Esta semana la Comisión de Energía y Minas retomará la discusión acerca de la conveniencia de extender contratos petroleros a los actuales licenciatarios.
De acuerdo con el Proyecto de Ley 804/2021-CR, presentado el 19 de noviembre por Carlos Alva, presidente de la comisión, se propone homologar los contratos de petróleo y gas.
Así los contratos petroleros que hoy son de 30 años pasarán a extenderse hasta 40 años, es decir, 10 años adicionales. Si bien este cambio rige para los nuevos contratos, el documento contiene una disposición única que permite acogerse a los actuales operadores de lotes.
La iniciativa, en su primera disposición complementaria, es clara en reconocer que beneficiará de forma directa a 8 contratos, 7 de ellos ubicados en Piura, cuyos contratos expiran en los próximos años.
Estos contratos vencen entre mayo del 2023 y mayo del 2028 y se trata de las operaciones en el Lote V (Unna), VII/VI (Sapet), Z-2B (Savia), X (CNPC), II (Petromont) y XV (Petromont). El Lote I venció su contrato en diciembre del 2021 y fue adjudicado a Petroperú.
Justamente es la participación de la petrolera estatal en esos contratos aquello que cambió desde la propuesta inicial de la comisión, hasta el último texto que estuvo a punto de ser aprobado hace dos semanas.
Y es que el proyecto de ley inicial en la Segunda Disposición Complementaria Final señala que se le dará la prórroga a los contratistas si le ofrecen a Petroperú el 25%.
Luego, cuando se elabora un primer predictamen, se señala que luego de suscrito el nuevo contrato el contratista deberá -dentro de los cinco días hábiles siguientes- proponer a Petroperú su incorporación en el contrato como socio partícipe, según los porcentajes de participación que acuerden.
Sin embargo, en el segundo predictamen ya no se menciona a la empresa estatal y tampoco se explican las razones acerca de por qué ya no es conveniente su participación.
Sospechosa omisión
Para el expresidente de Petroperú Humberto Campodónico, no se entiende por qué se ha excluido a Petroperú en el último predictamen, más aún si en los considerandos del dictamen se establece claramente que la refinería de Talara, propiedad de la estatal, va a necesitar ese petróleo.
”Con esta exclusión, de manera consciente o inconsciente lo que se está diciendo es que no se quiere una empresa estatal fuerte.
El presidente de la comisión tendría que explicar a los demás congresistas ya la nación el por qué de ese cambio. Pareciera que la presión de los lobbiesha surtido efecto”, cuestionó el experto
La congresista Francis Paredes Castro, miembro titular de la comisión, comentó a un diario local que la iniciativa aún no prospera por contener vacíos legales y se solicitará, en la sesión de esta semana, la inclusión de Petroperú.
”No se ha considerado (a Petroperú) en ese proceso y estamos esperando que se pueda corregir. Apuntamos a que el país debe recuperar nuestra soberanía y por qué no invertir en nuestras empresas nacionales”, subrayó la legisladora de Perú Libre.
Es importante anotar que en esta comisión 5 de sus miembros titulares forman parte de la bancada de gobierno. En ese sentido, desde el inicio de su mandato, Pedro Castillo ha manifestado la decisión política de fortalecer a Petroperú en todos los eslabones de la cadena, incluido la explotación.
