de un militante o de los ingresos obtenidos por una actividad partidaria.
Estamos hablando de recursos públicos.
Y esa diferencia lo cambia todo.
El dinero público tiene una finalidad
La legislación peruana no entrega dinero a los partidos políticos para que hagan con él lo que quieran.
El artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas establece que el financiamiento público directo se destina, entre otros fines, a actividades de formación, capacitación, investigación y difusión, así como a gastos de funcionamiento ordinario y adquisición de bienes necesarios para las actividades partidarias.
El propio reglamento de ONPE precisa qué debe entenderse por formación y capacitación. La formación comprende, entre otras cosas, el conocimiento de los idearios, principios y valores de la organización, así como la preparación política de sus afiliados. La capacitación busca contribuir a la educación y participación política y formar ciudadanos capaces de asumir funciones públicas.
Es decir, el objetivo no es simplemente mantener funcionando una maquinaria partidaria.
La idea es contribuir a construir organizaciones políticas capaces de producir dirigentes, cuadros técnicos, propuestas, investigación, debate y conocimiento sobre los problemas nacionales.
En otras palabras:
el Estado no debería financiar partidos simplemente para que existan.
Debería financiarlos para que puedan contribuir al funcionamiento de la democracia.
Entonces, ¿qué estamos financiando?
Esta es la pregunta incómoda.
Si un partido recibe dinero público y termina destinando recursos a conceptos que la autoridad electoral considera ajenos a los fines permitidos, habría que preguntarse qué está fallando.
¿El problema está en las reglas?
¿En quienes administran los recursos?
¿En los controles internos?
¿En la interpretación que hacen los partidos sobre lo que significa funcionamiento partidario?
¿O en una cultura política que todavía no termina de comprender que el dinero público no pertenece al partido que lo recibe?
Porque ese dinero sigue siendo de todos.
Es dinero que proviene del presupuesto público.
Y, por tanto, cada sol utilizado tiene que poder responder a una pregunta elemental:
¿Qué beneficio produce para la organización política y para el fortalecimiento de la democracia?
¿Capacitación o gastos secundarios?
Un partido político debería poder explicar cuánto dinero utiliza para formar nuevos dirigentes.
Cuánto destina a preparar a sus militantes.
Cuánto invierte en estudiar la realidad económica y social del país.
Cuánto destina a elaborar propuestas.
Cuánto invierte en investigación.
Cuánto dedica a preparar técnicamente a quienes eventualmente ocuparán cargos públicos.
Cuánto utiliza para construir programas de gobierno.
Cuánto dedica a enseñar a sus afiliados qué significa democracia, Estado de derecho, separación de poderes, respeto al adversario y responsabilidad pública.
Eso sí parece responder a la finalidad para la cual existe el financiamiento público.
Porque un país no mejora simplemente porque tenga más partidos.
Mejora cuando sus partidos tienen mejores dirigentes y mejores propuestas.
El problema no es solamente Renovación Popular
Aquí conviene hacer una precisión.
La discusión no debería convertirse en una persecución contra Renovación Popular.
Si ONPE ha sancionado a esta organización, corresponde que la organización ejerza los recursos administrativos que considere pertinentes y que las autoridades resuelvan conforme a derecho.
De hecho, las resoluciones sancionadoras pueden ser impugnadas ante el Jurado Nacional de Elecciones dentro del plazo correspondiente, según el marco normativo aplicable.
Pero el problema de fondo es mucho más amplio.
Porque no sería saludable para la democracia que la preocupación por el uso de los recursos públicos apareciera solamente cuando una organización política determinada es sancionada.
El control debe aplicarse a todos.
Oficialistas y opositores.
Partidos grandes y pequeños.
Partidos tradicionales y nuevos.
Organizaciones de izquierda, centro o derecha.
Todos reciben recursos bajo las mismas reglas.
Y todos deberían estar sometidos al mismo nivel de fiscalización.
Cuando el control existe, aparecen los problemas
Hay algo particularmente llamativo en este caso.
La ONPE tiene mecanismos de supervisión y control del financiamiento público directo. Su portal de Claridad publica información sobre financiamiento y gastos, aunque advierte que los datos están en proceso de carga continua y que la información declarada por las organizaciones es sometida a verificación.
