Cero impunidad en delitos de Flagrancia, un loable objetivo en manos del Poder Judicial, Ministerio Público y el Ministerio del Interior.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, instó a los integrantes de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal a trabajar juntos para crear la Unidad de Flagrancia de Lima Centro.
“Todas las instituciones del sistema de justicia tenemos que trabajar coordinadamente constituyendo un bloque unido. El Minjusdh colaborará en todo lo necesario. Este programa debe funcionar lo antes posible, lo que depende de nuestra voluntad y acciones”, refirió el ministro.
También anotó que “el objetivo de la unidad es que en un solo ambiente se encuentren la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Minjusdh, para que los casos de flagrancia se resuelvan rápidamente y no dar una sensación de impunidad”.
Así, las cuatro entidades involucradas trabajarán en un solo edificio de modo tal que la persona hallada en flagrancia ingrese a la unidad y salga solo cuando su caso sea resuelto. Además, funcionará las 24 horas, los 365 días, ello debido a que muchos casos de delitos de flagrancia ocurren de madrugada.
Asimismo, se aprobó la propuesta del Minjusdh de que la implementación de la Unidad de Flagrancia de Lima Centro sea liderada por la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, en virtud de la experiencia del Poder Judicial en la implementación y administración de locales de justicia interinstitucionales.
Por último, el titular de la cartera refirió que la implementación de la unidad es una tarea que redundará en beneficio del sistema de justicia, pues dichos entes permitirán resolver delitos comunes de manera célere, en plazos cortos y a través del proceso inmediato.
Participaron en la reunión celebrada de manera virtual el viceministro de Justicia, Gilmar Andía; la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios; el secretario técnico de Implementación del Código Procesal Penal del Ministerio Público, Víctor Cubas; el director general contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior, Eduardo Vergaray; y el viceministro de Hacienda, Gustavo Guerra-García.