La criptomoneda acusa las perspectivas de subidas de tipos en EE UU y posibles prohibiciones en Rusia
El invierno del bitcoin está dejando los ánimos de los inversores bajo cero. La criptomoneda empezó noviembre tocando unos máximos históricos cercanos a 70.000 dólares, y termina enero con su precio a la mitad, lastrado por la mayor aversión al riesgo derivada de las próximas subidas de tipos de interés en Estados Unidos y, sobre todo, por los anuncios de nuevas restricciones al minado en Rusia, uno de los epicentros de esta actividad, imprescindible para mantener a flote el precio de la divisa digital.
La penosa evolución de su cotización, muy por debajo del comportamiento de las Bolsas en estos últimos tres meses, está derribando algunos de los mitos que propagaron sus valedores: el bitcoin no está siendo un activo refugio frente a la alta inflación, ni su capacidad de resistir a las turbulencias se parece a la que cabría esperar de un nuevo oro digital, como se le ha llegado a denominar.
Las correcciones en los parqués ante el aumento de la tensión en Ucrania tampoco ayudan. “Cuando la sensación general en los mercados es negativa, lo primero que se suele vender son los activos de más riesgo, y bitcoin todavía sigue siendo un activo de riesgo”, afirma Jorge Soriano, consejero delegado de la plataforma de compraventa de criptomonedas Criptan. Raúl Marcos, CEO de carbono.com, coincide en achacarlo a un estado de ánimo negativo entre los inversores. “Últimamente se ve una correlación más alta con los mercados tradicionales. Cuantos más inversores institucionales hay, más sigue un mercado al otro. Esperaba turbulencias, pero no tan pronunciadas. El de las criptomonedas es un mercado muy emocional, los movimientos se magnifican tanto para arriba como para abajo”.
Detrás del desplome hay varias razones. Cada nueva pista de una aceleración en el calendario de subidas de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense ha sido recibida con caídas, igual que le está sucediendo a las Bolsas. Y la semana pasada el banco central ruso propuso prohibir las transacciones y el minado de bitcoins, así como vetar la actividad de los exchanges e impedir a las instituciones financieras operar con criptomonedas. Considera que son una amenaza para su soberanía monetaria y la estabilidad financiera del país y de sus ciudadanos debido a su potencial para generar burbujas, y le preocupan sus efectos medioambientales adversos —el minado gasta una ingente cantidad de energía—. Quedaría libre del veto, en cambio, la posesión de criptomonedas.
Una decisión así por parte de Rusia no sería inocua. Es el tercer país donde se lleva a cabo más minado, solo por detrás de EE UU y Kazajistán. Y en este último país las noticias tampoco son positivas: las protestas por el encarecimiento del combustible en este enorme Estado de Asia Central culminaron con el corte total de internet para evitar que los manifestantes pudieran transmitir la violenta represión desatada desde el Gobierno, lo que dejó a los mineros sin conexión, y, por tanto, sin apenas opciones de continuar su labor en una nación que hasta ahora era considerada un santuario para las criptomonedas por el bajo precio de la energía.
La presión regulatoria está arrinconando cada vez más al bitcoin. En mayo, China vetó las transacciones con criptomonedas, y declaró ilegales el minado e incluso la publicidad de esas divisas. Kazajistán, por su cercanía geográfica, ocupó entonces buena parte del vacío que dejaron las restricciones de Pekín, pero la convulsa situación política interna está haciéndole perder atractivo, y Nayub Bukele, presidente de El Salvador —la primera nación del mundo en incorporar una criptodivisa como moneda legal— ya fantasea con la idea de tomar su lugar y convertir a su país en el gran laboratorio mundial de las criptomonedas.
En España, las últimas medidas se circunscriben al ámbito de las campañas de difusión: la CNMV podrá vetar la publicidad masiva sobre criptomonedas, y obligará a que todas las comunicaciones comerciales incluyan este mensaje de advertencia en un lugar visible: “La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido”.
Con el precio rondando los 33.000 dólares frente a los 69.000 que llegó a tocar, las imágenes de osos —el animal que en los mercados representa una tendencia bajista— pueblan los foros y grupos de WhatsApp de los pequeños inversores, que se debaten entre venderlo todo en medio de la tormenta o mantener su cartera a la espera de tiempos mejores. Los optimistas tiran de historia para encontrar precedentes a los que aferrarse. Entre abril y julio del año pasado el bitcoin también perdió la mitad de su valor en solo tres meses, y acabó recuperándose. Pero nadie sabe dónde estará el suelo en esta ocasión, ni tampoco existe ninguna certidumbre de que el patrón vaya a repetirse.
El ecosistema cripto va mucho más allá del bitcoin. Las cotizaciones de casi 20.000 monedas digitales se mueven cada día en un mercado que vale 1,5 billones de dólares —el bitcoin representa el 42%, aproximadamente—, el equivalente a la capitalización de Amazon. Aunque algunas de ellas han conseguido escapar de las turbulencias, las caídas están siendo generalizadas. Ethereum, la segunda más importante, también se ha dejado más de un 50% de su valor. Y según datos de CoinMarketCap, solo cinco de las mayores 200 no están en números rojos en el acumulado de los últimos siete días.
Los inversores institucionales, que se han ido sumando progresivamente a la fiebre por el bitcoin, también se están viendo penalizados: la firma de software estadounidense MicroStrategy, una de las que más ha apostado por el bitcoin, pierde un 38% de su valor en Bolsa en el último mes. El fabricante de automóvles eléctricos Tesla, que dedicó parte de su efectivo sobrante a comprar bitcoins, e incluso coquetea con la idea de aceptarlo como medio de pago para adquirir sus vehículos, tampoco ha escapado a esa tendencia, aunque en su caso la exposición no es tan grande respecto a su tamaño: la compañía de Elon Musk invirtió 1.250 millones de euros.