Es decir, existe un mecanismo institucional de control.
Pero entonces aparece una pregunta todavía más incómoda:
Si en un escenario fiscalizado aparecen gastos cuestionables, ¿qué ocurriría allí donde el control sea mucho más débil?
No corresponde afirmar que en otros espacios exista necesariamente un uso irregular de recursos sin pruebas.
Pero sí corresponde exigir que el mismo estándar de transparencia y control se aplique en todas partes.
Porque una democracia seria no puede depender de que un organismo fiscalizador descubra ocasionalmente los problemas.
Debe existir una cultura interna de prevención.
¿Qué hacen los partidos con el dinero?
Sería interesante que cada organización política publique, de manera sencilla y comprensible para cualquier ciudadano:
1. Cuánto recibe del Estado.
2. Cuánto gasta en formación.
3. Cuánto gasta en capacitación.
4. Cuánto invierte en investigación.
5. Cuánto destina a funcionamiento ordinario.
6. Qué estudios y proyectos produce.
7. Cuántos dirigentes y militantes capacita.
8. Qué resultados concretos obtiene con ese dinero.
Porque rendir cuentas no debería consistir solamente en presentar documentos contables.
También debería significar explicar qué se consiguió con los recursos recibidos.
¿Dónde están los nuevos líderes?
Esta es quizás la pregunta más importante.
El Perú lleva décadas hablando de la crisis de los partidos políticos.
Todos hablan de la necesidad de renovar la política.
Todos hablan de nuevos liderazgos.
Todos hablan de preparar mejores autoridades.
Pero, ¿cuánto dinero público se está utilizando realmente para conseguirlo?
¿Dónde están las escuelas de formación política?
¿Dónde están los institutos de investigación de los partidos?
¿Dónde están los programas permanentes para preparar futuros alcaldes, gobernadores, parlamentarios y ministros?
¿Dónde están los estudios serios sobre seguridad ciudadana, economía, salud, educación, infraestructura, descentralización y desarrollo productivo?
¿Dónde están los equipos que deberían estudiar durante años los problemas del país antes de que sus dirigentes lleguen al Gobierno?
Ese debería ser el verdadero destino estratégico de una parte importante de estos recursos.
Un partido no debería ser una maquinaria electoral
Quizá aquí está uno de los grandes problemas de la política peruana.
Muchos partidos parecen despertar cuando llega una elección.
Aparecen candidatos.
Aparecen propagandas.
Aparecen equipos de campaña.
Aparecen consultores.
Aparecen redes sociales.
Aparecen slogans.
Pero después de la elección, muchas veces desaparece la estructura política.
Y así llegamos nuevamente al siguiente proceso electoral sin haber aprendido demasiado del anterior.
El financiamiento público debería contribuir precisamente a romper ese círculo.
Un partido político debería existir también cuando no hay elecciones.
Debería estudiar.
Capacitar.
Formar.
Investigar.
Debatir.
Preparar dirigentes.
Elaborar propuestas.
Evaluar a sus propios representantes.
Y corregir sus errores.
Si no hace eso, ¿qué sentido tiene financiarlo con recursos públicos?
El dinero público exige una responsabilidad pública
La ONPE ha señalado que el financiamiento público directo es una subvención proveniente del Estado destinada a las organizaciones políticas y vinculada a una finalidad pública.
Por eso, cuando se utiliza incorrectamente, el problema no es solamente contable.
Tiene una dimensión política.
Porque cada sol mal utilizado es un sol que deja de cumplir la finalidad para la cual la sociedad decidió financiar a los partidos.
Y esa finalidad debería ser fortalecer la democracia.
No financiar privilegios.
No financiar caprichos.
No financiar actividades que no tengan relación con el objeto legal del financiamiento.
No financiar aquello que una organización política no podría justificar transparentemente ante sus propios militantes y ante la ciudadanía.
¿Y qué pasa cuando llegue el control a otros niveles?
Aquí debemos ser especialmente cuidadosos.
No se puede afirmar que exista corrupción o uso indebido simplemente porque el control sea débil.
Pero sí podemos hacernos una pregunta legítima:
¿Qué mecanismos existen para garantizar que donde el control institucional es menor, el dinero público siga siendo utilizado correctamente?
Porque si una organización política puede tener dificultades para administrar correctamente recursos en un escenario sometido a fiscalización, el desafío de transparencia resulta todavía mayor cuando los controles son menos intensos.
Y eso debería preocuparnos a todos.
No por un partido.
Por todos los partidos.
El ciudadano también tiene derecho a preguntar
Durante las campañas electorales, los partidos piden el voto de los ciudadanos.
Pero cuando reciben dinero público, adquieren además otra obligación:
rendir cuentas a esos mismos ciudadanos.
El elector debería poder preguntar:
¿Cuánto dinero público recibió su partido?
¿En qué lo gastó?
¿Cuánto destinó a formar nuevos dirigentes?
¿Cuánto invirtió en estudiar los problemas del país?
¿Qué investigaciones produjo?
¿Qué capacitación realizó?
¿Cuántas personas fueron beneficiadas?
¿Qué resultados obtuvo?
Son preguntas sencillas.
Pero pueden cambiar la forma en que entendemos el financiamiento público de la política.
No se trata de quitarles recursos a los partidos
También sería un error plantear que la solución consiste simplemente en eliminar el financiamiento público.
La existencia de financiamiento estatal para los partidos puede tener una justificación democrática: reducir la dependencia de grandes aportantes privados y contribuir a que las organizaciones políticas tengan condiciones mínimas para funcionar.
La propia ONPE explica que el financiamiento público directo busca contribuir al funcionamiento de las organizaciones políticas y tiene una finalidad pública.
El problema, entonces, no es necesariamente financiar.
El problema es cómo se utiliza lo financiado.
Porque un partido que recibe dinero público y lo invierte en formar ciudadanos y dirigentes puede estar fortaleciendo la democracia.
Pero un partido que utiliza esos recursos en actividades que no corresponden a los fines establecidos puede estar haciendo exactamente lo contrario.
La sanción debería ser una llamada de atención
La multa a Renovación Popular debería servir para algo más que llenar páginas de los diarios.
Debería servir como una señal.
A los partidos:
El dinero público no es dinero propio.
A los responsables de las finanzas partidarias:
cada gasto debe poder justificarse.
A la ONPE:
el control debe ser permanente, transparente y aplicado a todos.
Al Congreso:
las reglas deben ser suficientemente claras para evitar zonas grises.
Y a los ciudadanos:
hay que mirar también cómo se financia la política, no solamente quién gana una elección.
Porque la democracia no termina el día que depositamos el voto.
También se construye con organizaciones políticas responsables, transparentes y capaces de formar a quienes algún día tendrán que gobernarnos.
Finalmente, una pregunta que no podemos dejar pasar
Si el Estado entrega dinero público a los partidos para fortalecer la democracia, ¿por qué seguimos viendo que una parte de la discusión se concentra en alimentos, hospedajes, vuelos, indumentaria, análisis de redes y otros gastos cuestionados, mientras seguimos reclamando la ausencia de cuadros políticos preparados, investigación seria y propuestas técnicamente elaboradas?
Algo no está funcionando.
Y no se trata solamente de Renovación Popular.
Se trata de una cultura política que tenemos que cambiar.
Porque el financiamiento público no debería producir partidos más cómodos.
Debería producir partidos más preparados.
No debería producir más propaganda.
Debería producir más ideas.
No debería servir para alimentar estructuras electorales.
Debería ayudar a formar ciudadanos y dirigentes capaces de gobernar.
Y, sobre todo, no debería convertirse en una bolsa de dinero cuyo destino se descubre solamente cuando llega una resolución sancionadora.
El ciudadano tiene derecho a saber.
La ONPE tiene la obligación de fiscalizar.
Los partidos tienen la obligación de rendir cuentas.
Y quienes administran dinero público deberían recordar siempre una regla elemental:
el dinero puede estar depositado en la cuenta del partido, pero sigue siendo dinero de todos los peruanos.
Y cuando se administra dinero de todos, la pregunta nunca debería ser solamente «¿se puede gastar?»
La pregunta verdaderamente importante es:
«¿Para qué se gastó y qué recibió a cambio la democracia peruana?»
Ahí empieza la verdadera rendición de cuentas.
